A lo largo de los últimos días, familiares de los alumnos que tomaron los colegios secundarios porteños en reclamo de mejores condiciones recibieron intimidaciones por parte del Gobierno de la Ciudad a través de cartas documento en la que se les reclamaba a los padres la suma de 1 millón 142 mil pesos, “por daños y perjuicios causado al erario público correspondientes al pago de salarios de personal por cada día sin clases debido a la toma de la escuela”.
El documento aclara que el monto a pagar es por cada día que el establecimiento educativo no tuvo clases como consecuencia del reclamo estudiantil.
Al respecto, el director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales, explicó que el Ejecutivo porteño utilizó "una herramienta del sistema penal, que es el sistema contravencional, donde operan todas las garantías, pero con las capacidades que tiene el Estado para imputarle un hecho a una persona".
Y agregó: "Son cartas documento con muy poca información y en las que se acusa a los padres de daños y perjuicios que habrían cometido sus hijos en el contexto de la toma, y los daños son los causados supuestamente al patrimonio presupuestario de la Ciudad".
Por esta razón, Morales aseguró que "esto tiene una consecuencia clara, que es inhibir la protesta".
Por otra parte, el integrante del CELS afirmó que una posible medida a tomar en respuesta a la llegada de estos documentos es "no contestar", tal como lo plantea la Defensoría General porteña, y la otra es "negar" lo que en ellas se plantea y "la legalidad de las mismas".
Por último, remarcó que el gobierno porteño ya ha "amenazado" en ocasiones anteriores con denuncias de daños y perjuicios a organizaciones sociales, con lo cual se infiere que "la asociación que hace el Gobierno de la Ciudad entre protesta y la posibilidad de anular esa protesta a través de reclamos patrimoniales es una práctica a la que ya nos tiene acostumbrados", remarcó.
