El Gobierno porteño comenzó este lunes, tras una semana de intensas protestas en los colegios de la Ciudad, a mantener tímidas reuniones con los estudiantes. Lo hace con encuentros individuales, de a una escuela a la vez, desoyendo el pedido de una mesa amplia con todas las instituciones en conflicto. Y con un condimento adicional: únicamente se convoca a dos alumnos de secundarias que hayan levantado la toma.
Para la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, estos encuentros “no son un gran avance”. Recordó por AM750 que la semana pasada se convocó a una mesa de diálogo, mediada por su propia institución, con los estudiantes, pero que desde el Ministerio de Educación no asistieron. Ahora destaca, al menos, que fueron llamados para presenciar los encuentros.
“La ministra nos convocó a sus mesas de diálogo, que son individuales y están armadas por cada colegio. Van dos representantes de los colegios que hayan dejado la medida de la toma. Nosotros fuimos. Participamos de dos mesas, hoy continúan. Los atiende un funcionario del ministerio. Les pregunta cuáles son los reclamos y se ha labrado un acta puntualizando los reclamos y en otros casos un acta formal que dice que hubo una reunión. No es un gran avance”, comentó Muiños.
“El Gobierno va a tener que dar una respuesta. Ya sea individual o de conjunto. Va a tener que decir qué hizo con las actas que labraron. Los chicos se están preparando. Ayer salieron en algunos medios. Levantaron las medidas de fuerza para poder tener estas reuniones. Hoy van a marchar en reclamo de que se los escuche y están pensando cómo van a continuar las medidas de fuerza en caso de que las situaciones más graves no se reviertan”, añadió sobre este punto.
Las denuncias y amenazas
Por otro lado, la defensora oficial habló sobre las denuncias penales a los padres de los estudiantes y las amenazas de dejar a los alumnos libres en todas las materias si no recuperan las clases “perdidas”. Aseguró que esta decisión no los sorprendió, sino que era algo que esperaban.
“Cuando empezó la toma, empezamos a reunirnos con otras instituciones para pensar estrategias frente a algo que sabíamos que iba a suceder. Llegaron las notificaciones con anuncios de inicios de una causa penal. La contravención del artículo 60. Ahora fueron un paso más allá con las cartas documentos que están recibiendo los padres pidiendo un millón de pesos por salarios caídos”, comentó Muiños.
Pero matizó la actitud de Acuña y aseguró que esto “ya había pasado” e insistió con que “no tiene asidero legal''. “En el 2018 todas las causas contra los padres fueron archivadas”, comentó y puso paño frío.
