La voluntad en los tribunales de Comodoro Py para investigar los negocios del macrismo con empresas amigas estará a prueba a partir de una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción, que le adjudica a la exministra y jefa del PRO, Patricia Bullrich, el direccionamiento de la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016 a una firma a la que se le pagó 35 millones de dólares, que eran 5 millones de dólares más que lo que ofrecían sus competidoras en la licitación, y a la que el Estado le terminó abonando también el impuesto a las ganancias (entre otros) por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. La denuncia por estafa, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos no sólo está dirigida contra Bullrich, sino que también abarca al exsecretario de Seguridad Interior y actual diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman y al exsecretario de coordinación de la cartera Alberto Föhrig y al exjefe de gabinete, Marcos Peña.

"El monto finalmente pactado" con el consorcio Israel Aerospace Industries-Rafael SA "ascendió a USD 35.000.000, el que resultaba muy superior a los USD 28.901.000 ofertados originariamente, y superaba en USD 5.049.445 la propuesta de su competidora Aeronautics Ltd", dice la denuncia de la OA, que dirige Félix Crous. La adquisición consistía básicamente en unas torres con cámaras y otras con sistemas de comunicación para captar llamadas. En un caso incluso las torres no funcionaban en Argentina porque estaban pensadas para territorio israelí y tuvieron que elevarlas. Fueron presentadas como sistemas integrales de seguridad para los pasos fronterizos de Foz de Iguazú, La Quiaca - Villazón, Aguas Blancas - Bermejo y Salvador Mazza.

"El 30/12/16 Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros, suscribió la Decisión Administrativa que aprobó la contratación de IAI-ELTA/Rafael Ltd, y el gasto de USD 35.000.000, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich la refrendó, con el agravante de que dicho monto quintuplicaba el precio estimado por el Subdirector de Fronteras y Seguridad Regional de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ramón Oscar Rendón, y que jamás respondió a una oferta concreta de las empresas ganadoras, de modo que se desconoce cómo y por qué se llegó a él", dice el texto que ahora deberá investigar el juez federal Julián Ercolini.

Express y a medida

El representante de IAI Ltd, Barr Eitamar, comenzó a tener reuniones con las autoridades argentinas en marzo de 2016. Tuvo al menos tres en tres meses y a los cinco la exministra Bullrich ya tenía resuelta la adjudicación "en un procedimiento que exhibe irregularidades", afirma la OA. Eitamar también representaba a Automation System S.A. El dato es relevante porque esta última fue beneficiada con nueve licitaciones, tres de las cuales fueron directas, según el organismo. Le compraron material para ser utilizado en el contexto de la cumbre del G-20 (como contenedores de explosivos), que se haría entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018, pero que fue entregado cinco meses después.

La OA advierte que las reuniones con el representante no quedaron registradas en el expediente de la licitación, se emitieron "memorándums sin fecha", no aparece justificación del aumento en la oferta de la propia empresa que empezó en 28,9 millones de dólares y luego pasó a 35 millones, tampoco el gobierno fundamentó la elección y se firmaron convenios que fueron traducidos con posterioridad. La denuncia llama la atención sobre otro asunto que es que la descripción de la oferta de IAI-ELTA/Rafael Ltd es idéntica a las especificaciones y características cualitativas que habían elevado Prefectura y Gendarmería el 4 de noviembre al secretario de coordinación, Föhrig, por Prefectura y Gendarmería, "lo que denota que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se habría estructurado las características del requerimiento a la medida de los intereses de dicho consorcio de empresas".

En la OA le tomaron declaración testimonial al prefecto Daniel Marcelo Miyahira, quien fijó especificaciones técnicas y contó que cuando ejercía funciones en el Departamento de Apoyo tecnológico recibieron una "solicitud urgente de la superioridad en noviembre de 2016" para "agregar al equipo del Comandante Romero de la Gendarmería Nacional Argentina en el diseño específico de un sistema de vigilancia fronteriza", sin precisiones "de las zonas particulares del país donde se instalaría, y que entreguen en el plazo de 48 horas el informe detallando el proyecto". "La urgencia alegada por la superioridad para un diseño de alta complejidad como el requerido, claramente respondía a un pedido de las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que desde ya arrojaba indicios no sólo respecto del direccionamiento de la compra, sino de que el principal objetivo de los funcionarios del Ministerio de Seguridad no fue adquirir herramientas para desarrollar un sistema de seguridad fronterizo, sino el montaje de una maniobra espuria para contratar a un determinado proveedor", denuncia la OA.

Adendas y pagos extra

Dos años después de la firma del convenio parece que Bullrich y equipo se toparon con algunos inconvenientes para instalar las torres y artefactos que compraron porque no habían estudiado el terreno donde serían ubicados, que estaban diseñados para la defensa militar de Israel, su país de origen. Como por norma no podían modificar el convenio ni el monto, pero debían hacer modificaciones, redujeron de trece a once las torres de vigilancia, les eliminaron los paneles solares para producir energía, pasaron de dos a una las torres de comunicación, tuvieron que duplicar la altura de algunas torres y desechar kits de vigilancia portátil. Lo mismo pasó con los drones (tuvieron que alargar cables y mejorar cámaras).

Llegó un punto en que seguían complicaciones y faltaban tantas cosas que aumentaban los costos que propusieron usar "medios administrativos alternativos" ya que a través de Seguridad no podían pagar ni un peso más. Empezaron a aparecer capacitaciones y otros gastos inexistentes. Hasta terminan pagando impuestos de la empresa que recibía los pagos, Issatec Technologies S.A., también de Eitamar. El argumento es que había un convenio según el cual como la firma en cuestión giraba el dinero al exterior la carga impositiva era menor. Pero resulta que no había giros al exterior y que la empresa era local. El pago sí hizo a través del Ente Cooperador ACARA con fondos del Estado.

"En función de lo expuesto, entiendo que el pago de los impuestos abonados con fondos públicos que en realidad debía haber solventado Issatec Technologies S.A. con su patrimonio, y que ascendieron a la suma de USD 680.928,675, responde a una nueva conducta de Milman y Föhrig para favorecer los intereses de dicha empresa en desmedro de los del Fisco", dice la denuncia. "La formalización de los pagos descriptos a la firma Issatec Technologies S.A, con fondos del Ente Cooperador ACARA no habría sido inocente ni aleatoria, sino por el contrario resultaría una maniobra premeditada tendiente a eludir tanto la prohibición al Ministerio de Seguridad de la Nación de elevar el costo general del proyecto (...) como a evitar la aplicación del Decreto N° 1023/01 que hubiera impedido concretar la contratación en la forma espuria en que se consumó y mucho menos solventar las cargas impositivas de modo indebido".

Sorteo y difusión

En Comodoro Py cuando entra una denuncia en primera instancia, el expediente es sorteado por la Cámara Federal y se publicita a través del Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema. Ahí aparecen la fecha, el número de expediente, el juzgado asignado, los delitos y las personas denunciadas, entre otros puntos centrales. En una primera versión publicada en la web, Patricia Bullrich no figuraba, pero estaban Milman, Peña y Föhrig. Cerca de una hora después apareció la exministra.