El 21 de julio pasado, Claudio Herz llegó hasta la puerta del Instituto Patria con un megáfono y un par de carteles. “Ahora te toca la horca”, vociferaba desde Rodríguez Peña. El mensaje estaba dirigido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner –que poco más de un mes después sufrió un intento de homicidio en la puerta de su casa–. Después de que Herz se negara a declarar la semana pasada, el juez federal Daniel Rafecas dispuso este martes su procesamiento por los delitos de amenazas e incitación a la violencia colectiva junto con un embargo por 400.00 pesos. Herz no transitará el proceso en prisión preventiva.

Herz llegó esa tarde con un camisolín blanco y un megáfono, lo que lo volvió la persona más visible de un grupúsculo que se congregó para llevar adelante una manifestación violenta en la que el signo distintivo fueron las amenazas. “Les queda poco tiempo: los vamos a matar a todos”, gritaba Herz. “Los vamos a buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos'', agregaba. “Ahora te toca la horca, el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplices, de tu hijo y de toda la basura que nos gobierna. Eso es lo que vamos a hacer: te vamos a sacar a patadas en el culo”.

La denuncia contra Herz

A los cuatros días del escrache –y después de que trascendieran las imágenes–, la fiscal Mónica Cuñarro presentó una denuncia ante la justicia ordinaria para que se investigara el hecho. Advertía que uno de los efectivos de la Policía de la Ciudad –que, en teoría, debía impedir la violencia contra el instituto fundado por CFK– se saludaba amistosamente con uno de los manifestantes que estaba en Rodríguez Peña siendo parte del grupo que gritaba y arrojaba basura contra la fachada del edificio.

La investigación estuvo inicialmente en manos del juez Manuel de Campos y del fiscal Leonel Gómez Barbella, que pidió el allanamiento y la detención de Herz. La Policía Federal (PFA) detectó que Herz vivía en una habitación de un hotel en la calle Moreno al 3000. Cuando lo allanó encontró varias cartulinas con proclamas antivacunas.

El apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, presentó la denuncia ante los tribunales federales. Finalmente De Campos terminó enviándole la causa a Rafecas, que la semana pasada indagó a Herz y ahora dispuso su procesamiento. El juez federal también volvió a allanar la vivienda de Herz y le ordenó al Departamento de Tecnología Forense de la PFA que perite el teléfono y el pendrive. Esos estudios aún no están concluidos. Podrían ser importantes porque podrían arrojar luz sobre cómo se organizó la protesta.


Una convocatoria a la "violencia colectiva"

“Entiendo que la conducta desplegada por Herz tiene la entidad e idoneidad suficiente para crear un estado de alarma y de temor en la destinataria de las amenazas”, escribió Rafecas. “Debe tenerse en cuenta para ello la magnitud de la violencia de las frases utilizadas y que el nombrado se constituyó para proferirlas en el Instituto Patria, que no es sino uno de los lugares donde la vicepresidenta de la Nación desempeña sus labores, para asegurarse con ello que las mismas sean escuchadas, que cumplan de esta manera con el objetivo de amedrentar, debiéndose tener en cuenta que asimismo fueron magnificadas, mediante el empleo efectivo de un megáfono”, añadió el magistrado.

“No quedan dudas de que el contenido de las expresiones bajo análisis, además de tener un innato significado violento, permiten inferir una concreta convocatoria pública por parte del imputado a personas indeterminadas a generar ‘violencia colectiva’ contra un grupo de personas e instituciones, sin perjuicio de que efectivamente el imputado logre su cometido”, apuntó Rafecas. 

El juez, además, descartó que se estuviera ante un ejercicio del derecho a la protesta, ya que la intención que perseguía Herz era intimidar públicamente a CFK. "Las conductas delictivas analizadas a lo largo de la presente resolución exceden los límites de una protesta o de la expresión de ideas", resaltó el magistrado.

Amenazas y escraches a CFK, el clima previo para el intento de asesinato

CFK –que es querellante en esta causa– mencionó el escrache al Instituto Patria como parte de una larga lista de hechos violentos que la tuvieron como damnificada: desde la apedreada a su oficina del Congreso en marzo, los afiches con su cara y el rótulo de asesina hasta Fernando Sabag Montiel gatillando a centímetros de su rostro el 1 de septiembre pasado. Todo eso fue parte del clima que se generó, dijo, al calor del juicio de Vialidad en el que el fiscal Diego Luciani y Sergio Mola la acusaron de liderar una asociación ilícita y pidieron doce años de prisión y la inhabilitación perpetua.

Días atrás, El Argentino difundió que en la manifestación del 21 de julio pasado también había participado Jonathan Morel, referente de Revolución Federal –el grupo de ultra-derecha que surgió en mayo pasado y que suele ir con guillotinas y antorchas encendidas a sus protestas–. Imágenes publicadas por la agencia Télam también muestran a Morel con el megáfono –el elemento con el que Rafecas entendió que Herz se aseguró que sus amenazas llegaran a oídos de CFK–. 

En los tribunales de Comodoro Py, hay al menos dos causas que involucran a integrantes de Revolución Federal: una que se inició por una denuncia de la PFA una semana después del intento de homicidio de CFK --a partir de un reporte que la fuerza había recibido por parte de un ciudadano que advertía que la agrupación difundía mensajes contrarios al orden democrático en sus redes sociales-- y otra que se originó por los desmanes que protagonizaron el 23 de agosto afuera del departamento de CFK-- es decir una semana antes de que Sabag Montiel intentara asesinarla en ese mismo lugar. 

El expediente por resistencia a la autoridad está en manos del juez federal Ariel Lijo. La otra causa --centrada en posibles prácticas antidemocráticas del grupo-- tramita en el juzgado de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que está de licencia y siendo subrogado por Julián Ercolini. Actualmente, el fiscal Gerardo Pollicita tiene delegada la investigación sobre Revolución Federal después de que el camarista Mariano Llorens dijera que no corresponde investigar –por el momento– si este grupo estuvo involucrado en el intento de homicidio de CFK. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya presentó un primer informe y está haciendo otras medidas, según pudo saber este diario. La Unidad de Información Financiera (UIF) también formuló una denuncia por operaciones sospechosas de Morel, que --según él explicó-- recibió casi dos millones de pesos por haber hecho trabajos de carpintería para una empresa ligada a la familia Caputo.