Desde Santa Fe
La querella de Hijos solicitó ayer cinco condenas en el juicio al grupo de tareas de la Policía Federal y el Ejército por la persecución política de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el asesinato de dos de ellos, Carlos Cattáneo de 25 años y Fernando Lucio López, de 17, en febrero de 1976. La abogada Lucía Tejera pidió al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a “prisión perpetua” al comisario Rodolfo Gómez Trintinaglia, el sargento Ricardo Olivera y los cabos Víctor Stahlberg y Elbio Eduardo Píccolo por el “homicidio calificado” de Cattáneo y López por su “alevosía” y el “concurso premeditado de más de dos personas” y requirió 15 años de prisión para un cabo de la Policía de Santa Fe –adscripto al Ejército- Lucindo Benencia por la “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos” a otro militante del PRT, Juan Clemente Chazarreta, que murió en la Comisaría Primera, en junio de 1976. “Los acusados en el juicio tuvieron directa relación con los hechos ilícitos que se les imputan”, dijo Tejera. “Fueron parte de un engranaje represivo indispensable que incluyó privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos, violencia sexual, apropiación de niños, muerte y desapariciones”.
El presidente del Tribunal José María Escobar Cello y sus colegas Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider escucharon ayer la segunda jornada de alegatos. El 21 de setiembre, el fiscal Martín Suárez Faisal también había solicitado condenas a “prisión perpetua” para Gómez Trintinaglia, Olivera, Stahlberg y Píccolo por el “homicidio agravado” de Cattáneo y López y el secuestro y torturas de sus compañeros Eusebio Cabral, Carlos Courault y María Inés Gutiérrez. En el caso de Benencia, el fiscal requirió “cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la privación ilegítima de la libertad de Chazarreta”, pero ayer la querella aumentó el pedido de la pena a 15 años por el mismo cargo, más los “tormentos agravados” que padeció la víctima.
El sexto imputado en el juicio es un coronel que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, Héctor Melitón Martínez, a quien Suárez Faisal le pidió seis años de prisión por la “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos agravados” a otro militante del PRT, Horacio Alberto Amado, el 23 de enero de 1976. Melitón Martínez ya cumple una condena a 12 años de prisión –en su domicilio en Rosario- por los mismos delitos que le reprochan ahora en su segundo juicio.
El operativo del 27 de febrero de 1976 comenzó con un ataque a la casa de los militantes del PRT, en Primera Junta al 3.400, en el macrocentro. Siguió con la persecución por calle San Lorenzo, donde Cattáneo fue asesinado por la espalda, según relató en el juicio su pareja, María Inés Gutiérrez, que estaba embarazada. Y una cuadra hacia el norte, López cayó malherido, agonizó 48 horas en el hospital Piloto, donde Gutiérrez –internada con una gravísima herida en la pierna izquierda- también escuchó su último grito.
La abogada de Hijos dijo que la patota de la Policía Federal se movilizaba en dos Ford Falcon y una camioneta Dodge. En uno de los “grupos operativos” participaban Gómez Trintinaglia, Olivera y Píccolo y en el otro, Stahlberg. “Está probada la responsabilidad” de los cuatro en los “homicidios calificados” de Cattáneo y López “por ser cometidos con alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas”, explicó.
El mismo día del operativo –recordó la querellante- Olivera y Píccolo fueron ascendidos al grado superior y poco después Gómez Trintinaglia recibió una “recomendación” para el ascenso por sus “actos de arrojo” y “habilidad profesional”. “Todo esto contradice el relato del imputado Gómez Tringinaglia, quien (en su indagatoria) pretendió reducir su profusa carrera policial a la de un simple funcionario burocrático tapado de papeles y expedientes”, ironizó Tejera.
En el juicio, varios testimonios repasaron la persecución a militantes del PRT entre 1974 y 1980. “Los testigos hablaron del asesinato de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, el 14 de noviembre de 1974, la desaparición de César Zerbatto el mismo día y el secuestro de Roberto Sorba, en enero de 1976. “Los responsables de la desaparición de Sorba siguen impunes, su caso no se ventiló en este juicio, a pesar de que sus compañeros y compañeras de militancia recordaron quién era, qué hacía y cuándo lo vieron por última vez”. “Esto nos muestra la necesidad de insistir en que estas causas comiencen a instruirse de manera integral y unificada porque el secuestro de Sorba y su posterior desaparición no puede analizarse de manera aislada y debería haberse incluido en este debate e inexplicablemente no se hizo”, advirtió la querellante de Hijos.
Tejera finalizó su alegato con palabras del hijo de Cattáneo. Aníbal era un bebé cuando asesinaron a su papá, en febrero de 1976 y dos horas después secuestraron a su mamá, Amalia Antonini, en Paraná. A los 46 años, se sentó frente a los jueces y les dijo que llegar al juicio era una liberación. “Lo recordamos –señaló Lucía- por el valor que muchas de las víctimas le otorgan a este escenario judicial, la posibilidad de construir verdad jurídica, que siempre fue el afán de las víctimas y familiares. Y Aníbal fue clarísimo: ‘Tener confianza en la justicia, sobre todo, es tener confianza en el país en el que viven mis hijos’”.
