“Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ni siquiera leyeron ni miraron los expedientes de las obras”. Con esa dureza, Juan Villanueva y Ariel Liniado, defensores de Lázaro Báez, fueron exhibiendo fotografías de las obras viales, tramos de las declaraciones de testigos, textos de los expedientes y hasta conclusiones de los peritos oficiales o de otros fiscales en los que se afirmaba exactamente lo contrario de lo dicho por Luciani-Mola. Ocurrió en casi todos los temas: que las demoras de las obras eran exageradas, que no se terminaron, que a las empresas de Báez no se les debía dinero cuando se fue el gobierno de CFK, que la remediación de canteras -tapar los cráteres que quedan cuando se saca la roca para las rutas- se cobró y no se hizo, que las empresas no tenían capacidad técnica. Los abogados fueron paso a paso, mostrando documentación y, de a ratos, impresionó la demolición de lo que habían sostenido Mola y Luciani. Tal vez fue una casualidad, pero lo real es que este martes hubo momentos en que los fiscales apagaron las cámaras con las que seguían la audiencia. También fue embarazoso que en su alegato Luciani y Mola habían dicho, respecto de las canteras, que las fotos eran en blanco y negro y no se apreciaba bien si los trabajos se hicieron o no, en tanto que Villanueva exhibió las fotos a color: estaban en los expedientes de las obras y los fiscales no las habían visto ni revisado.

La base

El resumen de la segunda jornada de la defensa de Báez fue presentado por Liniado. Dijo que “no sólo no hubo perjuicio para el Estado, sino que la administración del macrismo fue la que causó el perjuicio a la provincia de Santa Cruz y a las empresas de Báez cancelando, por ejemplo, obras que tenían más del 90 por ciento de ejecución”. La razón fue política.

Frente a todo lo difundido por los medios, Villanueva presentó un extracto del Sistema Informático de Gestión de Obras (SIGO) en el que estaba registrado que de las 51 obras que ganaron empresas de Báez, 27 estaban terminadas y entregadas. Otras 10 tenían más del 70 por ciento de ejecución, entre ellas tres con más del 90 por ciento. Es decir, que 37 de 51 tramos de rutas estaban terminados o casi terminados. De las restantes 14, ocho estaban paradas porque la provincia no había logrado expropiar o liberar la traza de la ruta, cuatro obras estaban en plazo y dos se encontraban neutralizadas por problemas en el proyecto: por ejemplo, que apareció granito y requería un desvío.

O sea, Villanueva sostuvo que los fiscales plantaron -y antes lo hicieron los medios alineados con el macrismo- una historia falsa. Eso ya lo había dicho la auditoría ordenada por el interventor de Vialidad, el ultramacrista Javier Iguacel. Pero los números concretos se conocen por primera vez.

Canteras

Más grave aún fue lo ocurrido con las canteras. En los últimos tiempos, ya no se puede dejar un cráter en el lugar del que se extrae la roca para hacer una ruta: hay que hacer lo que se llama la remediación, que consiste en tapar el cráter y dejar las condiciones para que vuelva a surgir la vegetación. Luciani-Mola afirmaron que las empresas de Báez cobraron y no hicieron los trabajos. Ni siquiera Austral tenía identificadas las canteras, afirmaron Luciani-Mola. Y, para colmo, los fiscales sostuvieron que las fotografías de las canteras estaban en blanco y negro, por lo que no se veían bien.

Villanueva mostró todos los croquis, luego fotografías a color e incluso partes de una auditoría de la Universidad Tecnológica Nacional que registraba los trabajos bien hechos y se certificaba con más fotografías a color. Todo constaba en expedientes guardados en el edificio de la Armada que está frente a Comodoro Py. “Los fiscales no cruzaron la avenida a ver los expedientes. Ni hablemos de que hayan ido a ver las obras”, remató Villanueva.

Deudas

Uno de los grandes argumentos de Luciani-Mola es que las empresas de Báez eran privilegiadas y, por lo tanto, a diciembre de 2015 eran las únicas a las que el Estado no les adeudaba nada. Nuevamente, las planillas del sistema SIGO evidenciaron que se le debían 271 millones de pesos. Resultó impactante ver la grabación de Luciani, histriónico, diciendo que no se le debía nada, y, de inmediato, Villanueva exhibiendo en pantalla las planillas donde figuraba que la deuda era como con todas las demás empresas. Además, a Austral nunca se le pagó esa deuda, una de las razones -aseguró el letrado- por las que terminó quebrando.

Atrasos

La defensa presentó informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) de obras de otras empresas en otras provincias y todas tuvieron atrasos y modificaciones de las obras, lo mismo que ocurrió en Santa Cruz con las empresas de Báez y demás constructoras. Pero lo asombroso es que Villanueva exhibió tramos del dictamen del perito de la propia fiscalía en que se menciona que los atrasos y las modificaciones eran razonables. Lo mismo dijo Leandro García, interventor de Vialidad en Tierra del Fuego, designado por el macrismo.

Los fiscales dieron a entender en su alegato que realizar dos modificaciones en una misma obra era un privilegio que sólo se otorgó a Austral Construcciones. En el informe de la AGN figuran obras con dos, tres y hasta seis modificaciones. El plazo de terminación se amplió en esas obras en dos años y el costo en un 571 por ciento.

Un ejemplo impactante señalado por Villanueva fue el de una obra en la que no se liberaba la traza porque se demoró la expropiación de un campo lindante con la ruta. Austral pidió la liberación de la traza en reiteradas oportunidades porque no hacer la obra le causaba un perjuicio. Transcurridos 32 meses, Austral pidió una indemnización de 40 millones de pesos: se la denegaron. “Si acá había una asociación ilícita, ésta era una gran oportunidad para beneficiar a Báez, dándole justificadamente 40 millones de pesos. No lo hicieron. La asociación ilícita es una mentira de los fiscales”.

Por el mismo camino transcurrió el alegato respecto de las licitaciones. Luciani-Mola afirmaron que los concursos eran simulados, que otras empresas presentaban “ofertas de cortesía” para fingir una competencia. “¿Por qué una constructora va a pagar los pliegos, va a poner a trabajar a su personal, para beneficiar a Báez? Pero, además, la ley dice que si hay una sola oferta, la licitación igual se adjudica a la empresa que presentó esa oferta. Esto no tiene sostén hipotético ni judicial”, redondeó el letrado.

En el juicio, a lo largo de tres años y tres meses, los testigos fueron desmintiendo a la acusación. Esto fue seguido por Página/12 semana a semana. Pero ahora se percibe algo más grave: hasta los datos más elementales presentados por los fiscales parecen derrumbarse. Impresionan los errores, los elementos tergiversados, las fotos que estaban en el expediente y la cantidad de veces que Luciani y Mola aseveraron algo, mientras que las defensas -no sólo la de Báez- exhibieron pruebas de exactamente lo contrario. El equipo de más de 30 personas que trabajó con los fiscales se autodenominó "Los Vikingos", porque iban a arrasar con todo. Sin embargo, como ocurrió durante los 40 meses del juicio, hay equivocaciones y omisiones asombrosas, elementales. Lo que se percibe es más bien un naufragio.