Un comando unificado de fuerzas de seguridad federales integrado por más de 250 uniformados desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. El operativo, que incluyó la detención de siete mujeres y cinco niños, lo ordenó la jueza federal subrogante Silvina Domínguez en el marco de una causa con secreto de sumario por el incendio de una casilla móvil de Gendarmería, a principios de agosto, y tras el reclamo de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras para que intervinieran fuerzas federales. El conflicto por la tierra “no se resuelve con desalojos violentos”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lamentó que “el Gobierno Nacional abandonó la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020” y destacó que las leyes vigentes para encauzar las demandas de las comunidades “no se aplican por la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras”. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se ufanó tras el operativo de que no hubo “ninguna clase de represión” y de que se actuó “sin armas letales”. En el mismo predio, durante un desalojo anterior en 2017, la Prefectura asesinó de un disparo por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel, crimen que permanece impune.
La resolución que dispuso la creación del “Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi” se publicó en el Boletín Oficial al mismo tiempo que entraba en acción, aunque la decisión trascendió hace una semana y Fernández se la comunicó a su par rionegrina Betiana Minor el jueves. Bajo la coordinación de la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, su función es la “gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en esa localidad, como “auxiliar” de la administración de justicia. Como antecedentes inmediatos para justificar su creación se menciona el incendio de un puesto móvil de Gendarmería el lunes 26, que el juzgado y la fiscalía federal de Bariloche adjudicaron a la comunidad Lafken Winkul Mapu. Al día siguiente, durante una inspección ocular, un grupo de personas “con sus rostros cubiertos, descendieron desde la montaña y emprendieron un ataque hacia el personal de Gendarmería” que custodiaba a los funcionarios judiciales, que fueron evacuados, añade. La fiscalía imputó a miembros de la lof que “se encontrarían ilegalmente asentados en predios contiguos” y cuyo accionar representa “un riesgo para la comunidad”, pues “la provocación de focos ígneos genera un peligro común de difícil contención”, señala la resolución.
Los indicios del inminente desalojo se confirmaron el lunes, cuando un Hércules y un Fokker de la Fuerza Aérea aterrizaron en Bariloche con vehículos, pertrechos y efectivos de fuerzas federales. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó esa misma noche “su enorme preocupación” y apuntó que la gobernadora Carreras actuaba “instada por grupos ligados a lo que se ha dado en llamar ‘Consenso Bariloche’, en donde activa la exministra de seguridad” macrista Patricia Bullrich que estuvo el domingo pasado en Río Negro despotricando contra las comunidades originales. Justamente, ayer estaba llegando a la localidad de Roca y con el mismo objetivo, el legislador porteño Roberto García Moritán. La APDH destacó que “la vía de solución” de los conflictos con los pueblos originarios “es el diálogo” y que “la política no pueden imponerla quienes se identifican abiertamente con la ideología de la Conquista del Desierto”.
El operativo se inició a las seis de la mañana con el corte de la ruta 40. Lo encabezó la Policía Federal, segundada por Gendarmería y Prefectura. El periodista Santiago Rey, presente en el lugar, relató que tras el ingreso de los uniformados a las 7.30 se escucharon disparos y gritos de integrantes de la comunidad, que se usaron gases lacrimógenos y que la prensa fue retirada a más de 200 metros del lugar, desde donde pudieron ver al grupo de mujeres detenidas. “Más de 25 vehículos y 200 efectivos de todas las fuerzas federales”, apuntó.
“Se llevó adelante un allanamiento, una invasión sobre el territorio. Más de 250 efectivos. Gestado, ordenado por Aníbal Fernández. Hay hermanas y niños detenidos, hay una situación caótica dentro del territorio. Un ejército invadiendo una pequeña comunidad. Ordenado por el gobierno nacional y propiciado por el gobierno de Río Negro, de Arabela Carreras”, describió Mauro Millán, lonko de la lof Pillan Mahuiza, a la Agencia Tierra Viva. La Gremial de Abogados apuntó que “se trata de una causa nueva en la que han dispuesto secreto del sumario”. “Está claro que el operativo montado por la derecha durante estos días, con acciones directas en el territorio en conflicto para incriminar a los miembros de la Comunidad, ha tenido éxito”, denunció, y recordó que “hace tiempo que la derecha viene planificando esta movida a través del agrupamiento Consenso Bariloche".
El CELS destacó que “el conflicto por la tierra deriva de la falta de respuesta de parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas que apuntan a recuperar su territorio ancestral”. “No se resuelve con desalojos violentos; por el contrario, esto pospone y profundiza el conflicto. El Gobierno Nacional abandonó la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020, y eso agudizó el conflicto en Mascardi”, remarcó, y lamentó “la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras” e impiden la aplicación de las leyes que permitirían encauzar las demandas. “El relato centrado en la ‘usurpación’ y la ‘violencia’ es parcial e interesado: sólo visibiliza el último acto de un proceso más largo, instala un discurso estigmatizante y reclama represión”, concluyó.
Comunidades indígenas de Río Negro, Chubut y Neuquén se pronunciaron en apoyo de la lof Lafken Winkul Mapu. “Desde el territorio ancestral de la comunidad Nahuelpan, zona de El Bolsón, queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad”, expresaron en un comunicado, y repudiaron “el avance de grupos supremacistas violentos que permanentemente amedrentan y estigmatizan al pueblo nación tehuelche mapuche en general”.
La Confederación Mapuche de Neuquén, en un duro comunicado, destacó que “la remanida estrategia del garrote ha causado dolor y muerte pero jamás trajo solución”. Criticó a la gobernadora Carreras porque “no aplica la ley 26.160” ni el reconocimiento de la propiedad comunitaria que establece la Constitución y “se suma a Bullrich y Pichetto para fomentar el odio y la ignorancia”. “En la Patagonia no existe el ‘conflicto mapuche’, existe el conflicto generado por un Estado dispuesto a perpetuar la deuda con el pueblo mapuche”, remarcó. “El Estado Nacional hace su aporte a esta deuda eterna desguazando el INAI, que debe la implementación del Relevamiento desde hace 16 años y desplazando a Magdalena Odarda a pedido de los gobernadores. Como si todo esto fuera poco, ahora cree cumplir enviando un descomunal aparato represivo”, lamentó.
