Querellantes y familiares, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el espacio Memoria, Verdad y Justicia Villa Constitución, presentaron ante la Cámara Federal de Rosario un pedido de "celeridad" en la resolución de los procesamientos por los casos de homicidio cometidos durante el terrorismo de estado en Villa Constitución, a partir de 1975, como "represalia a la lucha del sindicalismo combativo de la clase obrera". La petición, según indicaron, se funda "en la clara y lógica necesidad de avanzar hacia el juicio oral después de tantos años; en la necesidad de no permitir la impunidad biológica y de posibilitar que quienes han sido afectades puedan recibir en vida aunque sea la reparación de un juicio justo".
La presentación, según indicaron, tiene apoyo en la resolución de la Cámara de Casación Penal, que meses atrás ordenó a la Cámara de Apelaciones expedirse ordenando la incorporación de los casos de asesinatos. Tal resolución requería celeridad. "Nuestro reclamo es por una inmediata resolución. Esta historia, que también se escribe a través de las sentencias judiciales, nuestra historia, necesita ser reivindicada. Nuestras vidas exigen la memoria, la verdad y la justicia", aseguraron.
El planteo se suma a otros que se realizaron este año. En junio pasado, pidieron que el juicio por la causa conocida como el "Villazo" se realice este año, y que se desarrolle en la localidad de Villa Constitución. Se trata de la causa que en marzo de este año fue elevada a juicio oral y público, y que investiga los crímenes cometidos a partir del 20 de marzo de 1975 contra trabajadores metalúrgicos y militantes, en relación a los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tortura, por los que habrá una veintena de acusados en el banquillo. A esos hechos, ahora piden que se sumen los delitos de homicidio.
"Esta presentación tiene que ver con el pedido de que se dicte resolución, incluyendo los casos de homicidios de los compañeros metalúrgicos de Villa Constitución, en lo que será la elevación de juicio oral. Estamos esperando que se incluyan estos casos en lo que será la primera elevación a juicio en la causa", resumió la abogada de APDH, Julia Giordano. La letrada recordó que se espera que la fecha de juicio sea para este año y que el debate oral y público pueda realizarse en Villa Constitución.
Por su parte, querellantes, sobrevivientes y familiares -acompañados también por la presidenta de APDH, Norma Ríos- recordaron que los hechos se produjeron a partir del 20 de marzo de 1975. "Fue una represión feroz, con muertos, cientos de detenidos y desaparecidos. Es un caso emblemático", aseguró Jorge Víctor Martín, quien consideró: "Que avance este juicio y se pueda conocer la verdad será una situación bisagra". Oscar Juárez agregó que "los homicidios fueron crímenes de lesa humanidad, un genocidio. Una represión que se extendió por todo el cordón industrial". "Para nosotros los únicos dueños de los sindicatos eran los trabajadores. Todo lo que significaba un sindicalismo que quería luchar por las reivindicaciones con métodos democráticos fue brutalmente reprimido al punto de que esa represión se extendió", aseguró. "Lo de Villa Constitución fue la antesala de la represión que se vino en todo el país", sumó Marta Graff.
En su momento, cuando se pidió la señalización de Acindar y el viejo local de la UOM, resumieron: "Los hechos constituyen la represión genocida que se profundizaría luego, a partir del 24 de marzo de 1976. Más de 30 compañeras y compañeros fueron asesinados entre 1975 y 1976: la mitad por la Triple A y las fuerzas represivas estatales del gobierno constitucional y el resto por la dictadura cívico eclesiástica militar".
