Tras el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi (Río Negro), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos, la APDH y otros organismos de derechos humanos reclamaron que "la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una mesa de diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas".
"Una vez más señalamos que los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (art.75 inciso 17) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados", plantearon los organismos de derechos humanos en una declaración firmada también por Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, APDH- La Matanza, la Asociación Buena Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
"En la provincia de Río Negro en general, y en la zona de Bariloche, en particular, se alienta una profunda hostilidad contra las comunidades, incentivada por sectores nucleados en el movimiento Consenso Bariloche que reclaman el desalojo de tierras reivindicadas por las comunidades indígenas, culpabilizándolas de incendios o de la vandalización de determinados edificios, hechos de los cuales no se ha probado ninguna autoría hasta la fecha", remarcaron.
"En el gobierno de Mauricio Macri, la acción de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido responsable de acciones represivas como la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en la zona de Cushamen, y el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, crímenes que aún esperan justicia", señalaron las organizacinoes en un texto firmado, además de los mencionados, por la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos .
"Resulta preocupante la firma de una resolución del ministero de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la cual se constituye un Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, destinado al 'aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad'. De inmediato, las fuerzas nacionales, realizaron un desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu y la detención de mujeres de la comunidad con niñes de corta edad, además de la persecución de otros integrantes dispersos en la montaña. El desalojo se justificó en una orden de allanamiento genérica dictada por la justicia federal de Bariloche, que no contempló los intereses y derechos en juego de las comunidades mapuches. Para la resolución de este escenario, proponemos la convocatoria a una Mesa de Diálogo que incluya a todos los sectores y con un fuerte respaldo político institucional", concluyeron los organismos.
El día después del desalojo
Después del mega-operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, pidió que “se continúe con las tareas preventivas y de preservación del lugar” para evitar posibles conflictos. El reclamo al gobierno nacional, que intervino ante una orden judicial con un comando de más de 250 agentes de fuerzas federales, apuntó a que ninguno de los varones que integran la comunidad fue detenido. Desde Nación defendieron el operativo. Un miembro de la lof informó que unas 30 personas continuaban “resistiendo” el embate de las fuerzas de seguridad. “La comunidad se replegó al bosque y decidimos que vamos a acompañar su retorno al territorio”, apuntó por su parte Mauro Millán, lonko de la Lof Pillan Mahuiza, a la Agencia Tierra Viva.
“Hay mucho trabajo por hacer. Deduzco que tiene que haber habido otra gente de la que en el oficio se solicita la captura y que nosotros hubiéramos efectuado si hubieran estado”, declaró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. La resolución a la que alude la dictó la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien ordenó el desalojo a fin de “hacer cesar el delito” en nueve lotes denunciados como usurpados. Lo hizo en el marco de un expediente –con secreto de sumario– por “incendio y atentado contra la autoridad”, por el ataque a un puesto móvil de Gendarmería cuyos autores no fueron identificados pero que la Justicia local le adjudica a la comunidad originaria, que niega haber participado. Ese hecho, sumado a un ataque a gendarmes que el lunes pasado custodiaban a una delegación judicial durante una inspección ocular, fue también el fundamento utilizado por el Ministerio de Seguridad en la resolución que creó el “Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi”, integrado por las cuatro fuerzas federales.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, responsable política del operativo de 2017 que concluyó con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en ese mismo territorio, volvió a utilizar el episodio en el marco de su campaña electoral para interpelar al presidente Alberto Fernández y sugerir “algún arreglo oculto” que explicara la falta de detenciones de varones. “¿Ahora retira las fuerzas de seguridad y vuelve a dejar a los vecinos indefensos”, lanzó por las redes sociales.
El ministro Fernández reivindicó por su parte el operativo. “Lo hicimos con silencio y con cuidado”, se ufanó, y negó que haya habido “agresiones y disparos”. “Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales”, añadió, y se diferenció de la gestión Bullrich en el sentido de que no hubo que lamentar muertes y que se cumplió con la orden judicial de “una amplia inspección de los lugares y registro de todas sus construcciones, dependencias y anexos".
La mayor incógnita radica ahora en cómo continuará el operativo para dar con los supuestos autores de los ataques a la casilla de Gendarmería que la jueza habría ordenado detener. “La comunidad Lafken Winkul Mapu se replegó al bosque y decidimos que vamos a acompañar su retorno al territorio”, dijo Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza. “Lo sucedido en Villa Mascardi y el comando unificado es la respuesta del gobierno nacional al pedido de los gobernadores que demandan represión. Es la única respuesta que quieren darle al Pueblo Mapuche”, denunció. Desde la comunidad originaria denunciaron que el operativo en la zona continuaba, que agentes dispararon “balas de plomo” y que había unas 30 personas “resistiendo”.
