“Hace 18 años que vivo en el barrio. Era un basural cuando llegué; yo ya tenía a mis cinco chicos y para hacer la casa nos ayudamos mucho entre vecinos, todo fue con esfuerzo, nos costó. Hasta tuvimos que hacer un corte de ruta de 7 horas y media en Camino Negro para para frenar un desalojo. Hoy en el barrio hay casas de todo tipo, porque está el vecino que con los años pudo ir mejorando y el que no; pero servicios no tenemos ninguno: no hay cloacas, no hay conexiones seguras de luz, no hay asfalto”, dice Celia Cabrera. Tiene de 52 años y lleva puesta un casco de construcción y una camisa de trabajo con el nombre de su cooperativa, integrante de la Rama de Construcción de la UTEP. Celia es vecina y trabajadora de las obras de integración sociourbana de su barrio, El Gauchito Gil, en Esteban Echeverría.

Como vecina, el suyo es el caso de 5 millones de argentinos que hoy viven en villas y asentamientos. Una cifra que mejor no pasar de un vistazo: es más del 10 por ciento de la población del país. Como trabajadora, cuenta, “lo más lindo es hacer obras para el propio barrio".

Este miércoles, los movimientos que integran la UTEP, junto a la organización Techo, marcharon hasta el Congreso para exigir a los diputados que traten la reforma de la Ley de Barrios Populares. Pidieron así que se garantice la continuidad de las obras que se están haciendo y se prorrogue por diez años la prohibición de desalojar a los polígonos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). 

“Cuando la ley se sancionó, en 2018, las viviendas inscriptas en el Renabap quedaron protegidas contra los desalojos por cuatro años, pero esa protección vence en unos días, el 29 de este mes. La reforma de la ley la va extenderá por otros diez años”, explicó en la marcha Maryluz Mendoza, referenta de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Además de extender la prohibición de los desalojos, la reforma va a actualizar el Registro, que pasó de  incluir 4400 barrios a 5687. Todos preexistentes a diciembre de 2018.

A la manifestación fueron cooperativas y cuadrillas, así como vecinos que están a la espera de que las obras lleguen a sus viviendas y trabajadores de la economía popular que quieren ingresar al Programa de Integración Sociourbana, que depende del ministerio de Desarrollo Social.

Johanna, Brenda y Patricia llegaron por ejemplo desde Quilmes, donde trabajan en una cooperativa de saneamiento ambiental, dentro del Plan Potenciar. “Queremos urbanizar la parte del bajo, en Villa Itatí”, contó Patricia y explicó que Villa Itatí “es muy grande, adentro tenemos categorías de pobreza y en El Bajo vendríamos a ser los más pobres de entre los pobres”. A su lado, Johanna apunta que tiene 32 años, dos hijos y que alquila; hace un año que consiguió un lote donde hacerse su casa, “pero la construcción va lenta y me queda muy poco después de pagar el alquiler”. De un solo tirón, Patricia mete lo que vino a decir a esta marcha: "Villa Itatí es muy grande y hay lugar para que trabajemos todos”. Las tres empezaron haciendo saneamiento como parte de un grupo vecinal, y hace unos meses se sumaron a una de las organizaciones de la UTEP buscando cómo mejorar sus condiciones de trabajo. 

El programa de Integración Sociourbana es la política pública más avanzada de los movimientos sociales. Está a cargo de una referenta social del MTE, Fernanda Miño, que salió de -y aún vive- en La Cava, la villa más conocida de San Isidro. Desde hace dos años, este programa viene impulsando obras de conexión del agua potable a viviendas de los barrios inscriptos en el Renabap, reemplazando conexiones eléctricas caseras por redes seguras, haciendo conexiones cloacales y construyendo cocinas y baños. Cada obra se hace luego de que los vecinos o el municipio presenten un proyecto. Por ley, el 25 por ciento de estas obras de integración sociourbana deben ser realizadas por cooperativas o cuadrillas de la economía popular, integradas por habitantes de los propios barrios. Los trabajos son financiados con un fondo al que va un porcentaje del impuesto a la compra del dólar País y que recibió una parte del impuesto a las grandes fortunas.

El mejoramiento urbano es así una fuente de trabajo genuino, que tiene además un enfoque de género. Muchas de las cuadrillas tienen como integrantes a mujeres jefas de hogar. 

Araceli Cervantes, por ejemplo, integra un grupo de trabajo en Ingeniero Budge, donde están haciendo conexiones cloacales. Araceli tiene 36 años, el pelo largo, oscuro y el cuerpo muy menudo. “Entré a la UTEP por una situación de violencia de género. Me fuí de la casa de mi marido, decidí que se quedara con todo pero salvarme. Yo ya tenía tres chicos y estaba embarazada del cuarto. Nos fuimos a un hogar, y una amiga me hizo conocer el Movimiento de Trabajadores Excluidos, donde empecé a trabajar en un comedor”, cuenta.

En enero hizo capacitaciones y empezó en una cuadrilla como ayudante; hoy es oficial, tiene a su cargo un grupo. “Aprendí a manejar la pala, el pico, la amoladora, el percutor… no es una cuestión de tamaño ni de fuerza, sino de aprender cómo”, asegura. Gana un sueldo tres veces más alto que un plan Potenciar y tiene trabajo asegurado por un año más: “Me cambió la vida”.

Durante la protesta, una delegación de la Mesa de Barrios Populares se entrevistó con la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y obtuvo el compromiso de que la reforma de la ley será tratada en la próxima sesión. El proyecto ya tuvo dictamen favorable, con el apoyo de todos los bloques, por lo que la principal cuestión es que entre en agenda.

Mientras la delegación hablaba adentro con Moreau, afuera hubo acto. Gastón Reyes, referente de la rama de Construcción del MTE en La Matanza, contó que por la mañana, en su municipio fue desalojada la toma del barrio 1ro de Noviembre. “Hay 800 barrios a los que quieren desalojar si se cae esta ley.  Venimos movilizándonos desde muy lejos para poner sobre la mesa que esta tiene que ser una cuestión de estado”, planteó.

También participó en el acto el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, que pidió a los diputados que no voten “la letra fría de una ley”, sino pensando “en los compañeros que durante la pandemia se jugaron la vida para garantizar la llegada del alimento a los barrios, mientras a los exportadores y a las grandes grupos económicos que hoy generan la inflación no les importaba nada”.