La Justicia liberó a dos de los policías condenados por el homicidio de Jonatan Herrera, el pibe asesinado mientras lavaba su auto en barrio Tablada, en enero de 2015. Se trata de Luis Sosa y Francisco Rodríguez, quienes obtuvieron el cese de prisión -con restricciones-; mientras esperan la audiencia de apelación a la sentencia de abril pasado, con fecha para el 3 y 4 de agosto. Ambos fueron condenados a tres años y 8 meses, cuando el pedido era de entre 12 y 14 años. Las querellas insistirán en la Alzada con que les den penas más altas. La Fiscalía no apeló. Los jueces negaron el ingreso a la audiencia de miembros de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que acompaña a la familia Herrera. La organización repudió el "oscurantismo judicial". El juez Juan Carlos Curto se escudó en evitar la "situación desagradable" del día de la lectura de la sentencia, cuando las hermanas de la víctima se descompensaron al enterarse de las bajas penas contra los policías acusados. La querella protestó porque las libertades se dieron sin cumplir los requisitos formales para cualquier detenido.

Organizaciones sociales, gremiales, políticas, académicas y de derechos humanos, acompañaron ayer a la familia Herrera a manifestarse en la puerta de Tribunales para exigir que los policías no fueran liberados. Tres horas más tarde, dos de ellos lograron el cese de prisión y llegarán libres a la audiencia de apelación, por dos votos contra uno (Curto, en contra). Al mismo tiempo, por unanimidad, Curto, Rodolfo Zvala y Alejandro Negroni rechazaron el pedido de Ramiro Rosales, para salidas semanales a una capacitación en refrigeración. La novedad angustió a la madre de Jonatan y enojó a sus hermanos, pero aseguraron que no bajarán los brazos. 

Para la Multisectorial, "la ejecución sumaria de Jonatan Herrera constituye una grave violación a los derechos humanos por lo que corresponde el cumplimiento efectivo de la sanción dictada". Sin embargo, dos de los magistrados no opinaron lo mismo.

En la audiencia, los abogados querellantes por la familia de Jonatan, Enrique Font y Santiago Bereciartúa, consideraron que "existe peligro de fuga por parte de los condenados" y "su libertad constituiría una amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan que viene siendo sistemáticamente amenazada, amedrentada y hostigada. No queremos que su lucha se vea opacada, a poco de la fecha de audiencia de apelación". Al término de la audiencia lamentaron que se haya liberado a dos acusados, pero consideraron que es consecuencia de todas las "irregularidades" que rondaron la causa.

Ante la negativa del Tribunal para acompañar a la familia durante la audiencia, la Multisectorial habló de "oscurantismo". Y preguntaron: ¿De qué se esconden los jueces? Hoy, una vez más, el juez Curto se decidió por el oscurantismo judicial. Sin notificación y fundamentación previa, con argumentos absurdamente arbitrarios basándose en `recomendaciones de la policia', en oposición a todas las partes consultadas en audiencia, impidió la participación de público". Y lanzaron: "Repudiamos y denunciamos el incumplimiento del código procesal penal provincial que establece que las audiencias son públicas. Denunciamos los falaces argumentos del juez, ya que ningún policía recomendó el no ingreso de público a la sala".

El 4 de enero de 2015, Jonatan fue baleado mientras lavaba su Volkswagen Gol, en pasaje Villar y Ayacucho. Aquel día, apareció corriendo y con un revólver en las manos Brian V., perseguido por el Comando Radioeléctrico, como sospechoso de haber robado una juguetería de la zona. Antes de llegar al cruce, los policías Miguel I., Milagros R. y Gladys Galindo bajaron del móvil y le dispararon. Al mismo tiempo, los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) Rosales, Rodríguez, Sosa y Alejandro Gálvez, con escasa y reciente instrucción, bajaron de un colectivo de la línea 133 en el que iban otros diez agentes y se sumaron a los tiros. El sindicado ladrón fue condenado a 6 años de cárcel por el atraco; mientras cinco de los policías llegaron a juicio oral y público: Rodríguez, Sosa y Gálvez, por haber intentado matar a Herrera, pero fueron condenados a 3 años y 8 meses, por abuso de armas; a Rosales se le atribuyó el crimen tras comprobarse que la bala hallada en el cuerpo de la víctima la disparó él, pero lo acusaron por homicidio culposo (sin intención) a la pena de 6 años y medio. "La misma pena que al acusado por un hecho de robo", se quejó Font. Mientras que Galindo, imputada por el tiro que recibió Jonatan en la cabeza, fue absuelta por los jueces Curto, Zvala y Juan José Alarcón. El fallo fue apelado por las querellas y se espera audiencia para agosto.