La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció este jueves el accionar de la jueza Silvina Domínguez, a cargo de la causa por la presunta usurpaciones de predios de Parques Nacionales y particulares en Villa Mascardi por miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Por AM750, aseguró que se violaron los Derechos Humanos de las mujeres y niños detenidos durante el operativo.
En declaraciones a La Mañana de Víctor Hugo, la funcionaria consideró que “la situación es sumamente preocupante”. Puntualmente, Gómez Alcorta se refirió a las siete mujeres indígenas, de las que dos de ellas estaban con sus niños muy pequeños y una estaba embarazada, que fueron detenidas la madrugada del 4 de octubre por orden judicial.
“Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada. Ayer a la tarde tomamos conocimiento de que se habían rechazado las excarcelaciones”, explicó la ministra, que alertó sobre los motivos por los cuales esta medida fue rechazada.
“Las mujeres están incomunicadas hace 48 horas. Las excarcelaciones fueron descartadas porque no tiene designados abogados particulares, pero está vinculada a la incomunicación. Es un círculo perverso. No pueden evitar la posibilidad de tener un abogado o abogada. Tenemos derecho a contar con una defensa. La magistrada negó ese derecho. Y cuando piden una medida a su favor la niegan”, añadió, enfática, a la denuncia.
El asunto no finaliza ahí, sino que tiene aún otro agravante: “Ayer a la tarde dispusieron además el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de Ezeiza de mujeres con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Cuatro mujeres trasladas a 1.500 kilómetros de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado y sin saber qué se les imputa”. Argentina ya tuvo en 2019 un fallo judicial internacional en contra por exactamente el mismo procedimiento.
Finalmente, Gómez Alcorta añadió a la grave acusación que este miércoles por la noche la detenida que está atravesando un embarazo fue trasladada a un hospital tras haber iniciado lo que creía que era el trabajo de parto. Sin embargo, en contra de las normativas nacionales que rigen en el país, se impidió el acceso de una partera de confianza y un parto digno.
“No la dejaban entrar acompañada. Estamos hablando de una mujer detenida hace 48 horas. Una coordinadora del ministerio fue al hospital, pudo explicar que las leyes no pueden depender de una jueza y autorizar a ingresar a una partera”, explicó al respecto.
Y, apuntando a la magistrada, concluyó: “Todo lo que estamos mencionando son decisiones de una jueza. Es preocupante porque además escala una conflictividad lamentable. Los problemas no se resuelven de este modo. No tengo conocimiento de irregularidades de las fuerzas federales. Sabemos que el ingreso fue sin armas letales, que es parte de los protocolos”.
