Vecinas y vecinos de Villa Ortúzar presentaron un amparo ante la Justicia porteña para exigir el cese por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de "su comportamiento ilegal y arbitrario" al "intentar ocupar" el espacio comunitario que funciona en una plaza del barrio.

La acción recayó en el Juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo de Aurelio Ammirato, en torno al sitio denominado Galpón de Ortúzar, donde funcionaba hasta la semana pasada un bachillerato popular, una biblioteca, un centro de jubilados y talleres artísticos y estaba gestionado por la ciudadanía y un conjunto de organizaciones.

La medida apunta a frenar el intento de la administración de Horacio Rodríguez Larreta para desalojar y demoler el lugar para instalar allí un canil, para lo cual ordenó, en dos oportunidades, operativos por la madrugada para desarmar la estructura, los que fue impedido por el grupo vecinal que se hizo presente en el espacio.

"Interponemos la acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, y 14 de la Constitución local contra el Gobierno de la Ciudad para que cese en su comportamiento manifiestamente ilegal y arbitrario consistente en intentar desocupar ilegítimamente y en contra de los intereses de grupos poblacionales en situación de especial vulnerabilidad en inmueble e intentar ilegítimamente demoler el mentado espacio", indica el escrito.

Además, sostiene que solicitaron al magistrado que adopte "medidas cautelares conducentes a los fines de la suspensión de la desocupación y/o desalojo y/o demolición del espacio conocido como Galpón de Ortúzar y la afectación directa de sus ocupantes, así como los muebles y efectos personales".

En la presentación, el grupo barrial explicó que en el lugar "se llevan a cabo actividades sociales, educativas y culturales de interés y aprovechamiento para la comunidad del barrio en su totalidad. Son actividades gratuitas, sostenidas por las y los maestros, profesores, profesionales, coordinadoras y coordinadores de cada espacio".

Y agregaron que "durante años" intentaron "regularizar la situación dentro del predio, sin embargo, fue imposible encontrar la vía idónea para ello, porque desde el Gobierno de la Ciudad nunca nos otorgaron el espacio para ello, o bien no nos recibía la comuna, o bien desde el Gobierno de la Ciudad no nos terminaban de definir cuál era el área donde debíamos hacerlo".

"Nunca se nos dio el lugar como ciudadanas y ciudadanos y la decisión fue de expropiarnos de un espacio que lo construimos y mantenemos entre todas y todos, porque es de utilidad pública y beneficio social y colectivo. Es un espacio propio del pueblo", concluyeron.