Rocio Baigorrí, una joven madre de dos niñas de 1 y 4 años de edad, fueron desalojas de la vivienda que construyeron en un terreno municipal. La orden la dio la fiscala Yésica Miranda y la ejecutaron la Unidad Judicial 9 y la Policía de Catamarca. Tanto a la mujer como a las niñas, las sacaron de las camas descalzas y tuvieron que ser resguardadas por los vecinos. No se respetaron sus garantías constitucionales. 

Para la abogada, Andrea Leanza Morales: “Se las criminalizó sin haber investigado, poniendo por encima de los derechos de los niños y de las mujeres, el de la propiedad privada”. Finalmente, el municipio de la Capital intervino y dio solución al lamentable hecho.

Con lágrimas en los ojos y sin saber a dónde iría, Roció contó cómo desde hace tres años y luego de haber preguntado al municipio si el terreno del loteo Parque Sur a donde se fue a vivir tenía dueño. Ella comenzó a construir su casa. Explicó que no encuentra trabajo, y que cada block de su vivienda lo puso junto a su abuelo que la ayudó.

Hace un año, la notificaron que había sido imputada por usurpación. “Me decían que el terreno es de una tal Vanesa, pero cuando yo llegué y eran los vecinos quienes lo mantenían al terreno y me dijeron que no era de nadie”.

“A Rocío le pintaron los dedos y pasó por varios defensores oficiales sin que le explicaran de qué se trataba y tuvo que contar cada vez que ella estaba ahí porque no tenía dónde vivir, no porque quería hacer un daño. Ella nunca despojó a nadie de ninguna posesión, no cometió ningún delito penal, pero igual la criminalizaron”, contó a Catamarca/12 Morales Leanza, abogada popular que trabaja en conflictos de tierras.

“Fue terrible el desalojo. Se sacó a las niñas que estaban durmiendo y las pasaron a la cama de una vecina. Esto ya había sucedido en 2016, cuando hubo un desalojo y se filmó cuando el SAME fue y sacó de una casa a una anciana en una cama ortopédica y con el suero. No hay un mínimo de respeto a la dignidad humana. Este desalojo viola tratados internacionales de los Derechos del Niño, nadie veló por ellos".

La letrada señaló que se hizo presente uno de los organismos de protección, pero "sólo para ser testigos junto a los policías de cómo se vulneraron esos derechos, porque no hicieron nada”, lamentó.

“Estamos hablando de una acción fiscal que va en auxilio de quien dice ser titular. No existió usurpación, los mismos vecinos corroboran que no había ninguna posesión anterior. Pero la fiscal no tomó esos testimonios para poder ver si hubo delito. Sólo tenía que hacer esa simple diligencia, sino se discutía en sede civil”, opinó.

"A Rocío y a sus hijas las trataron como delincuentes", detallaron los vecinos que fueron quienes trataron de ayudarla y luego cortaron las calles para pedir que alguien los escuche. Fue el municipio, a través de la Dirección de Catastro, quiénes ofrecieron a la supuesta damnificada un nuevo terreno para que Rocío no deba irse y verse obligada a ceder su casa a alguien más. "Ellos resolvieron el conflicto que pudieron resolver mucho antes de imputarla, aunque Rocío aún no puede volver a su casa", resaltó Morales.

“A veces se intenta interpretar una situación de conflicto desde los escritorios. Sin buscar garantías. Los mismos Policías cumplieron esa orden como si fueran robot. El derecho a la propiedad privada es lo único que se ve. El Gobernador, por ejemplo prefiere hacer 100 casas a militares que no son de la provincia, rutas para las empresas mineras, pero no destina fondos para urbanizar lotes. Parecieran ignorar o intentar negar que estos conflictos resultan de la falta de política pública sobre el acceso a la tierra para familias más pobres. Hay crisis, hay pobreza, menos alcanza para pagar un alquiler. No les queda otra que ocupar tierras vacías, o vivir en las plazas”, concluyó la letrada.