De 60 mil a 300 mil abortos clandestinos al año se producirían en Chile, revela un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de ese país. Las cifras, sin embargo, corresponden a 2016, por lo que se estiman subregistros de alarma. Para peor, los datos contrastan con las cifras del Ministerio de Salud para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que entre septiembre de 2017 y junio de 2020 registran 1.811 IVE calificadas en alguna de las causales que contempla la Ley 21.030.
El debate se reavivó esta semana, cuando la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que desde el 28 de septiembre pasado, Día de Acción por el Aborto Seguro, el gobierno de Gabriel Boric trabaja en una legislación que permita la IVE sin causales, un compromiso de campaña que cuenta con los votos oficialistas pero choca de frente con la oposición parlamentaria. Por caso, los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, presentaron otro proyecto para derogar el aborto y aumentar las condenas por la realización de la práctica.
“Quiero ser bien clara: no a lugar a propuestas como la que han planteado los diputados republicanos. No solo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Lo que ellos plantean es grave”, advirtió la ministra. “Penalizar por 10 años es más que la pena que hay hoy, porque efectivamente hoy en Chile no hay mujeres presas por abortar, porque como la pena es baja, se va a otros tipos de salida judiciales. Con una pena de 10 años sí habría mujeres en la cárcel, entonces quieren profundizar en la penalización.”
Orellana se afirma en su decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades: “Ese es nuestro compromiso como gobierno feminista, pero no se hace por tincada nuestra, se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin el movimiento de mujeres”.
