Desde Medellín

Como parte del Acuerdo de Paz negociado en La Habana por gobierno y Farc, el 30 de diciembre del año pasado el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para brindar este beneficio jurídico y el indulto a los integrantes de Farc. Hoy en 26 centros carcelarios de Colombia, más de 1000 hombres y mujeres, entre ellos madres gestantes, llevan adelante una huelga de hambre encabezada por el comandante Seusis Pausias Hernández o “Jesús Santrich” desde Bogotá. La razón: Han transcurrido seis meses desde la expedición de la Ley y un decreto presidencial posterior que dio luces al aparato judicial sobre cómo actuar. Pero De 3.400 farianos, la Oficina del Alto Comisionado ha acreditado como guerrilleros a 2.441, y de estos solo se han producido 285 amnistías según el movimiento Voces de Paz. Las libertades condicionales ascienden a 264, mientras 283 ex combatientes fueron trasladados a las zonas veredales donde están concentradas las Farc ahora sin armas en su poder a la espera de retornar a la vida civil. PáginaI12 conversó sobre el asunto con “Andrés París”, vocero de FARC en los Diálogos de La Habana y hoy integrante de la Comisión de Implementación.

–¿Qué está pasando con las amnistías para los ex guerrilleros que siguen presos?

–La amnistía es una obligación del gobierno nacional pactada en el Acuerdo de Paz de La Habana. Pero estamos ante la desidia del Estado de poner en libertad a nuestros compañeros. Se pone de presente la negligencia total de un gobierno que trabaja por meterle conejo a los acuerdos, un gobierno que está incumpliendo. Con la amnistía de iure pactada en el Acuerdo de Paz se acordó que una vez aprobado el acuerdo y la Ley de Amnistía en Congreso salían de forma inmediata más de 3400 guerrilleros, y han salido aproximadamente 800. Los demás continúan en su condición de prisioneros políticos algunos de los cuales están en huelga de hambre. Además de falta de voluntad política del gobierno también se atraviesa un poder judicial en hombres y mujeres que se han construido en una psicología e ideología jurídica transversalizada por la guerra. Son los defensores del sistema punitivo que se ha constituido a lo largo de todos estos años de guerra. Por eso el retraso en la amnistía pone de presente que es necesario avanzar en la democratización de Colombia y esto no será posible si los tres poderes (ejecutivo, legistlativo y judicial) no se ponen de acuerdo.

–¿Qué opina de la huelga de hambre y que un comandante como Jesús Santrich incluso se haya sumado?     

–Necesaria. También el comandante Villa y decenas de comandantes presos están en huelga. Es una forma de protesta, es una acción si se quiere de angustia, desesperada, pero necesaria para notificarle al mundo que el gobierno colombiano está incumpliendo los acuerdos firmados en La Habana. Nosotros cumplimos con la dejación de armas y el gobierno sigue en su actitud de engañar y apenas ha desarrollado un 20% de los acuerdos firmados, en contraste con la actitud de la guerrilla con la dejación de armas ha cumplido el 90% de su parte.

–¿Quién debe pisar el acelerador para cumplir esta parte de los acuerdos?                       

–El acelerador está en los pies del gobierno. Hay detalles por finiquitar con las comisiones de gobierno para la implementación. Pero es el ejecutivo nacional en la cabeza del Presidente Juan Manuel Santos quien tiene la normatividad constitucional que le permite asumir los poderes que se requieren para hacer cumplir el proceso de paz. Todo retraso solo expresa mañas y pretensiones ocultas, cálculos electorales, y una serie de artimañas que podrían poner en peligro lo firmado en La Habana. Mientras se deciden, nosotros estamos transformando estos incumplimientos en rebeldías.

–En esta transición a la política ya sin armas, ¿se sienten seguros en su integridad física?

–La transición en esta etapa incluye garantías pactadas en todos los capítulos del acuerdo de La Habana; son sociales, económicas y jurídicas. La seguridad personal también está contemplada por la creación y el fortalecimiento de la Fuerza Pública, y hay un compromiso del Estado de abrir combate contra el paramilitarismo. Sin embargo, la garantía principal será el despliegue político que logremos los ex combatientes. Será ganar el sentimiento y el apoyo de millones de colombianos, cuando esta fuerza se crezca difícilmente las fuerzas oscuras de ultraderecha se atreverán a hacer lo mismo. Pero estamos en Colombia, así que de todas formas hay peligros muy serios en la actividad política. Uno de esos es que la ultraderecha llegue a la presidencia próximamente. Por eso el pueblo colombiano debe participar masivamente en este proceso electoral asegurando el triunfo de las fuerzas que apoyan el Proceso de Paz. Esa sería una garantía política muy importante.