La Municipalidad de Victoria dio marcha atrás con la autorización para que un parador de las islas del Delta del Paraná realice hoy una megafiesta electrónica para mil personas. Si bien una resolución de la Secretaría de Gobierno de la intendencia de Domingo Maiocco había habilitado el encuentro masivo de personas, finalmente a través de un decreto le negó la posibilidad a la firma Garden Island SRL de realizar el espectáculo previsto para hoy en la Isla La Invernada, frente a Rosario, en el mismo predio que fue denunciado tiempo atrás por ambientalistas por realizar un canal hacia el Embudo con maquinaria pesada. A pesar de esto, los organizadores comunicaron en redes sociales que el evento se traslada al domingo por cuestiones climáticas, sin hacer referencia al decreto de inhabilitación.
Desde mediados de septiembre, el Parador Club Garden, ubicado sobre el Paraná Viejo, venía promocionando en sus redes sociales la apertura de la temporada 22/23 con una fiesta electrónica denominada “Waves Opening Party” que tendría lugar hoy a las 14. A través de una resolución con fecha del pasado 6 de octubre, la Secretaría de Gobierno del municipio de Victoria autorizó el pedido de habilitación del evento y la venta de mil entradas a 2.500 pesos cada una (aunque la general se comercializaba a 3.000 vía online o 4.500 con traslado), como había solicitado el titular del predio a través de su abogada.
Sin embargo, ayer se conoció un decreto del municipio de Victoria que finalmente revocó esa resolución, negándole la posibilidad a la firma Garden Island SRL de realizar el espectáculo previsto para hoy en la Isla La Invernada, frente a La Florida. En los Considerando de la medida explicaron que si bien la firma acompañó su pedido de autorización dando “cumplimiento a las exigencias higiénico-sanitarias y de seguridad habituales para este tipo de evento”, se pone sobre relieve que la Resolución ahora revocada “ha omitido dar cumplimiento a una medida cautelar -atemporal- de la justicia federal de Paraná, dictada por el Juez Daniel Edgardo Alonso” que establece “(…) la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente… actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental (…)”. Al mismo tiempo, en el decreto se agrega que “razones de oportunidad, mérito y conveniencia avalan la adopción de la medida suspensiva del evento, atento a los hechos de público conocimiento que se vienen sucediendo en nuestras islas, con graves consecuencias para el ambiente”.
A pesar de que el decreto es claro en cuanto a la revocación del permiso, desde las redes sociales de Garden Island no se dieron por aludidos de esa situación sino que por el contrario comunicaron a sus seguidores que la fiesta solo se traslada para mañana y por razones climáticas: “Ante el pronóstico de viento sur/sudoeste y bajo la premisa de que la seguridad esta primero que la diversión, el evento se realizará el domingo 09.10.22 en el mismo horario y manteniendo el line up anunciado. Lxs esperamos a tods!”. Este confuso mensaje puso en alerta a las organizaciones ambientalistas, las cuales difundieron un comunicado conjunto en el que manifestaron que “la razón que nos inquieta es la respuesta del parador, el cual se limita a comunicar que debido a motivos climatológicos la fiesta se posterga del sábado 8 al domingo 9”. Por ese motivo, resolvieron “dar aviso de esta situación a las autoridades pertinentes” y “comunicar a la población en general que este evento carece de permisos por razones ligadas a la protección de nuestros humedales”.
Vale recordar que en noviembre del año pasado se difundieron videos y fotos en los que se denunciaban movimientos ilegales de tierra con retroexcavadoras en esa misma zona de la Isla La Invernada. Incluso se pudieron ver imágenes aéreas que reflejaban ese avance irregular, donde se percibía una zanja de casi 150 metros, pegada al parador Garden Island, que cruzaba de este a oeste el islote hacia la zona del Embudo para que las embarcaciones puedan ingresar y tener más lugar para amarrar. Ante esa situación, la Justicia Federal ordenó en ese momento a la Prefectura frenar esos movimientos de tierra sin autorización.
