El juez Alejo Ramos Padilla procesó a cinco militares por el homicidio de una pareja de militantes en un operativo brutal en La Plata

Griselda Betelú se había comprado un dúplex en el barrio Foecyt con un préstamo del Banco Hipotecario. Era una construcción modesta en Villa Elisa que daba casi con las vías del tren Roca. Se había mudado con ella un compañero, Raúl Martín Alonso. Él estaba clandestino. Al principio, simulaban ser una pareja. Después efectivamente lo fueron. Ella estaba embarazada de tres meses cuando el 9 de marzo de 1977 el Ejército –con el apoyo de la Policía Bonaerense– los cercó para asesinarlos. En el frente de la vivienda quedó un boquete después de que los represores tiraran con un lanzacohetes. Por sus homicidios, el juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a cinco militares retirados que formaban parte del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell.

El principio del fin se inició con la llegada de un Ford Falcon al barrio Foecyt. Se bajaron dos hombres de civil. Se acercaron al dúplex en el que vivía la pareja, gritaron, se insultaron. Quizá hubo algún disparo –dijo un muchacho que tenía un kiosco en la zona– y se fueron a toda velocidad.

Cerca de las 00.30 del 9 de marzo de 1977, la Central de Reunión de Inteligencia (CRI) del Área 113 pidió apoyo al Batallón de Comunicaciones de City Bell –por lo que se presupone que los hombres que iban en el Falcon eran agentes de inteligencia–. Hacia allá fueron las compañías del Batallón. Después se sumó el Regimiento. La Bonaerense mandó seis patrulleros y una ambulancia en la que trasladarían los cadáveres.

Los militares suspendieron el tránsito del tren Roca, cercaron la vivienda de la pareja y les ordenaron a los vecinos que se fueran. Los disparos se extendieron hasta las 3.30 de la madrugada. Para Ramos Padilla, quedó en claro que se trató de un cerco. Como establecen los reglamentos militares, cuando se hacía un cerco el objetivo último era buscar el aniquilamiento de las personas que eran cercadas.

Días atrás, Ramos Padilla ordenó el arresto de cinco militares retirados: tres ya estaban detenidos por un operativo brutal que terminó también con dos militantes de Montoneros muertos y tres hermanitos aterrorizados –dos lograron volver con su familia mientras que a la mayor la secuestraron y la llevaron por distintos centros clandestinos de detención–.

Uno de los detenidos la semana pasada fue Augusto Caselli Gracés, que reconoció en la indagatoria haber estado en el lugar y ser la persona del Regimiento de Infantería 7 de mayor rango en el lugar. Caselli Gracés dijo, además, que el Regimiento contaba con lanzacohetes Instalaza C-90 –un arma de guerra que habría sido la que se utilizó para atacar el dúplex–. Un exconscripto declaró que un sargento al que le decían “Chato” Díaz les enseñaba cómo usar la bazuca y –al pasar por la edificación de Villa Elisa– les dijo que él había sido responsable de ese boquete. Carlos Díaz falleció, según pudo reconstruir el juzgado federal de La Plata.

A diferencia de Caselli Gracés, el resto de los represores no abrió la boca. Todos eran parte del Batallón de Comunicaciones de City Bell: Carlos Alberto Bazán (segundo jefe), Eduardo Arturo Laciar (oficial de operaciones en la Plana Mayor), Ángel Francisco Fleba (oficial de inteligencia en la Plana Mayor) y Carlos Felipe Maisonnave (oficial de Personal en la Plana Mayor). Todos permanecerán detenidos, excepto Bazán y Laciar –cuyas defensas pidieron que se les mantenga la prisión domiciliaria–.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata fue la que presentó la denuncia en 2012 para que se investigara el operativo de Villa Elisa.

Derecho a la verdad

Un testigo vio cómo sacaron los cuerpos calcinados de Betelú y Alonso en la madrugada. Creyó reconocerlos por el porte: él era grandote y ella menudita. Antes de irse, los represores hicieron pintadas en el lugar diciendo que allí vivían “subversivos” o “terroristas”. Los cuerpos de ambos fueron enterrados como NN en el cementerio de La Plata. Después pasaron al osario y fue imposible practicar los análisis para reconocerlos.

En su resolución, Ramos Padilla sostuvo que existe un derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas –a quienes el Estado dictatorial les había arrancado sus identidades–. Por eso, junto con los investigadores del juzgado reconstruyeron quiénes eran Griselda y Raúl.

Tanto Griselda como Raúl eran de Bolívar y los dos se habían mudado a La Plata para estudiar. Ella se graduó como psicóloga pero no ejercía. Trabajaba en la Dirección General Impositiva y, en 1975, se había comprado el dúplex con un crédito. Raúl estudió Contabilidad, pero no terminó. Trabajó en el ferrocarril en Tolosa y en los tribunales provinciales de La Plata. En 1975, se negó a hacer el servicio militar obligatorio y pasó a la clandestinidad. Pese a eso, se las ingeniaba para ir de visita a ver a su familia, que se había mudado a Temperley.

Militaban en Montoneros. Esperan un hijo o una hija, pero los asesinos tuvieron otros planes para ellos.