El Tribunal de Familia número 6 de Morón, a cargo de la jueza María Laura Alvarez, hizo lugar ayer a la tarde a la medida cautelar interpuesta por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora Yael Bendel, que solicita “…que se disponga la prohibición de la divulgación y/o publicación periodística a todos los medios de comunicación masivos, tanto gráficos, televisivos o radiales, que afecten la intimidad, la moral y/o vulneren derechos con manifestaciones sobre detalles de la vida privada o sobre las circunstancias que dieron lugar a la intervención judicial de los datos y circunstancias personales de las niñas, de su progenitora y de toda persona menor de edad involucrada en el caso...”.
La petición se funda entre otras normas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 16 dice: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales de su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. También se cita la Ley 26061, que establece “...el interés superior del niño”, que constituye el eje fundamental del sistema de protección integral de derechos”; y en su artículo 10 dice: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”.
El escrito fue presentado ayer al mediodía por la doctora Yael Bendel y en las primeras horas de la tarde la jueza María Laura Alvarez, con la conformidad del asesor de Incapaces doctor Daniel Zancoro, hizo lugar a la medida cautelar para dictaminar que “…en todos los medios de comunicación gráficos, radiales o televisivos se tendrá que cumplir con todos los recaudos establecidos en la legislación internacional y nacional vigente, para evitar que se afecten los derechos a la intimidad, dignidad y moral de las niñas de autos, como así también identificar a sus circunstancias particulares y las de su familia”.
La doctora Bendel destacó: “Cuando la información que se publica o difunde masivamente vulnera o atenta contra la intimidad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad intelectual, nos vemos obligados como organismo de protección de derechos a actuar para que esta situación cese”.
La funcionaria explicó las razones que la impulsaron a interponer la medida cautelar: “Como Ministerio Público Tutelar, agradecemos profundamente a los medios de comunicación por la difusión de noticias que ayudan a encontrar chicos perdidos o ubicar a los padres o cuando ayudan a concientizar a la población sobre la necesidad de adoptar chicos más grandes (que hay un montón), no sólo bebés. No es que estamos en contra de los medios, para nada. Pero sí estamos en contra de que se vulneren los derechos de los chicos al no respetar su intimidad, al difundir detalles de su vida y de sus circunstancias familiares que nada justifica que se hagan públicos”. Y brindó más argumentos: “Estas niñas, cuando crezcan, van a googlear su apellido y van a ver toda su intimidad ventilada. Además de las huellas que las circunstancias de extrema vulnerabilidad social en las que nacieron les dejen, van a tener que lidiar con las huellas de la espantosa exposición de cuestiones absolutamente íntimas, privadas y cuyo conocimiento no aporta nada a la sociedad, al contrario”.
Como conclusión, expresó: “Nuestra Constitución ampara los derechos a la integridad, a la identidad, a la intimidad. Como ciudadanos, como personas, todos estamos obligados a respetar estos derechos en los demás. Nosotros, el Ministerio Público Tutelar, actuamos porque la Asesoría es un organismo de defensa de los derechos humanos. Por otra parte, y volviendo al papel de los medios, no ayuda a nadie ventilar la intimidad de las niñas, difundir datos (reales y falsos) sobre las condiciones familiares, juzgar a la madre desde nuestra realidad, haciendo caso omiso de las circunstancias...”.
La resolución de la jueza María Laura Alvarez también dicta que se notifique al Enacom, que deberá arbitrar los medios necesarios para que los medios de comunicación cumplan las leyes vigentes.
