Representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis en el sistema carcelario bonaerense y denunciaron al Estado nacional y el Estado provincial por la falta de un plan para reducir la tasa de prisionización y las condiciones inhumanas de detención. En la presentación realizada en Perú, los especialistas recordaron la masacre en la comisaría de Pergamino –donde siete presos fallecieron tras el incendio de una celda con sobrepoblación– y expusieron casos de violencia institucional dentro de las cárceles. En la provincia de Buenos Aires, según el informe, 130 personas mueren por año en unidades penitenciaras y alcaidías, más del 60 por ciento por falta de atención médica. Expertos de la CIDH advirtieron, además, que “la detención prolongada en comisarías no respeta los estándares internacionales”.

El video de presentación que eligieron la Defensoría de Casación provincial, el CELS y la CPM para reflejar las condiciones de detención en Buenos Aires mostró goteras, instalaciones eléctricas precarias, baños destruidos, camas hechas de cemento y celdas con hacinamiento en comisarías y unidades penitenciarias bonaerense relevada. Quienes observaban el hacinamiento y la sobrepoblación de las cárceles en la provincia eran los propios funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, también invitados a la audiencia de la CIDH.

“Incluso con el sistema de encierro más grande de Argentina, la provincia de Buenos Aires necesitaría el doble de su sistema penitenciario actual para hacer frente a la tasa de encarcelamientos que hay hoy en día.  Cuarenta mil personas están hoy privadas de su libertad en el territorio bonaerense”, expuso el coordinador de Área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares. 

El informe también expuso que, si se toman en cuenta los datos de detenidos en cárceles y dependencias policiales, el nivel de sobrepoblación de los detenidos en la provincia llega al 100 por ciento. “En las 432 dependencias policiales hay 3010 detenidos, de los cuales sólo 1039 tienen camastro. Es decir, dos de cada tres presos no tienen donde acostarse. La masacre de Pergamino es un caso que muestra con elocuencia las previsibles consecuencias del actual colapso de detención que venimos describiendo. Las muertes de siete personas fueron provocadas por la inhalación de humo tóxico, la falta de ventilación y la actitud dolosa de los policías. Pero, lamentablemente, esto sucede en todas las dependencias policiales”, relató Pomares.

Por su parte, Mario Coriolano, defensor de Casación Penal de Buenos Aires, exploró las causas que condujeron al colapso del sistema carcelario de la provincia. “Hay una crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses. Pero me pregunto cómo llegamos a esta situación. Y la respuesta es que una serie de reformas como la restricción de las salidas anticipadas, la negación de litigar a favor de libertades y la reforma de la ley de ejecución de la pena –aprobada en sesión especial de Diputados el miércoles pasado–, entre otras cosas, condujeron al aumento las tasas de prisionización”, sostuvo el abogado. En la provincia de Buenos Aires, la tasa de encarcelamiento alcanza cifras históricas: 234 detenciones cada 100 mil habitantes.

Luego llegó el turno de la exposición de los funcionarios estatales. El subsecretario de Control Penitenciario y Gestión Institucional de la provincia de Buenos Aires, Fernando Manzanares, reconoció “muchos de los reclamos que hace la sociedad civil”, destacó medidas realizadas en el año y medio de gestión, como la declaración de emergencia en salud penitenciaria, la intervención en el Servicio Penitenciario y el límite a las requisas de familiares y detenidos. “No hemos dictado una sola norma de endurecimiento de la encarcelación”, resaltó. Sin embargo, al momento de las proyecciones a futuro (Manzanares prometió la creación de 2.000 nuevas plazas carcelarias) Paula Litvachky, del CELS, salió al cruce. “El Estado habla de una construcción de 2000 plazas, pero se olvida decir que en un año hubo 4.000 detenidos más, con lo cual no alcanza de ninguna manera.” Y de esos 4.000, 3.100 están en comisarías, es decir, en situaciones aún más precarias.

Por último, tras escuchar todas las exposiciones, los integrantes de la CIHD dieron su devolución. La comisionada Margarette May Macaulay advirtió que las condiciones de detención son inhumanas y que la solución debe incluir la sanción de leyes que no impacten en más hacinamiento. “La detención prolongada en comisarías no respeta los estándares internacionales. Es necesario que el Estado presente un plan concreto para lograrlo y espero que lo tenga listo en octubre, en la reunión de seguimiento de la CIHD en Montevideo”, completó James Cavallaro, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.