La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que regula el uso del cannabis medicinal y permitiría –bajo ciertas condiciones– el autocultivo, principal reclamo de las organizaciones de familiares que padecen enfermedades como epilepsia refractaria, VIH, cáncer, fibromialgias, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras patologías. Sin embargo, el alcance del amparo legal para quienes cultiven estará supeditado a la aprobación del Senado, y luego a la forma en que se reglamente de ley. La iniciativa del oficialismo, a la que la oposición logró introducirle algunas modificaciones, contó con el acompañamiento de todos los bloques, y tuvo 221 votos a favor y una abstención, en un recinto del que estuvieron ausentes 35 legisladores.
El proyecto aprobado autoriza los usos medicinales del cannabis, el desarrollo de investigaciones científicas, y habilita al Estado a cultivar la planta para investigaciones e importar y distribuir el aceite que permite tratar determinadas patologías.
El dictamen establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. También dispone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) permita la importación de aceite de cannabis, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente y su provisión será gratuita.
El tema más ríspido del debate giró en torno al autocultivo, palabra que el proyecto de Cambiemos nunca contempló, ni aún en el texto aprobado, al que refiere el artículo ocho (ver aparte).
El diputado Juan Manuel Pedrini (FpV) dijo durante el debate que fueron las “madres (de pacientes) las que nos hicieron escucharlas a ellas, y no a los laboratorios. El estado por sí mismo no es una definición que va a garantizar lo que necesitan”. Pedrini también advirtió que “el homenaje a Mamá Cultiva (la organización) es cumplir con su demanda, que es la despenalización, y propender al autocultivo”.
Si bien durante el debate legisladores de distintos bloques partidarios cuestionaron que el proyecto no despenalizara el autocultivo, posteriormente decidieron acompañar el dictamen de mayoría.
Al respecto, la diputada Carolina Gaillard (FPV), presidenta de la Comisión de Salud, en diálogo con PáginaI12 explicó que “el artículo 8 no es el que pretendíamos. Queríamos un registro que expida un permiso para aquellos que cultivan con fines medicinales, que tengan un certificado sin temor a que la allanen o a un proceso penal”. No obstante, aclaró, “lo que se logró es un paraguas (legal) para que puedan hacerlo inscribiéndose en el registro” y subrayó que “aspiramos que el Poder Ejecutivo lo clarifique en su reglamentación, y quede estipulado que será una autorización”.
La legisladora entrerriana evaluó que la aprobación “es un gran paso. Ganó la sociedad, ganó la gente, y la política se supeditó al reclamo de las mamás que se organizaron para pelear por sus derechos, y a que el Estado les garantice su acceso a la salud”.
“Aspiro a que la clase política se ponga a la altura de las circunstancias. No podemos dilatar un día más el tratamiento de la ley y su reglamentación que tiene que ser lo antes posible”, remarcó Gaillard en relación al próximo paso, el tratamiento por parte del Senado. Porque mientras tanto los familiares y los pacientes “pueden ser criminalizados”.
En este mismo sentido, el periodista Emilio Ruchansky, autor del libro Un mundo con drogas, dijo que “es la ley a la que se podía aspirar ya que el bloque mayoritario no quería discutir otra cosa. Pero hay que resolver con urgencia, porque los usuarios siguen en situación de clandestinidad hasta tanto el amparo legal no sea aprobado por el Senado y reglamentado por el Gobierno”.
Por su parte, la diputada Gabriela Troiano (PS) dijo que iba a acompañar el proyecto pero advirtió que “es esencial que se modifique la ley de estupefacientes a fines de que no considere como tenencia o consumo de estupefacientes en su estado natural o cualquiera de sus derivados destinados a la práctica medicinal o paliativa”.
Gaillard incorporó al artículo 6 la autorización para que organismos estatales puedan cultivar cannabis. Así, Conicet, INTA y universidades Nacionales Públicas podrán hacerlo con fines de investigación médica o científica, como también elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. El artículo 10, por otra parte, detalla que se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).
En su artículo 6 el proyecto dice que “la autoridad de aplicación tiene la facultad de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales a través de la importación o de la producción por parte del Estado nacional”.
La diputada remarcó que “se autorizaba la importación de aceite que no sirve para todas las patologías y el programa que se crea de investigación no puede limitarse solo a eso”.
“En todo momento tratamos de llevar la discusión del ámbito penal al ámbito sanitario, esto es una cuestión de salud pública. Ni penal ni de seguridad: de salud pública que el Estado debe garantizar, independientemente de lo que las sociedades científicas digan porque el lobby de los laboratorios es muy fuerte. Por eso no se legalizó antes. Por eso investigar y producir a través de laboratorio públicos, que son más de 30, es fundamental.”
