Desde Santa Fe
El abogado santafesino Rafael Julio Pérez dijo que el asesinato de sus colegas y militantes del PRT Marta Zamaro y Nilsa Urquía, el 14 de noviembre de 1974, no puede quedar impune. La demanda de justicia interpela a Santa Fe desde hace 48 años. Pérez se había exiliado en México un mes antes -amenazado de muerte por la Triple A- y se enteró del secuestro de sus compañeras en el aeropuerto del Distrito Federal, donde esperaba el vuelo que debía tomar Nilsa ese mismo día. Los cuerpos fueron encontrados en el arroyo Cululú, en el amanecer del 16 de noviembre y a la tarde, desapareció el responsable político del PRT en Santa Fe, César Zerbatto. Una semana antes, el 7 de noviembre, habían asesinado el mayor del Ejército Néstor López, a media cuadra de la plaza de las Banderas. Pérez cree que en la ejecución de sus compañeras operó una patota integrada por “militares o la Policía Federal”. Y ensayó dos hipótesis del crimen: una “venganza” por el homicidio de López o el efecto de la caída de Zerbatto. “Yo lo asocio con la desaparición de Zerbatto, que era uno de los dirigentes más importantes del PRT en Santa Fe, más que por la actividad que tenían ellas”, dijo en un diálogo con Rosario/12. Zamaro, Urquía y Pérez integraban la Asociación de Abogados que defendía presos políticos y en la que también participaban, entre otros, sus colegas Alfredo Curuchet y Silvio Frondizi asesinados en setiembre de 1974.
“Marta y Nilsa eran muy amigas”, recordó Pérez. Zamaro trabajaba en “Nuevo Diario”, que era el matutino de Santa Fe y Urquía en el Registro de la Propiedad. Vivían juntas en un primer piso, cerca del Puente Negro. “Las dos eran simpatizantes del PRT” y “colaboraban mucho con la Asociación de Abogados”.
Pérez es uno de los abogados que patrocina a las familias de catorce militantes del PRT fusilados en la masacre de Capilla del Rosario, Catamarca, el 12 de agosto de 1974. La consecuencia es la persecución política, la amenaza de muerte de la Triple A y hasta una querella del Ejército. El 10 de setiembre es asesinado Curuchet y el 27, Frondizi. “A los dos días que matan a Silvio, yo decide irme del país. Hablo con Marta y le digo: ‘Me voy. Voy a preparar mis cosas’.
-Bueno, si te puedo ayudar, yo voy a tu casa –le contestó Zamaro.
La fue a buscar un familiar de Pérez a las once de la noche y cuando llegó al departamento de Marta y Nilsa se encontró con una persona en la vereda de enfrente que le preguntó: ‘¿Sabe si por acá hay una farmacia?’
El episodio generó alerta. “Ese tipo estaba vigilando tu casa”, le dijo Pérez a Zamaro. “Yo creo que estaban en eso”, que las dos abogadas ya eran blancos de un operativo de inteligencia de la represión.
Urquía también había decidido exiliarse en México, tenía pasaje para un vuelo el 14 de noviembre de 1974. Pérez la fue a esperar al aeropuerto, pero nunca llegó.
“Yo asocio el secuestro de Marta y Nilsa con la caída de Zerbatto, más que con la actividad de ellas”, dijo Pérez. “Ellas tenían una actividad pública importante, eran muy buenas compañeras.
“Zerbatto era uno de los dirigentes más importantes del PRT en Santa Fe, pero tengo la sospecha de que lo vigilaban. Entonces, siguiéndolo a él, probablemente lo secuestraron primero y después fueron por ellas o al revés. No es casual la desaparición de Zerbatto en ese momento. Lo conocía a César porque era de La Criolla y me tocó hacer la sucesión del padre.
-¿Por qué tanta impunidad? -preguntó Rosario/12.
-Fue un momento de terror. No hubo una reacción fuerte del Colegio de Abogados de Santa Fe ni de las asociaciones. Se había impuesto un terror que anticipaba lo que vino después (el genocidio de 1976). Eran los primeros homicidios de la Triple A integrada los mismos militares y policías que tuvieron un gran impacto. La gente se aterrorizó y se aterrorizaron los abogados. En esa época lo matan a Rodolfo Ortega Peña (en julio de 1974), a Alfredo Curuchet y a Silvio Frondizi (en setiembre). Entonces, había un pánico entre los mismos abogados. El Colegio de Abogados había tenido reacciones buenas, pero en este caso (de Zamaro y Urquía) ni siquiera hicieron denuncia ni querella. En el primer momento hubo terror. Y después, estaba el otro problema, que había un gobierno popular, entonces durante mucho tiempo no se aceptó que el gobierno tenía conciencia de estos grupos paramilitares y estaba de acuerdo con esos operativos –explicó Pérez.
El crimen de las abogadas coincide también con la represalia por el fusilamiento de catorce militantes del PRT en la masacre de Capilla del Señor, en Catamarca. Uno de esos casos es el homicidio del mayor López, el 7 de noviembre de 1974. Y siete días después, el 14 de noviembre, son asesinadas Zamaro y Urquía. “No me extrañaría que haya sido una venganza también” por el caso de López, dijo Pérez. “Si ya las tenías ubicadas como simpatizantes del PRT que haya sido una represalia: ‘Matan a uno, yo mato dos’.
-Esa es otra hipótesis. ¿Una represalia por el asesinato de López?
-Puede ser. Fue muy cercano. Yo recibía las noticias en México porque compartía la habitación con un periodista que estaba en México y recibía todos los cables, los que se publicaban y los que no se publicaban en la Argentina. Y recibí el de López (el 7 de noviembre) y al regreso del aeropuerto, el secuestro de Marta y Nilsa (el 14 de noviembre).
Pérez dijo que no entiende “la saña con que torturaron y mataron” a sus compañeras. “Esa saña me hace pensar en otras cosas. O querían cosas que ellas no dijeron. O era una represalia, una saña, por los operativos que estaba haciendo el ERP y en este caso el de López”. “Las torturaron mucho y después las ataron y tiraron al río. Fue una muerte espantosa. Tanto la tortura previa como la manera de matarlas. Era como algo ejemplificador. Un odio de todo tipo. Yo nunca tuve la valentía de ver la autopsia, pero tengo comentarios. Realmente fue horrible. Es muy difícil de explicar”.
-¿Faltó investigación?
-La falta de investigación es fácil de explicar. Fue un operativo militar-policial o policial con instrucción militar. Había una cobertura especial porque se trataba de un arreglo de cuentas del Ejército, como ha pasado en casi todos los casos en los que tuvo que ver. Y en Santa Fe, nunca hubo investigaciones serias de los asesinatos y secuestros. En Santa Fe, no se hicieron investigaciones sobre lo que había pasado. Tal es así que todavía se están haciendo juicios de cosas que se ocultaron en su momento y se siguieron ocultando durante mucho tiempo -sintetizó.
Rafael Julio Pérez declaró en la causa por el asesinato de Zamaro y Urquía el 27 de octubre de 2012. En dos semanas, se cumplirán diez años de su testimonio.