“Una offshore en los ochenta era una posibilidad para hacer una inversión y en la Argentina era algo normal. En mi profesión me tocó tener relación con abogados externos. En Panamá  y Uruguay las promovían, pero no para un hecho ilícito”, expresó ayer el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, que figura entre los Panamá Papers como intermediario en  el montaje de sociedades en guaridas fiscales. El escenario para la defensa del mundo offshore realizada por el funcionario fue el evento “La lucha contra la corrupción: avances y retrocesos en Sudamérica y en la Argentina” organizado por la ONG Transparency Internacional (TI), que contó con la participación de su máximo directivo, José Ugaz. “Son contados los casos en los que uno busca el anonimato para proteger su privacidad, su seguridad. En la mayoría de los casos es para sobornar, para defraudar impuestos, para lavar dinero y esa es una realidad innegable”, indicó el peruano Ugaz, cuya organización también fue salpicada por la megafiltración de documentos de Mossack Fonseca. El abogado responsable del capítulo chileno de TI, Gonzalo Delaveau, fue designado como directivo en cinco sociedades offshore bahameñas vinculadas a operaciones de una minera canadiense.

“Usted mencionó el caso de los Panamá Papers y colocó en sus slides el nombre de nuestro presidente”, interpeló a Ugaz el moderador del debate celebrado en la Universidad Católica Argentina y CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, quien apenas estalló el escándalo informó que la firma utilizaba offshores en Islas Vírgenes y Hong Kong como controlantes de distintas publicaciones. “No lo coloqué yo, está en la lista”, respondió rápidamente el titular de TI al referirse a la presencia de Mauricio Macri como director de la bahameña Fleg Trading en 1998 entre los 11,5 millones de archivos robados a Mossack Fonseca. El mandatario, uno de los cinco líderes mundiales en funciones presentes en los documentos filtrados, figuraba además en el Registro Público de Panamá como vicepresidente de Kagemusha. “No fui el abogado que las creó. La información que tengo es que eran sociedades de la década de los ochenta, desconozco si eran nominadas o innominadas. Les recuerdo que en el caso del Presidente no es que está sospechado, entre comillas, de tener una participación como accionista sino por haber sido nombrado director de las compañías”, sostuvo Clusellas al ensayar una defensa de su amigo personal y jefe. 

“En ese caso fueron para hacer negocios en Brasil y son finalmente fondos que fueron declarados, fondos del padre o de las empresas”, insistió el abogado a quien los representantes de Mossack Fonseca que visitaron el estudio Romero Zapiola, Clusellas y Monpelat en 1999 describen en sus registros como “cordial, 35-45 años, apariencia muy buena”. Atento a la proliferación de empresas offshore entre sus compañeros del Gabinete, el responsable del área de Legal y Técnica intentó ser un poco menos contundente que Ugaz aunque reconoció que “los porcentajes para los cuales se usan [las offshore] deben ser más una razón ilícita que lícita”. Si bien el caso de Macri se desarrolla entre 1980 y 1998, la mayor parte de los empresarios y funcionarios con operaciones en el mundo offshore reveladas en los Panamá Papers tuvieron lugar durante el siglo XXI. El funcionario señaló que “es cierto que en los últimos años la offshore fue perdiendo mucha más confianza de la que tenía en otra época y los países que la promovían lo dejaron de hacer porque la primera utilización fue mal utilizada. Se fue deteriorando”. 

Previo a la explicación ofrecida por Clusellas, Ugaz reclamó la existencia de un registro internacional de beneficiarios finales que permita conocer a los verdaderos dueños de las sociedades radicadas en paraísos fiscales. “Las offshore no son delictivas en sí mismas pero investigaciones del Banco Mundial y la OCDE sobre 400 casos de corrupción muestran que un altísimo porcentaje de los pagos de sobornos transnacionales fueron a través de empresas offshore. Son contados los casos en los que uno busca el anonimato para proteger su privacidad, su seguridad. En la mayoría de los casos es para sobornar, para defraudar impuestos, para lavar dinero y esa es una realidad innegable”, concluyó Ugaz.