Cuando se cumplieron los tres años del inicio del Juicio de las Juntas, los seis camaristas que habían juzgado a los comandantes estaban preparándose para viajar a Europa. No iban a hacer turismo por el aniversario. Por el contrario, tenían una misión secreta y que ellos mismos habían pergeñado al calor de las sublevaciones militares y las leyes de amnistía aprobadas durante el gobierno radical: debían sacar del país las copias del juicio que había terminado con las perpetuas de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Los videos –que no se habían conocido mientras se celebraban las audiencias y que, en parte, pueden verse en la película Argentina, 1985– salieron en bolsas negras de plástico y fueron trasladados por cada uno de los magistrados hasta Oslo. El Parlamento noruego resguardó esos registros en VHS en un recinto a prueba de balas. “Teníamos que asegurar la prueba”, le explica a Página/12 León Carlos Arslanian, quien presidió la Cámara que juzgó a las tres primeras juntas militares que usurparon el poder desde el 24 de marzo de 1976.

Entre abril y diciembre de 1985, Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio y Guillermo Ledesma juzgaron a los nueve comandantes. Pese a tener orígenes diversos, los jueces mantenían buena relación entre ellos. La historia cuenta que incluso resolvieron cómo serían las penas en una mesa de la pizzería Banchero. Esas reuniones siguieron cuando terminó el proceso que funcionó como una base fundamental de la democracia, pese a que entonces causaron mucho dolor e indignación algunas penas bajas y las cuatro absoluciones.

En una reunión en 1987 –contemporánea a la sublevación militar de Semana Santa que dio pie a la ley de Obediencia Debida–, los jueces plantearon su preocupación sobre qué podría pasar con la prueba que habían recolectado en el juicio. Las filmaciones y los expedientes estaban arrumbados –recuerda Arslanian– en una sala de la planta baja del Palacio de Tribunales a la que se accede por la puerta de Tucumán.

“Terminado el juicio se nos suscitó la preocupación de cuál era el mejor destino para los casetes que constituían la prueba del mismo. No había un registro escrito y el material no estaba bien cuidado. No había intervenido ningún archivista en su preservación, por lo que se corría el riesgo de que algo pasara”, explica Arslanian. “Había muchos factores de preocupación pero esa documentación había que guardarla sí o sí. Había interés tanto en sectores militares como en sectores civiles en que eso no existiera”, agrega.

Los jueces que habían pasado tardes, noches e incluso madrugadas durante más de siete meses escuchando a los testigos relatar cómo había sido el horror de los campos de concentración decidieron que algo tenían que hacer. D’Alessio consultó, por su parte, en Estados Unidos, pero no obtuvo respuesta.

Ya ninguno de los seis juristas integraba el tribunal, pero pidieron autorización para hacer copias de los videos que se habían registrado en U-Matic. La tarea no solo era engorrosa sino también costosa. La solución la trajo el penalista Bernardo Beiderman, que era un profesional del derecho que tenía vínculos con organismos internacionales. Beiderman hizo un contacto con la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria. Consiguió una donación para financiar el copiado y después fue parte de la comitiva secreta que en abril de 1988 viajó a Oslo. La Fundación era presidida por Helge Rostad, juez de la Corte Suprema de Noruega, que hizo las tratativas con el Parlamento del país báltico.

“Nos dividimos entre los seis el material en bolsas negras de plástico y cada cual llevó su fardo”, relata Arslanian. Cuando llegaron a Oslo, se reunieron con el juez Rostad, que los condujo hasta el Parlamento. El material --147 casetes-- quedó preservado en un recinto especial. “El temor que teníamos quedó disipado”, dice Arslanian.

En Noruega, a los seis jueces los homenajearon en el Parlamento y los agasajaron en la Corte Suprema. “El valor que le dieron al Juicio fue extraordinario. Apreciaron muy bien que se trataba de un juicio de esta naturaleza y de una afirmación de la democracia”, remarca.

Si bien Argentina, 1985 –la película de Santiago Mitre– está centrada en la experiencia de la fiscalía frente al Juicio a las Juntas, Arslanian tiene un protagonismo especial: no solo por ser el presidente de la Cámara, sino porque es el que dice sin titubeos que el tribunal debe avocarse a juzgar a los comandantes frente al intento fallido de la justicia militar. Es también quien intenta impedir que las defensas reclamen que las Madres no usen sus pañuelos.

Imágenes sin sonidos

El Juicio a las Juntas no se transmitió. Se vieron algunas imágenes sin sonido. La excepción fue la sentencia que leyó el propio Arslanian el 9 de diciembre de 1985. Para no leer únicamente la parte dispositiva, Arslanian y Torlasco escribieron una introducción al dispositivo general de la dictadura. El último punto de la sentencia –el 30– fue el que llamaba a seguir investigando hacia abajo en la cadena de mandos.

Semanas antes de que se iniciara el proceso, la Cámara Federal tomó una serie de decisiones sobre cómo sería el juicio. Dispuso que habría 104 invitados sentados en la sala, que las naves laterales serían ocupadas por periodistas y que las gradas superiores albergarían a 80 personas del público general.

Las audiencias fueron filmadas íntegramente por Argentina Televisora Color (ATC), la señal pública, y cuatro fotógrafos oficiales estaban facultados para sacar imágenes que después distribuían entre los medios de comunicación. No pasaba lo mismo con las filmaciones. La Secretaría de Cultura preparaba un resumen breve que no tenía sonido.

Hay versiones que indican que la transmisión sin sonido fue una decisión del gobierno de Raúl Alfonsín y otras que establecen que se debió a una decisión de la propia Cámara Federal. La investigadora Claudia Feld –en su libro Del estrado a la pantalla: Las imágenes del Juicio a los excomandantes en Argentina– sostiene que hubo un objetivo coincidente: los jueces querían “evitar las pasiones” que la televisación de los testimonios podría traer aparejadas mientras que el gobierno buscaba no alterar los ánimos ya alterados del sector militar.

Argentina, 1985 recrea algunos testimonios con actores –como el de Adriana Calvo o el de Víctor Basterra– y recupera algunas filmaciones de otros testimonios que se dieron en el juicio: así aparecen relatando sus padecimientos en distintos centros clandestinos Alejandra Naftal, Jorge Watts e Iris Avellaneda –que fue secuestrada con su hijo adolescente, quien fue torturado hasta la muerte y arrojado al Río de La Plata–.

La memoria judicial

Cuando finalizó el juicio hubo un intento de dar a conocer los tramos más importantes del proceso. La sugerencia –reconstruye Feld– habría salido de la propia fiscalía de Julio Strassera, que es la que había tenido un contacto más directo con los testimoniantes. En 1986, un equipo de la agencia oficial Télam se reunió para trabajar en ese proyecto –que tenía financiamiento de ATC–. El guionista era el dramaturgo Carlos Somigliana, que también había integrado la fiscalía, asistido a la totalidad de las audiencias y trabajado en el alegato con Strassera y Luis Moreno Ocampo.

El documental se terminó en diciembre de 1986, cuando se aprobó el Punto Final –que ponía límite temporal a las investigaciones–. Su estreno en el canal público se programó para marzo del año siguiente, pero terminó postergándose indefinidamente después de Semana Santa y la Obediencia Debida.

Las 530 horas del Juicio a las Juntas se preservaron en la Cámara Federal porteña. Durante muchos años, esos videos únicamente salían si alguna víctima pedía su testimonio o si algún medio requería imágenes para un documental. Se prestaba y se debía devolver rápidamente.

El excamarista Horacio Cattani fue quien con más dedicación se ocupó de que no pasara nada con ese material. Una vez, un exdetenido-desaparecido pidió llevarse un casete para copiarlo. Volvió a los tribunales de Comodoro Py pálido como un papel porque había olvidado la grabación en un taxi. La fortuna quiso –relató hace años Cattani– que el taxista lo encontrara, viera el rótulo y lo devolviera a la mesa de entradas de Tribunales. La prueba del Juicio a las Juntas tomó un valor especial a diez años de aquel proceso cuando empezaron a moverse los Juicios por la Verdad, que –si bien no podían castigar a los responsables– ponían el foco en saber qué había pasado con los miles de desaparecidos.

En 2011, Memoria Abierta –que agrupa a distintos organismos de derechos humanos– firmó un convenio con la Cámara Federal y con la Universidad de Salamanca para preservar y, a la vez, difundir el registro fílmico del Juicio. Quienes buscan acceder a ese material pueden consultar con esta organización de la sociedad civil o con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que funcionan como guardianes de esa memoria que años atrás seis juristas entendieron que debían preservar muy lejos de este país.