La jueza Ada Zunino sobreseyó al juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Víctor Raúl Soria, quien estaba imputado y requerido a juicio por dos hechos de desobediencias judiciales, por violar la perimetral que se le había impuesto en el marco de una causa por violencia de género en el ámbito laboral.
Además, la magistrada anunció de forma pública que querellará a la víctima, la defensora pública Natalia Buira, que le cuestionó falta de perspectiva de género en este fallo y otros.
“Vamos a apelar”, adelantó Buira a Salta/12 respecto al sobreseimiento dictado por la jueza a favor del también juez Soria. La defensora pública, que es querellante en esta causa con la representación de la abogada Josefina Arancibia, opinó que la fiscala de Violencia Familiar y de Género Claudia Noemí Geria debería apelar, pero como ella está de licencia, dijo que espera que lo haga su reemplazante, el fiscal Santiago López Soto.
"Se concluye, en forma categórica y en base a las probanzas aportadas a la causa, la falta de adecuación típica de la conducta atribuida exigida por el tipo penal imputado, por ausencia de dolo, por lo que corresponde emitir en esta instancia pronunciamiento desincriminador a favor del imputado", sostiene el fallo de Zunino. La jueza rechazó el requerimiento de elevación a juicio que había realizado la fiscala Geria, y dictó el sobreseimiento por entender que el juez Soria no incurrió en desobediencia judicial.
Además, Zunino declaró que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el Sr. Víctor Raúl Soria".
En septiembre de 2021 la jueza Verónica Gómez Naar y el juez Alejandro Lávaque, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, le impusieron a Soria la prohibición de acercamiento a Buira, quien ya lo había denunciado por violencia de género. También le prohibieron el acceso a las oficinas de la Defensoría Oficial Civil Nº 4, donde se desempeña Buira, y solicitaron a la Corte de Justicia de Salta y a la Defensoría General de la Provincia que tomen las medidas necesarias para que pueda garantizarse lo dispuesto y garantizar la protección de la defensora sin afectar el servicio de administración de justicia.
"Soria se acerca a mi persona en más de una ocasión, viola la perimetral el 27 de octubre del año pasado y el 16 de marzo de este año", ratificó Buira. La defensora dijo que en marzo iba a tomar un ascensor y, mientras se encontraba con tres abogadas del fuero local, que fueron testigas, Soria "pasó a medio metro" suyo por la espalda.
Añadió que el magistrado la miró a los ojos, que iba acompañado por un abogado, "el doctor Longo", a quien ella pidió que lo citen a testificar pero no se presentó. La defensora dijo que incluso luego en el ascensor, este letrado le habló a ella, contándole que el juez la vio, que le refirió que no podía pasar cerca, pero ante el cuestionamiento suyo "¿cómo no vas a poder pasar?", cruzaron ambos. La defensora dijo que con esto es evidente un incumplimiento de la perimetral de manera consciente e intencional. Para la defensora, con esta actitud el juez le demostraba impunidad.
Buira contó que en el sobreseimiento Zunino sostiene que ese encuentro "fue casual y circunstancial, lo cual surge del descargo de Soria". El juez argumentó que no se percató de la presencia de la denunciante.
La jueza Zunino añadió que la Cámara de Apelaciones no especificó la distancia mínima de la prohibición de acercamiento. "La Cámara señaló que no va a establecer metros porque el juzgado y la defensoria quedan a 40 metros de distancia", explicó Buira. Indicó que los jueces tienen una puerta de entrada por atrás, que no es la principal, y que para acatar la medida Soria debía manejarse por ese ingreso. También consideró que la magistrada podría haber exhortado al juez en su fallo a cumplir con la prohibición de acercamiento y disponer la distancia mínima.
"Él es un hombre que tiene una restricción para acercarse a mi persona, no tiene una libertad de movimiento como con cualquier otro hombre sobre el que no pesa una denuncia por violencia de género. Su libertad está restringida", sostuvo Buira.
La defensora dijo que las dos desobediencias judiciales podían constatarse mediante las cámaras de seguridad, pero contó que cuando la fiscala las solicitó, la Corte no le dió las grabaciones, pero después le entregaron una en un CD al imputado, quien lo remitió a la jueza. Buira explicó que Soria debía pedir esa prueba con su abogado para que en el marco de los trámites de la causa le fuera requerida a la Corte. Señaló además que finalmente la Corte solo aportó la grabación de marzo pero no la de octubre.
"Le dan el CD al imputado, por los vínculos que tiene el juez Soria con el juez de la Corte Guillermo Catalano, todo el mundo sabe en Ciudad Judicial que son amigos. También es amiga de Catalano la jueza Zunino", afirmó Buira.
La defensora destacó también que en su fallo la magistrada incluso no descarta que "el encuentro fortuito" vuelva a pasar, ya que ambxs funcionarixs trabajan en las instalaciones de la Ciudad Judicial. Buira insistió en que Zunino no dispuso ninguna medida para evitar esta situación.
La causa original por violencia de género está en la Corte de Justicia porque la defensa del juez Soria presentó un recurso de inconstitucionalidad. Mientras eso se resuelve, el magistrado debe seguir cumpliendo lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones como medida preventiva.
Un juez antiderechos
El juez Raúl Soria tuvo tres pedidos de jury de enjuiciamiento. El más sonado fue en 2014, por negarle el aborto no punible a una niña que había sido violada por su padrastro.
En una votación dividida, el Jurado de Enjuiciamiento ni siquiera admitió formalmente la acusación contra Soria. Por rechazar el juicio político votaron Guillermo Posadas, Guillermo Catalano, Jorge Soto, María Abilés y Guillermo López Mirau. La actitud del juez “no permite avizorar un desborde o extralimitación grave y considerable, aun cuando su fallo haya sido revocado” por la Corte de Justicia, sostuvieron estos jueces. Incluso llegaron a afirmar que la sentencia de Soria, que violaba la normativa vigente en el país, no fue “contra legem”.
El año pasado un padre pidió que fuera sometido a un jury porque le impedía ver a su hija.
También el año pasado, en septiembre, el diputado Héctor Chibán solicitó el juicio político contra Soria por la violencia ejercida contra Buira, pero "se lo desestimaron". "No llegaron a la etapa de debate. Si llegamos a la etapa de prueba se consolida todo", señaló la defensora.
Un informe de la Oficina de violencia de género del Poder Judicial, que realizó entrevistas a Buira y también al juez Soria, sostiene que se verificó una situación de riesgo.
La Cámara de Apelaciones había señalado que la defensora se encontraba en "un contexto de vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral o profesional que puede configurar violencia de género". Dijo que hay verosimilitud de los hechos denunciados que constituyen maltrato y hostigamiento psicológico, y señaló la gravedad de que esta situación se dé en un ámbito judicial con "repercusión directa en procesos de familia en los que se debaten derechos fundamentales de los justiciables y, en la mayoría de los casos, intereses de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad".
Denuncia a la denunciante
En una entrevista en radio Aries la jueza Ada Zunino anunció que querellará a la defensora Natalia Buira por haber afirmado que dictó fallos sin perspectiva de género. “Lo manifestado por la doctora Buira es arbitrario, malicioso, habló de los antecedentes nefastos acerca de mi persona, por lo cual la voy a querellar”, dijo Zunino.
"Es un amedrentamiento que hace para silenciarme", respondió la defensora. Consideró que este anuncio público la jueza salió a intimidarla "públicamente". Recordó que ella cuestionó este fallo, y otros que saltan con una búsqueda de Google en los que la jueza actuó sin perspectiva de género.
La defensora ratificó que es víctima de Soria, que ha sido revictimizada por la sentencia de Zunino y aseguró que "es muy grave" que la jueza anuncie que la querellará, intentando, dijo, impedir incluso su libertad de expresión. "Todo este accionar no favorece para nada que la gente tenga confianza en la justicia", agregó.
Entre los fallos que Buira le achaca a Zunino, se cuenta su pronunciamiento contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de que fuera sancionada.
También fue cuestionada por entender que pudo haber evitado el femicidio de Romelia Pistone, en Tartagal.
El abogado Vidal Villalba Samiego también pidió un jury de enjuiciamiento para Zunino, por haber atorgado prisión domiciliaria al abogado Matías Sanz Navamuel, denunciado por tres mujeres, por violencia de género y reiteradas amenazas, entre otros delitos, y que ahora ha vuelto a ser detenido, por nuevas amenazas de muerte.