El juez Luis Rodríguez rechazó el pedido de desafuero y detención del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido y ordenó una serie de medidas en la causa sobre los convenios por la mina de Río Turbio, por lo cual dispuso también implementar el secreto de sumario. La decisión del magistrado descolocó a los legisladores del oficialismo y el massismo que en respuesta al centro que Stornelli les tiró para la campaña electoral salieron a anunciar con bombos y platillos que se despojan de sus fueros. A su vez, el tema también se le volvió en contra al fiscal, quien a raíz de la filtración de la solicitud de desafuero de De Vido será investigado por el delito de “violación de secreto” por el juez federal de Marcelo Martínez de Giorgi.
El anuncio de la renuncia a sus fueros que hicieron macristas y massistas fue la última vuelta de tuerca de una puesta en escena que arrancó el martes con el pedido de Stornelli de que se procediera al desafuero de De Vido para así poder indagarlo y detenerlo y que incluyó la posterior aparición del propio Mauricio Macri para comunicar que el bloque de Cambiemos apoyaría su solicitud en Diputados. Pero en la Cámara baja habrá debate al respecto porque el Rodríguez no hizo lugar a la solicitud del fiscal.
El juez no hizo lugar al pedido de Stornelli por considerar que “las pruebas reunidas hasta el momento no permiten conformar el estado de sospecha” suficiente para detener a De Vido. Así lo precisó en un comunicado en el cual dio cuenta también de su decisión de “profundizar la investigación e implantar el secreto de sumario para asegurar la realización de las diligencias ordenadas”.
La causa en la que Stornelli pidió detener al ex ministro de Planificación está referida al desarrollo de la mina de carbón, un tren y dos usinas en Río Turbio y comenzó hace un año y medio. La imputación no tiene que ver con coimas, sobreprecios, ni a facturas truchas, sino con la firma de convenios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) con la regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional –a la que se recurrió en lugar de consultoras privadas– para la evaluación técnica el plan.
El proyecto consistía en que el carbón extraído la mina de Río Turbio –que cuenta con reservas para unos 400 años– fuera utilizado en dos usinas instaladas allí mismo para impulsar el desarrollo de esa lejana ciudad patagónica. Los recursos para su desarrollo fueron votados en el Congreso.
Además de De Vido, en la causa hay 23 imputados. Rodríguez les otorgó la eximición de prisión a tres de ellos: Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez.
Rodríguez hizo lugar al pedido de eximición de prisión porque entendió que “la actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas” y dijo que por lo tanto “es difícil sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento”. Anticipó así el criterio para rechazar también la detención de De Vido.
La decisión de Rodríguez decretar, en paralelo al rechazo de todas las detenciones, el secreto de sumario apunta a tratar de garantizar el éxito de una serie de medidas que también dispuso en la causa. Si bien el juez no precisó en qué consisten, quienes conocen el expediente adelantan posibles allanamientos en YCRT y la regional Santa Cruz de la UTN en busca de la documentación relativa a los convenios firmados. Explican también que no hay motivos para hacer procedimientos en propiedades de De Vido porque el ex ministro no tuvo intervención en esos acuerdos.
Como parte de la profundización de la investigación, Rodríguez también decidió darle participación a la Unidad de Información Financiera. Ese organismo le hará un dictamen sobre los movimientos económicos relacionados con los convenios.
El rechazo al pedido de desafuero y detención de De Vido no fue ayer el único revés para Stornelli, quien quedó bajo la lupa por la filtración de su resolución a la prensa. Fuentes judiciales consignaron que la denuncia penal contra el titular de la Fiscalía 4 fue presentada por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor Lisse, ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT). El defensor argumentó que se enteró por los medios de comunicación que su cliente afrontaba un pedido de detención e indagatoria hecho por Stornelli, en vez de haber tomado conocimiento por el sistema habitual de tener acceso a todo el expediente y leer las novedades procesales.
El propio juez federal Luis Rodríguez había considerado anteayer que “asiste razón” a la defensa de Lisse porque el dictamen de Stornelli llegó al juzgado el martes a las 7.45 y luego saltó en los medios de comunicación “sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado”.
“Por ende, frente a la postura de la defensa en cuanto a la posible comisión del delito de revelado de secretos previsto por el artículo 157 del C.P., corresponde extraer los testimonios correspondientes para que otro juez intervenga al respecto”, afirmó el magistrado.
La investigación del desempeño de Stornelli quedó en manos del juez Martínez de Giorgi.
