Ya con el último tramo del año legislativo en curso y con la presión cada vez más cerca del inicio del mundial de Qatar el próximo 20 de noviembre -que promete poner en pausa todo-, los planes legislativos parecen acelerarse. Si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, niega que se detenga la actividad por la copa del mundo. Son 40 días hábiles de trabajo intenso y el debate del Presupuesto se lleva toda la atención. La semana pasada, sin ir más lejos, desfilaron una docena de funcionarios por la comisión que preside el experimentado Carlos Heller, para explicar las inversiones y la recaudación que pretende el oficialismo para el último año del gobierno.
De la pila de expedientes acumulados con dictamen listos para bajar al recinto, una decena cumplimentarán su trámite parlamentario en la sesión convocada para el próximo miércoles 12 de octubre. Hay dos que están impulsados por organizaciones sociales que sin dudas se harán presentes en las gradas para seguir el debate. Por un lado, la prórroga de la Ley 27.453 de regularización dominial para la Integración Socio Urbana (Renabap) que busca garantizar la urbanización de 4.416 barrios populares donde viven más de 5 millones de personas. Además, se le incorporaron varias modificaciones, la más sustancial: suspender los desalojos por una década. Eduardo Toniolli diputado oficialista por Santa Fe que, además, integra el Movimiento Evita señaló a éste diario que “la Ley aprobada en 2018, gracias al impulso de los movimientos sociales, vence a mediados de este mes". Además se busca incorporar otros 1.176 barrios más que ya fueron relevados, también agilizar los procesos administrativos para la entrega de certificados y fortalecer el acceso a los servicios públicos.
Si bien, es una Ley aprobada en la gestión de Macri, es con la llegada del gobierno de Alberto Fernández que se le dio presupuesto: un porcentaje del impuesto país, -que se aplica a las transacciones en dólares-, más una porción del aporte extraordinario a las grandes fortunas que JxC no votó.
El otro proyecto que llega desde afuera del Congreso es la expropiación del inmueble que ocupó la discoteca República de Cromañón que el 30 de diciembre del 2003 se incendió. Familiares y sobrevivientes impulsan la iniciativa para designarlo como espacio para la memoria. Las huellas de la tragedia ocurrida ya hace 18 años en el porteño barrio de Once y que dejó 194 jóvenes muertos por los efectos del fuego, se revivió con profunda emotividad durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles pasado. Si bien las demoras administrativas no permitieron aún completar el trámite parlamentario, el proyecto está incluido en el temario que convoca a la sesión. Durante el debate la diputada oficialista Vanesa Siley de 38 años de edad, secretaria general del sindicato de trabajadorxs judiciales recordó esa noche terrible: “Quiero contarles que formo parte de esa generación, el padre de mi hijo y uno de los compañeros fotógrafos que trabaja en mi despacho también sobrevivieron". En un acuerdo de todas las fuerzas políticas decidieron llevarlo al recinto sin más demoras. Para ello harán una pausa en el debate por el Presupuesto 2023 que tiene ya convocadas reuniones en la semana. Y así dictaminar 18 horas antes de que suene la chicharra que da inicio a la sesión.
Entre el listado de pendientes hay algunos proyectos que parecen naufragar sin éxito. Salvo que las elecciones del 2023 cambien radicalmente la composición del recinto en Diputados, varias iniciativas que vienen del Senado podrán nunca ver la luz. Principalmente aquellas vinculadas a la democratización del poder judicial. Quedan sin fecha a la vista de tratamiento y con muchas dificultades de juntar 129 voluntades para su aprobación: la modificación de la composición del consejo de la magistratura, la ampliación de las salas del fuero federal con asiento en comodoro Py y ahora se suma la ampliación de la Corte Suprema.
El capítulo “Poder Judicial” se ha vuelto un obstáculo para el oficialismo que no puede sortear las excusas opositoras. El oficialismo sabe muy bien que todos estos proyectos con media sanción del Senado corren con una leve ventaja temporal que les da el reglamento de las cámaras parlamentarias. Al contar con media sanción se extienden los plazos por un año más para su tratamiento, y tienen posibilidad de seguir en carrera. Ese changüí puede o no concretarse, depende del recambio electoral.
En el esquema de pendientes otros dos proyectos que le importan mucho al oficialismo y tendrán que negociar, es el desarrollo agrobioindustrial y el plan de pago anticipado de la deuda provisional, que en los debates en comisiones tomaron impulso pero quedan sin dictaminar. Pero los que seguro podrán ser aprobadas antes del final de este año son tres universidades nacionales (una para La Pampa y otras de en la provincia de Buenos Aires), varios parques nacionales así como también la Ley de tratamiento de neumáticos de un sólo uso.
Hay dos proyectos que quedaron en suspenso sin fecha de resolución, pero que levantan mucha polvareda. Esta semana se esparció el rumor de la suspensión de las PASO después que el rionegrino Luis Di Giacomo dijera que iba a presentar un proyecto para eliminarlas en el canal DTV. El anuncio que nunca se concretó en un proyecto que haya ingresado hasta el momento formalmente, movió las estanterías de propios y extraños que comenzaron a tomar posición. Ahora quienes defendían las PASO las quieren suspender y los que las denostaban como una “encuesta cara” las defienden. Lo concreto es que por el momento no hay avances ni negociaciones al respecto.
El otro proyecto que quedó en suspenso es la Ley de Humedales. En una maniobra de la oposición de JxC que reunió en la Comisión de Agricultura que conduce el radical formoseño Ricardo Buryaille a quienes critican el dictamen que impulsan las organizaciones ambientalistas, y que busca preservar esas zonas del avance descuidado de la producción y el desarrollo inmobiliario, lograron posponer su tratamiento sin fecha cierta para retomarlo. A diez años de la primera iniciativa que se presentó en el parlamento, las voluntades políticas no logran acordar un texto que conforme a todos los sectores en una carrera sin tregua contra el cambio climático.
A estos interrogantes sobre el futuro de los proyectos pendientes se le suma un tercer proyecto listo para llegar al recinto pero que no tiene aún las voluntades para sumar 129 que requiere el reglamento. Se trata de la ampliación del margen de preferencia para las compras de origen nacional que realiza el Estado. La iniciativa se inscribe en las políticas que buscan impulsar el desarrollo del trabajo argentino. Desde JxC no acompañan esa ampliación de márgenes y la definen como “compre caro” y que desde el mes de julio quedó en la base de la pila de pendientes.
La productividad parlamentaria en un año que comenzó con demoras por la complicación en la designación de autoridades e integrantes de las comisiones y atravesado por el debate del acuerdo con el FMI, se acumula al final del periodo con escasas expectativas de concretarlo.
