El gobierno provincial sabe que se juega mucho este miércoles cuando el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi se presente en la Legislatura tras su encuentro no muy fructífero con diputados de la oposición la semana que pasó. En esa reunión la ausencia de la secretaria de Administración Financiera del ministerio, Ana María Morel, complicó aún más las cosas y el ministro terminó enredado en los números de la ejecución presupuestaria. Después se explicó que Morel tiene un perfil absolutamente técnico y que no se sentía segura ante el embate más político de los legisladores. Rodaron rumores sobre su renuncia pero el gobernador Omar Perotti decidió sostenerla en el cargo.

Más allá de los resultados en la gestión de seguridad del gobierno, las cifras de homicidios y la violencia que se incrementó principalmente en los dos grandes núcleos urbanos de la provincia, datos que el oficialismo reconoce; los cuestionamientos de la oposición apuntan directamente a la supuesta subejecución presupuestaria de las partidas por 3 mil millones de pesos que giró nación a la provincia para seguridad.

“Todo lo que vino de nación está invertido”, insiste el ministro de Gestión Pública Marcos Corach y aclara que en muchos casos esa inversión fue en proyectos que requieren ensamblaje y capacitación para manejar esa tecnología. Y el caso que se pone en evidencia son los helicópteros no tripulados para la seguridad pública sobre todo en grandes eventos. “En este caso invertimos en un proyecto en desarrollo, sabíamos que no sería posible ponerlos a funcionar de un día para otro. Pero la provincia ya los tiene y cuando estén totalmente operativos serán de gran ayuda para la seguridad y la prevención”, dijo Corach.

En efecto estos grandes drones que incluso tienen la capacidad de ser artillados, volaron el territorio provincial en dos oportunidades y comandados por los expertos de la fábrica. Fue durante un partido de Colón en Santa Fe y en un recital de Piñón Fijo en Rosario. Y así otra gran cantidad de nueva tecnología en seguridad. “Si nos preguntan dónde están operando todas estas cosas aún no las podemos mostrar, pero que ya son propiedad de Santa Fe no tengan dudas. Y se adquirieron con los fondos de nación por eso decimos que no es verdad que no estén ejecutados”, insistió el titular de Gestión Pública.

Rimoldi mostrará en la Cámara de Diputados detallados cuadros que marcan la ejecución presupuestaria de este año en materia de seguridad. Así, en bienes de uso se ejecutó el 84% del presupuesto, el 88% en el Servicio Penitenciario y el 100% del convenio con nación. El total de lo ejecutado en la materia calculando todos los rubros trepa al 92%.

El ministro de Seguridad se defenderá también con gráficos comparativos acerca de cómo creció la ejecución presupuestaria en materia de Seguridad desde el 2018 al 2021. Es decir, un comparativo que abarca a la gestión anterior. Allí se anota que la ejecución presupuestaria de 2021 creció 29% respecto a 2018. Un 159% respecto a 2019 y un 166% en relación al año 2020.

Ministro de Seguridad Rubén Rimoldi.

Puestos de esta manera los números se ven muy distintos al planteo opositor. “Si vamos a lo que ya se gastó de los tres mil millones autorizados sólo se utilizaron 18 millones”, denunció el diputado Juan Cruz Cándido (UCR). Mientras que para el oficialismo el dinero ya se usó todo e interpreta que esa es la ejecución que hay que tener en cuenta y no el dinero que ya se ve en cuestiones contantes y sonantes.

También la diputada Lionella Catalini había declarado que Rimoldi no presentó la documentación respaldatoria de los fondos asignados por la ley”. Es lo que el ministro, mejor asesorado esta vez, intentará revertir en su visita a la Legislatura esta semana.

Hay un problema más grave que los recursos con los que se cuenta para hacer frente a la inseguridad que, obviamente son fundamentales. La ecuación más inversión menos violencia e inseguridad no siempre es clara. Los millones puestos en inhibir teléfonos celulares en las cárceles son superados con líneas fijas que llegaron en su momento hasta el interior de la cárcel federal que aloja a Guille Cantero. La policía poco formada y en gran medida connivente tampoco responde directamente a las inversiones más o menos abultadas que se hagan.

El de la inseguridad y la violencia en Santa Fe es un problema estructural como la quema en los humedales o la inflación económica a nivel nacional. No es que no se pueda hacer nada, por el contrario, aunque se note poco, mucho se ha avanzado en algunas de estas materias. Pero es necesario comprender que son agendas que deben salir del tironeo cotidiano de la política porque dependen de acuerdos estructurales extendidos.