El Sindicato Único del sector (SUTFRA) aspira a que la inscripción de trabajadores de esa franja se implemente antes de fin de año. Será universal y obligatoria. Con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzan en la creación de un monotributo diferenciado.
El anuncio lo hizo el secretario general de los trabajadores de ferias, Walter Godoy. Estará dirigido a quienes generan sus ingresos dentro la economía popular, en el intercambio comercial minorista y en espacios públicos.
“A Salta no le interesó crearlo, en cambio a Nación sí”, dijo el sindicalista. Su crítica fue directa al Estado salteño, por no avanzar en el modelo de registro único de trabajadores feriantes, tal como acordaron por convenio el 10 de octubre de 2021. “El gobierno de Salta faltó a lo firmado”, aseveró Godoy. “Son culpables de que miles de salteños no accedieran al bono de 20.000 pesos que lanzó hace un mes el gobierno nacional”.
El sindicalista profundizó la situación del sector en la capital norteña. “El único lugar donde existen conflictos es en Salta. No los tenemos, ni siquiera en el conurbano bonaerense”, comparó. “Venimos pidiendo a los gobiernos locales que flexibilicen un poco, que usen el corazón, y aguanten en tomar decisiones. La situación no es buena. Nuestra gente la pasó mal en la pandemia y la sigue pasando mal ahora. Pero Salta no escucha”, expresó luego. “Cualquiera ve trabajadores independientes en las calles. Los llaman informales o ilegales. Para el Gobierno nacional no existen hasta que no estén registrados. Cuando les ofrecimos (por el Estado salteño) el registro gratuito, no quisieron hacerlo. Por eso estoy convencido que en Salta los quieren pobres”.
Walter Godoy incluyó en su crítica la gestión municipal de Bettina Romero contra esa franja de trabajadores de la economía popular. Consideró injusta la medida tomada por la comuna en la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, de reubicar a les feriantes en el Campo de La Cruz, próximo al Monumento 20 de Febrero, lejos del espacio de mayor circulación de salteñes. “Muchos esperaban vender en setiembre durante la festividad religiosa del Milagro, pero en las manzanas del Parque San Martín. No logro entender, ni nadie me lo explicó con criterios lógicos, por qué se adoptaron (estas decisiones) en contra de quienes tanto lo necesitan”.
También abordó otra arista del tratamiento político de los trabajadores del sector en la provincia. “Salta adelantó las elecciones. En el futuro mediato, se van a acordar del feriante. Pero ellos también se acordarán que los golpearon y no los dejaron mantener la única fuente de ingreso”. Godoy se refirió a los choques entre trabajadores precarizados y la policía provincial en el área centro de la ciudad. Son episodios que se repiten desde que el municipio capital decidió “poner orden”.
Justamente #PusimosOrden es el eslogan del reordenamiento propuesto por la actual gestión comunal para feriantes, manteros, vendedores ambulantes, o todes quienes van por la diaria a las arterias más populosas. Godoy se refería a hechos concretos que los afecta: la expulsión por la fuerza policial de los feriantes dispersos en las principales calles de la ciudad. También al proceso de reubicación de quienes viven de la reventa de mercancías. Algunos pudieron rentar un microespacio en galerías habilitadas por la gestión actual del municipio en manzanas populosas. Quienes no contaban con recursos, fueron enviados a ferias barriales. Sin embargo, esos lugares a veces son inviables para el comercio al menudeo, porque el poder adquisitivo de su población de cercanía apenas cubre el sustento diario.
Susana Pontussi, interventora municipal de Espacio Público, explicó el proceso que ejecuta la municipalidad de Salta en relación a la franja de feriantes y otros vendedores. “Les facilitamos las habilitaciones para el subsuelo del Mercado San Miguel, una feria en calle Ituzaingó y otra que se abrió en calle Pellegrini”. Se trata de un grupo de alrededor de 300 personas que logró reubicarse tras los incidentes con la policía entre octubre de 2021 y febrero de este año.
La funcionaria detalló que en la nueva galería habilitada en la calle Ituzaingó “son cerca de 60, en el subsuelo del Mercado suman alrededor de cien, y en Pellegrini 150”. A quienes no alquilaron, la comuna les ofreció vender en ferias barriales. “Son espacios que los estamos potenciando”, dijo Pontussi. “Creamos un régimen simplificado de habilitación comercial. Así es más fácil y más barato habilitar un pequeño kiosco, un espacio de venta de ropa en locales o garages de casas particulares”.
También recordó que la municipalidad ofrece microcréditos desde el Ente de Desarrollo Económico. “No desconocemos que existe mucha reventa, porque es la manera más fácil de comerciar. Desde lo que podemos hacer, ayudamos. Esa ayuda va por el lado del emprendedurismo”, aclaró. Y sin brindar más detalles, reconoció las décadas de precarización. “El empleo formal es escaso. Sabemos eso. Pero desgraciadamente es una situación de la economía en el país la que genera las dificultades”.
Las pulgas en el tiempo
Dos manzanas son protagónicas en la historia capitalina de la economía informal: la del Mercado San Miguel (rodeada por Florida, Avenida San Martín, Urquiza e Ituzaingó), y la que resguarda bajo techo a tres galerías o ferias de pulgas de la ciudad (Ituzaingó, Avenida San Martín, Urquiza y Pellegrini).
El viejo mercado de abasto salteño abrió sus puertas en 1892. En la manzana vecina, las galerías de las ferias de pulgas abrieron en la última década del siglo pasado.
Los tinglados de las primeras pulgas se levantaron sobre la manzana vecina al Mercado San Miguel en la década del 90. Había servido como estacionamiento a les salteñes que compraban alimentos frescos. Fue tal el éxito de esas ferias de pulgas, que el dueño de una de ellas colocó un llamativo cartel de neón justo en el acceso por la calle Ituzaingó. Actualmente las galerías son tres y gestionadas por administraciones diferentes: Centro Comercial del Norte, Galería San Cayetano y Free Shop.
Al viejo cartel de neón lo removió la municipalidad, después del incendio que en junio pasado diezmó buena parte de una de ellas. La comuna argumentó contaminación visual. Pero quizás el hecho expresa con claridad simbólica la actual política municipal hacia los trabajadores de ese sector de la economía popular.
Las lecciones del incendio de junio
Un episodio cercano dejó lecciones a futuro: el incendio que se desató el 9 de junio pasado en una de las ferias de la Ituzaingó frente al Mercado San Miguel. De hecho, la primera de la ciudad, la del cartel de neón. Sus feriantes no contaban con seguro para la mercadería que guardaban en el interior de sus espacios rentados. El “Centro Comercial del Norte” en cambio, sí tenía asegurada la estructura destruida.
“Como la situación económica cambió tanto, los presupuestos para repararla no me sirvieron”, se quejó José Luis Cheadi, dueño de la mítica galería. Luego dió su interpretación sobre una realidad de la economía informal: la profunda precariedad en la cadena comercial y la infinita fragmentación de las responsabilidades. “El seguro no cubría la mercadería de los feriantes”. Aseveró que “por contrato, cada uno de los inquilinos debía pactar el propio. Lo que pasa, es que para las aseguradoras ellos no son clientes”.
Walter Godoy tiene otra interpretación. La falta de cobertura sobre la mercadería que atesoraban los feriantes ocurre “porque la actividad no está registrada”, argumentó. “En todos lados pasa lo mismo, desde La Salada hasta la feria de Perico (Jujuy); desde el ámbito municipal, donde están los mayores abusos, hasta el ámbito privado”. Para el sindicalista, en la informalidad el temor es uno de los principales abusos. “No digo que Pepe (por José Luis Cheadi) los esté amenazando. Digo que con el registro de feriantes y el monotributo diferenciado, van a tener las herramientas necesarias para empezar a pertenecer al sistema. Estar dentro es más beneficioso que estar fuera”, aseguró.
Mientras se repara la galería comercial, el grupo de 16 feriantes damnificados se mantiene expectante sobre las nuevas condiciones de reapertura. “¿Van a pagar nuevamente alquiler o tendrán un período de gracia?”, preguntó Salta/12 a un puñado de ellos reubicados temporalmente en un sector del Mercado San Miguel. Al responder, prefirieron mantener en reserva sus nombres. “Es algo que todavía no charlamos con el dueño de la galería”, dijo uno de ellos. “Sabemos que el sector que se incendió estará listo antes de fin de año”.
Se recuperan de formas disímiles del golpe que recibieron. “Perdimos todo esa mañana. Alquilábamos varios locales porque trabajaba toda la familia. Teníamos seis puestos y nos quedamos sin nada. El incendio se llevó todo y el subsidio ayudó poco”, explicó otra exferiante. Se refería a la ayuda que aportó el gobierno de la provincia al grupo. Otra entrevistada contó que después del incendio, volvió a trabajar en casas de familia. En su caso, el subsidio provincial de $150.000 le alcanzó para cubrir el alquiler del hogar familiar y otras necesidades básicas. Con su trabajo por horas, pudo generar el pequeño colchón para comenzar de nuevo. Es decir, comprar mercadería para volver a feriar.
“¿Recibiste el subsidio del gobierno provincial?”. Un joven senegalés, también perjudicado por el siniestro, respondió primero con una sonrisa y luego asintió con la cabeza. “Todo sirve”, dijo en buen castellano. “También me ayudaron mis compadres. Viajé a Buenos Aires, compré mercadería y aquí estoy, trabajando otra vez”. Otro feriante del grupo que aún se encuentra en el interior del San Miguel no consiguió reubicarse en el subsuelo. “Es imposible alquilar allá abajo (por el viejo estacionamiento). Hay gente que subalquila los espacios que les dió la municipalidad”, se quejó. La interventora de Espacios Públicos negó denuncias por subarriendo de microespacios en el subsuelo del primer mercado salteño.
La última publicación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) solo ofrece algunos indicios sobre la composición de la franja. El 26,4% de los inscriptos declaró como ocupación principal vendedor/a ambulante. El 18,3% se registró como feriante. Aparecieron otras categorías: venta directa 10%, vendedor/a en punto fijo 7,5%, intermediación solidaria 4,6%. Los porcentajes se calculan sobre el total de trabajadores que se inscribieron en el RENATEP entre julio de 2020 y febrero de 2022. Son 3.225.268 argentinos. Los del rubro “comercio popular y trabajos en espacios públicos” sumaron 347.735. Es decir, representaron el 11,8% de la torta.
En la provincia de Salta se inscribieron 179.947 personas. Sin embargo, 21.234 trabajadores informales que declararon formar parte del rubro comercio popular en toda la provincia, no alcanza para componer un panorama más claro de quienes comercian en la precariedad. Se advierte a simple vista: la informalidad crece velozmente en la ciudad de Salta, aunque el gobierno provincial no acuse recibo de su existencia y el municipio Capital busque reordenarla lejos de la mirada del turista.
