Los empresarios del transporte de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor volverán a reunirse hoy en el Ministerio de Trabajo en un intento de última hora por destrabar el conflicto salarial y las medidas de fuerza previstas para este miércoles 12 y jueves 13 que lanzó el sindicato que nuclea a los choferes. De confirmarse el paro de 48 horas afectará a la ciudad ya que UTA Rosario adhiere.

La audiencia será definitoria y es la continuación de la que fracasó la semana pasada. Si bien la medida ya está anunciada, el Ministerio de Trabajo siempre tiene la herramienta de la conciliación obligatoria para estirar las negociaciones entre las partes, más cuando se trata de un servicio esencial como este.

La semana pasada UTA programó la huelga de 48 horas ante la imposibilidad de acordar una actualización salarial hasta fin de año. El sindicato reclama un 35% pero los dueños de los colectivos argumentan que no tienen los recursos para financiarlo. Sostienen que se aumenta la tarifa o se incrementan los subsidios estatales.

“Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional, sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial”, anunció el sindicato nacional. Cabe recordar que para los servicios que se prestan en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya hubo acuerdo. 

"Si bien hay que esperar a ver qué pasa en la reunión entre empresarios y gremios de mañana (por hoy) veo un escenario muy complicado. El gremio defiende el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, y Fatap dice que para eso se necesitan más subsidios o tarifa. Con respecto a que haya más subsidios de Nación, no veo ningún gesto en ese sentido; y en relación a aumentar tarifa ya estamos muy al límite", indicó ayer el subsecretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello a Rosario/12.

De hecho, a fines de septiembre los gobiernos municipales de Rosario, Santa Fe y Córdoba acordaron un aumento de 22% en la tarifa. En el caso de Rosario pasó de 59 a 85 pesos.

Actualmente el gobierno nacional tiene un acuerdo firmado con las provincias que vence el 31 de octubre que compromete 38 mil millones de pesos en subsidios para 2022, son 8 mil millones menos de lo que se había acordado en el Congreso para el Presupuesto de este año y que finalmente no se aprobó. A pesar de eso, los funcionarios del Ministerio de Transporte se comprometieron a garantizar ese monto. 

Esos 8 mil millones faltantes deberían cubrir las necesidades de noviembre y diciembre, pero con el incremento que está solicitando la UTA, en línea con la inflación, los cálculos previos no cierran tampoco.

Como el transporte de pasajeros es un servicio regulado, las tarifas no aumentaron al mismo ritmo de la inflación, que empuja hacia arriba los costos de mantenimiento y salarios. 

A eso se agrega la diferencia notable en el reparto de subsidios entre el AMBA y el resto del país, que recibe mucho menos. Esta disparidad viene de hace años, pero desde la pandemia a este tiempo ha puesto en pie de guerra a los gobernadores de todos los signos políticos, que reclaman un mayor aporte de Nación al sistema. 

El incremento de la masa de subsidios en este rubro fue uno de los puntos del pliego escrito que la Liga de Gobernadores le envió al jefe de gabinete Juan Manzur en las horas previas al ingreso del proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso.

Sin embargo en el Ministerio de Economía la idea sobre qué hacer con las partidas de subsidios en 2023 va en otro sentido. En el proyecto de presupuesto figura una cifra 50% mayor que la prevista para este año, pero la inflación prevista en el propio presupuesto es 60%. O sea que ya hay 10 puntos menos de entrada sobre el cálculo oficial. Además, pocos creen que sea realista al estimación de una inflación de 60%. Todas las expectativas para el año próximo la ubican muy por encima.

Con ese panorama, Osvaldo Miatello avizora difícil que la medida de fuerza de esta semana se pueda evitar. "El único aliciente, a diferencia de los conflictos de 2020 y 2021, es que la recaudación diaria influye más porque se recuperaron la cantidad de pasajeros y la tarifa. Esto hace que a los empresarios no les dé lo mismo que los colectivos circulen o estén parados. En aquellos tiempos influían menos en el financiamiento del sistema".