Cuando el foco estaba puesto en el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, la causa sobre la mesa judicial del macrismo sufrió un cambio brusco. La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió reasumir la investigación sobre las presiones que habrían ejercido funcionarios del gobierno de Mauricio Macri sobre magistrados y magistradas y que ya no sea el fiscal Franco Picardi quien marque el ritmo del expediente. A fines del año pasado, Elisa Carrió –líder de la Coalición Cívica y una de las socias fundadoras de Juntos por el Cambio– había reclamado que Picardi sea corrido de la dirección de la pesquisa.

Capuchetti tiene en sus manos la causa más caliente de los últimos tiempos, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. En ese expediente, ya procesó a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz. La propia CFK dijo que descree que ellos hayan sido los autores intelectuales de lo que sucedió el 1 de septiembre pasado y sus abogados esperan que Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo escalen hacia los posibles nexos con el mundo de la política, de los servicios de inteligencia o que apunten quienes hayan podido proveer financiamiento al grupo que intentó matar a la vicepresidenta.

Días antes del intento de asesinato, Capuchetti le había comunicado a Picardi que iba a reasumir la investigación sobre la mesa judicial macrista –según trascendió a partir de una publicación de Ámbito Financiero–. No hubo demasiadas explicaciones acerca de la decisión de la magistrada pero sí suspicacias por parte de los denunciantes. “Capuchetti va a cerrar muy pronto la causa”, escribió en Twitter el diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade.

A finales del año pasado, Carrió se había presentado en el expediente –sin ser parte– para pedirle a Capuchetti que corriera a Picardi. La dirigente de la Coalición Cívica estaba furiosa por una razón: el fiscal le había encargado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –que depende la Corte Suprema– que recabara las manifestaciones públicas de referentes de Cambiemos referidas tanto a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó como a la integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa porque las dos habían denunciado haber sido víctimas de una campaña de desprestigio e intimidación pública. Entre otras cosas, el informe mostraba que Carrió había pedido que metieran presa a la jefa de los fiscales.

En simultáneo, el exministro de Justicia Germán Garavano le pidió a Capuchetti que anulara el informe de la DAJuDeCO –en sintonía con la presentación de Carrió, con quien no suelen coincidir en casi nada–. A la cruzada se sumó el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. Capuchetti accedió: le pidió a la oficina de la Corte que no siguiera con los otros estudios que había pedido Picardi y excluyó el que ya estaba hecho. Pese a que Picardi apeló, la Cámara Federal porteña apoyó la postura de la jueza.

Como en un juego de pinzas, se presentaron ante la Procuración referentes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires –la entidad privada de la calle Montevideo que representa al establishment y no esconde su simpatía por los represores de la última dictadura– para pedir que sancionen a Picardi y que se frene la investigación. El Colegio de la calle Montevideo había sido uno de los arietes del macrismo contra Gils Carbó.

Que ya no sea quien conduzca la pesquisa es una buena noticia para el macrismo y sus aliados. Aun así, Picardi seguirá interviniendo en la causa, podrá sugerir medidas, pero ya no será quien le imprima el ritmo a la investigación. Está claro que este expediente no será prioridad para la jueza, que tiene la investigación sobre el intento de homicidio de CFK, estuvo de turno y –como viene advirtiendo este diario– tiene una dotación de personal escasa para hacerle frente a todas las investigaciones.

Expectativas para Pepín

Picardi venía centrándose en el rol que tuvo “Pepín” en la mesa judicial del macrismo. El operador –actualmente prófugo en Uruguay– fue mencionado como quien amenazó a Gils Carbó para forzar su renuncia a la Procuración General.

Gabriel De Vedia –exfiscal y actual camarista laboral– fue quien declaró ante Picardi que “Pepín” había reclamado que Gils Carbó renunciara. Si no lo hacía, irían sus hijas y ella presas, dijo. De Vedia se reunió el 26 de octubre de 2017 a las 16 en la Casa Rosada con Rodríguez Simón. Había gestionado la reunión porque es primo hermano de la exesposa de “Pepín”, Soledad De Vedia. En ese marco, se dio esa conversación que Gils Carbó tomó como una clara amenaza que salía desde el centro del poder de Macri.

“Pepín” terminó confirmando la reunión con De Vedia semanas atrás en una entrevista que le concedió a Radio Perfil. Lo hizo después de que CFK mencionara que estaba relacionado con el fiscal Diego Luciani, que pidió doce años de cárcel e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos para ella en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Rodríguez Simón era amigo de Manuel de Abelleyra, el cuñado de Luciani que falleció durante la pandemia.

Picardi había pedido a las compañías telefónicas el listado de llamadas que “Pepín” hizo en la época en la que Gils Carbó estuvo bajo asedio del macrismo. Llegó a recibir esa información, analizó algunas comunicaciones en días clave y volvió a solicitar informes. Quedará para Capuchetti analizar lo que surja de esos pedidos de informes que estaban orientados a descifrar con quién se había comunicado “Pepín” antes del 30 de octubre de 2017, cuando Gils Carbó anunció que dejaba la jefatura de los fiscales.

La causa

La causa de la mesa judicial está centrada en las presiones que habrían sufrido algunos magistrados y magistradas durante la era Cambiemos. Entre otros están considerados como víctimas en el expediente Gils Carbó, Figueroa, los jueces laborales Luis Raffaghelli, Enrique Arias Gibert y Mirta González Burbridge, la camarista civil Marcela Pérez Pardo, la jueza Martina Forns –a quien le dejaron una granada– y Alejo Ramos Padilla, que se convirtió en un blanco del gobierno de Cambiemos particularmente después de que destapara la olla del espionaje con la investigación que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.

Muchos de esos casos habían sido analizados por el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, quien en las últimas semanas del gobierno de Macri firmó un informe en el que daba crédito a las denuncias sobre un plan sistemático de hostigamiento a magistrados y magistradas que no comulgaban con la administración cambiemita.