Los empresarios del transporte de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no alcanzaron a un acuerdo este martes en el Ministerio de Trabajo y el gremio ratificó el paro de transporte urbano e interurbano previsto para este miércoles 12 y jueves 13 de octubre. La medida comienza a la medianoche y afectará al transporte del interior del país, ya que los servicios que se prestan en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya hubo acuerdo.
La semana pasada UTA programó una huelga de 48 horas ante la imposibilidad de acordar una actualización salarial hasta fin de año. El sindicato reclama un 35% pero los dueños de los colectivos argumentan que no tienen los recursos para financiarlo. Y argumentan que se aumenta la tarifa o se incrementan los subsidios estatales.
“Transportamos 9.000.000 de usuarios diariamente y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional, sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial”, anunció el sindicato nacional.
Así, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Córdoba, Salta, entre otras ciudades del país, verán afectados sus servicios durate las próximas 48 horas. La medida de fuerza comenzará a la medianoche. Y, a diferencia de otras oportunidades, las autoridades no pueden interponer una conciliación obligatoria para garantizar la continuidad del servicio dado que la medida ya se interpuso con anterioridad en el marco del mismo conflicto.
En Rosario, a fines de septiembre el gobierno municipal acordó un aumento de 22% en la tarifa que la llevó de 59 a 85 pesos. Aún así, la disputa entre empresarios y trabajadores sigue, tras no alcanzar un acuerdo para el último trimestre del año.
“El gremio defiende el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, y Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) dice que para eso se necesitan más subsidios o el aumento del precio del boleto. Con respecto a que haya más subsidios de Nación, no veo ningún gesto en ese sentido; y en relación a aumentar tarifa ya estamos muy al límite", indicó ayer el subsecretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello a Rosario/12.
Por su parte, César González, secretario general de la seccional de UTA Tucumán enfatizó que se trata de "una disputa entre los Gobiernos nacionales y provinciales sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial", mientras que "el AMBA queda exento porque acordó las paritarias". "El problema es que al AMBA la subsidia el Estado nacional, y por eso se firmó; no así al interior y a la FATAP", agregó.
En Córdoba, el gremio también remarcó esta postura sobre el desacuerdo entre el gobierno provincial y el Estado nacional. "Hemos agotado todas las instancias de negociación en procura de la paz social, a fin de no perjudicar a los usuarios de nuestros servicios en el interior del país, pero debemos luchar por los salarios de los trabajadores, y por un aumento que es reconocido por los empresarios, pero los gobernantes desconocen, obligándonos a tomar las medidas", sostuvieron en un comunicado.
Mientras que Miguel Barrera, secretario general de la seccional Salta. sostuvo que "Transporte de la Nación se comprometió a girar 46 mil millones de pesos para los aumentos y envío solo 38 mil millones”. Y que "lo único que aceptamos es que el incremento se haga efectivo a partir del primero de noviembre”.
Cuáles son los puntos que complican la negociación
Actualmente el Gobierno nacional tiene un acuerdo firmado con las provincias que vence el 31 de octubre y compromete 38 mil millones de pesos en subsidios para 2022, 8 mil millones menos de lo que se había acordado para el Presupuesto de este año que finalmente no se aprobó.
El Ministerio de Transporte se comprometió a garantizar ese monto para cubrir las necesidades de noviembre y diciembre, pero el incremento que está solicitando la UTA supera ese monto. A eso se agrega la diferencia en el reparto de subsidios entre el AMBA y el resto del país.
Las provincias reclaman un mayor aporte de Nación al sistema, y fue uno de los puntos del pliego escrito que la Liga de Gobernadores le envió al jefe de gabinete Juan Manzur en las horas previas al ingreso del proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso.
