El Gobierno nacional presentó una demanda en la Justicia mediante la cual reclamó que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL) de 2018, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, y solicitó una medida cautelar para que el Estado se haga cargo de la administración del Acceso Norte. Asimismo, informó que en breve interpondrá la respectiva acción de lesividad que permita modificar el Acuerdo Integral de Renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A. (GCO). Ambas empresas están controladas por el holding español Abertis.

En lugar de directamente quitar por decisión presidencial la concesión de las autopistas a dichas empresas, el Gobierno optó por encarar una vía judicial que le otorgue, en su visión, mayor sustento institucional a la medida. Así, la cartera que encabeza Gabriel Katopodis informó que, por instrucción del Poder Ejecutivo, la oficina de Vialidad Nacional con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, interpuso una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para declarar nulo el acuerdo de renegociación con Autopistas del Sol S.A (AUSOL).

La demanda recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico. La determinación inicial del magistrado será aceptar o rechazar la medida cautelar solicitada para impedir que Ausol y GCO sigan operando las concesiones. Los otros corredores del país ya están bajo manejo estatal, ya sea porque se trata de contratos que vencieron en el primer semestre del 2020 y no fueron renovados, o porque estaban bajo el sistema de los PPP que fueron cancelados a través de acuerdos con las empresas que habían sido adjudicatarias de esas obras.

Con el pedido de la medida cautelar, el Estado busca ejercer el control sobre los dos principales corredores viales mientras se defina la cuestión de fondo, que consiste en la evaluación judicial del acuerdo de renegociación de 2018, "que comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios", califica Obras Públicas.

"Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso", dijo Katopodis. Es que la renovación del contrato con la española Abertis también salpicó de sospechas al ex presidente Macri, quien tuvo que evitar firmar la extensión del vínculo porque el grupo Socma había tenido participación accionaria en Ausol hasta 2017. Es decir que, según la mirada oficial, Macri otorgó grandes beneficios a los ex socios de su familia y lo hizo apenas luego de vender su participación. Por ahora, la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para los ex funcionarios Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel. 

La renegociación

En 2018, promediando la gestión de Mauricio Macri, las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el Gobierno acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) más de 813 millones de dólares, a partir de pagos de 540 millones a Ausol S.A. y otros 272 millones para GCO S.A. A cambio, las empresas bajarían su reclamo frente al Estado argentino ante el Ciadi. 

"Se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8 por ciento anual. Este interés era capitalizable si el Estado se retrasaba en el pago, y el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a un total de 1161 millones de dólares", detalla Obras Públicas. Sin embargo, como el pago de las cuotas anuales no se completó en los términos de los acuerdos, la suma comprometida en 2018 aumentó a unos 2 mil millones de dólares.

Para justificar la decisión de que el Estado se haga cargo del servicio, el Gobierno continúa explicando que en aquella renegociación "se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria. Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores".

El Gobierno suma dos elementos adicionales establecidos en la renegociación de 2018. En primer lugar, las concesionarias reciben, en forma adicional a la tarifa de los peajes, un canon millonario por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. Ese dinero no cuenta para cancelar la deuda asumida por el Estado. En segundo lugar, todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa sino con un fondo público.

Lesivos

Como paso previo a la presentación judicial el Gobierno emitió el Decreto N°633/2022, que declaró "lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste". 

Asimismo, la norma firmada por el Presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro Katopodis, instruyó a Vialidad a "objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos". Según detalló Katopodis al presentar esa medida, en las estaciones "Debenedetti" y "Márquez", del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual 80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1830 pesos.