Javier Alarcón y Wanda Esquivel, policías de Córdoba, fueron imputados por el fuero federal acusados de limar la numeración del arma que plantaron tras la persecución al vehículo en el que viajaba Blas Correa, el chico asesinado tras un control vehicular hace dos años. Ambos oficiales serán investigados en el marco de un expediente que tiene a su cargo el fiscal federal 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian.
Alarcón está siendo juzgado actualmente por el "homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa" de Correas y sus amigos, mientras que Esquivel está acusada de "encubrimiento", ya que se sospecha que fue la policía quien plantó el arma que le habría proporcionado Alarcón.
El delito que se les imputa es el de "encubrimiento", que si bien tiene una pena de 1 a 6 años y es excarcelable, ambos permanecen detenidos en el marco de la otra causa. El fiscal Hairabedian contó a Télam que el nuevo expediente que afrontarán estos policías es "un desprendimiento de la causa" que tiene a su cargo la justicia ordinaria.
La justicia provincial se dio cuenta que “la numeración estaba suprimida, lo que es un delito federal y remitió copias de las pruebas del arma plantada al fuero federal”, aseguró Hairabedian. Y añadio: "el juzgado recibió las pruebas y las pasó a las fiscalías para que procediéramos".
El juicio en el fuero provincial está en cuarto intermedio hasta el martes 18 de octubre a las 9 para continuar con la recepción de más testigos, por el crimen ocurrido en la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando el conductor del Fiat Argo se asustó y evadió un control policial al ver que uno de los efectivos había desenfundado un arma.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Estos llegarán al juicio como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".
En tanto, los restantes 11 acusados, todos policías, enfrentan los cargos de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber plantado un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.
