La Cámara Federal porteña se sumó a los esfuerzos para que la causa sobre la llamada Gestapo antisindical pase a Comodoro Py y tramite junto con el expediente sobre el espionaje del grupo de espías que operó durante el gobierno de Mauricio Macri conocido como Súper Mario Bros, a cuyos integrantes dos jueces del mismo tribunal consideraron cuentapropistas. El caso Gestapo estaba en el punto justo en que podía empezar a escalar en las responsabilidades. Pero el tribunal avaló el pedido con el que insistía uno de los imputados, Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, como es evidente, confía en que tendrá mejor suerte en los despachos de Retiro que en los de la La Plata. Ahora, todo indica, se abrirá una nueva discusión de competencia que deberá saldar la sala de la Cámara de Casación que integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

La Gestapo

La causa sobre la llamada Gestapo antisindical se abrió a partir del hallazgo en la AFI de un video donde estaba registrada una reunión el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia entre funcionarios ligados a la gobernación de María Eugenia Vidal, empresarios de la construcción y tres directivos de inteligencia donde planificaban el armado de expedientes contra sindicalistas, en particular contra quien comandaba la UOCRA-La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina. El dirigente fue preso el 26 de septiembre de ese año por una causa surgida a raíz de aquel entramado y que la semana pasada fue anulada por el juez del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, Alejandro Esmoris, precisamente porque dio por probada la forma irregular en la que se gestó. Fue una sentencia muy importante que causó perturbación en las filas macristas. La nueva decisión de la Cámara parece una compensación.

En el encuentro filmado en Bapro se podía ver y oír al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, decir que deseaba tener una "Gestapo" propia para terminar con los gremios; además alardeaba que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez”. El juez platense Ernesto Kreplak procesó a Villegas, al senador Juan Pablo Allan, al intendente de La Plata Julio Garro, al exsecretario de Justicia, Arián Grassi y a los directivos de la AFI, De Stéfano, el exjefe operacional Diego Dalmau Pereyra y el exjefe de gabinete del organismo Darío Biorci. Los tres últimos habían estado en la reunión y el armado. Los exfuncionarios de Vidal iban a la AFI y algunos se comunicaban con el juez que llevaba el caso, Luis Armella, ahora denunciado. Hubo espionaje previo sin orden judicial sobre Medina. Según Kreplak se desplegó una estrategia "para-judicial" y los delitos fueron violación a la ley de inteligencia y prevaricato. La etapa que vendría ahora ascendería en responsabilidades, lo que podría tocar tanto a Vidal como a los exdirectivos de la AFI y hasta Macri, quien dirigió una reunión el 4 de mayo de 2017 que fue la antesala de toda esta historia.

Estrategia de un espía

Pero hace rato De Stéfano --en sintonía con otros imputados-- apostaba a que la causa se mude a Comodoro Py como, en rigor, sucedió con la de los Súper Mario Bros que, en sus orígenes, tramitó en Lomas de Zamora. Esa investigación avanzó mientras estuvo a cargo la fiscalía de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en Lomas, y cuando llegó a Retiro la Cámara Federal se ocupó de debilitarla y quitar responsabilidad a las autoridades para esgrimir que los agentes que hacían inteligencia ilegal lo hacían por su cuenta.

Resulta que espiaban a dirigentes políticos tanto propios como opositores (desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta), sindicalistas, referentes sociales, curas tercermundistas y hasta periodistas, además de que se había desplegado un sistema de espionaje dentro de la cárcel de Ezeiza sobre exfuncionarios y otros detenidos. Pero, para Bertuzzi y Llorens, lo hacían en forma autónoma. Por eso confirmaron los procesamientos de los agentes pero revocaron, por ejemplo, los de Arribas, del exdirector del Servicio Penitenciario Emiliano Banco y de De Stéfano. A Silvia Majdalani le suavizaron la situación y quedaron procesados Dalmau Pereyra y el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Farah discrepó porque a su entender había operado una asociación ilícita en el gobierno de Macri que abarcaba a todos. Las diferencias entre los camaristas se ven en el nuevo fallo pero esta vez los tres coinciden en que debe investigar el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi. Señalan una conexión entre el expediente de la Gestapo y el que tramita en Py.

El fallo pro Py

* Bertuzzi y Llorens señalaron que "se observan puntos en común" entre ambas causas y que la que instruye Martínez de Giorgi incluso tiene un "objeto procesal más amplio". Eso mismo había señalado el juez, cuando él mismo reclamó la competencia. Agregaron los camaristas que: "la ejecución de hechos de inteligencia ilegal, la presunta participación en ellos de Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra, así como que Juan Pablo Medina resulte damnificado en ambos, revelan puntos de conexión que habilitan a la tramitación conjunta de los expedientes". "En ese sentido, el período contextual y temporal más vasto, sumado a que el núcleo de las acciones jurídicamente relevantes, tales como la reunión que motivó la denuncia, se llevaron a cabo aquí y que la Agencia Federal de Inteligencia tiene asiento en esta ciudad, habilitan a que el juez de esta jurisdicción sea quien continúe con la dirección del proceso", plantea el fallo.

* Farah ya había opinado que este asunto debía ser resuelto por la Cámara de La Plata, pero los casadores Bronisky y Carbajo anularon su fallo. La cámara platense, por otros planteos, defendió la actuación de Kreplak, pero hoy la llave está en Comodoro Py. Ahora Farah en el caso de los Súper Mario Bros su posición fue confirmar los procesamientos de todos por asociación ilícita. Para él no existía cuentapropismo sino que hubo "una organización que funcionó con posterioridad a 2016 hasta 2019 en espacios territoriales disímiles del país, con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de integrantes o ex funcionarios del Estado, su vínculo o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, estudiantiles, de DDHH ,su carácter de periodistas, así como acciones privadas y/o actividades ilícitos". Entre las víctimas incluía al "Pata" Medina también espiado en la cárcel de Ezeiza.

Para definir que la Gestapo antisindical se debe investigar en Comodoro Py, Farah también dijo que "se imputaron o investigan a personas en común"; "que uno de los damnificados es el mismo", en alusión a Medina; que en ambos expedientes "hay elementos (valorados judicialmente) que indican la existencia de planeamientos previos con notorios patrones análogos e iguales eventuales involucrados, tanto a título activo como pasivo"; "que existe superposición parcial de períodos temporales y territorios afectados por la comisión de los hechos"; "que tanto aquí como allí se encomendó dirigir la pesquisa en deslindar esas posibles responsabilidades en niveles superiores".

César Albarracín, abogado de Medina, mostró su preocupación por la decisión y anticipó que él seguro apelará. Por eso intervendrá la Casación.