El empresario Pablo Daniel Haddad negó haber pagado coimas a funcionarios de la AFIP para que lo beneficiaran con la devolución de créditos fiscales; rechazó que las cuatro firmas vinculadas sean apócrifas y aseguró que el reclamo de reintegro del IVA por exportaciones es una práctica habitual en estas operaciones de venta al extranjero.

También afirmó que Patricia Alonso Massey, que era jefa del área de Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la AFIP, lo convocó a una reunión en la sede de este organismo en la que lo instaban a que dijera que la empresa hecho un pago que nunca había existido. "Pienso ahora que si hubiera accedido, no estaría aquí. Siento que soy en este tribunal el pato de la boda", concluyó.

"Si Pablo es el pato de la boda, yo soy el pavo de la boda", aseguró a continuación el contador Federico Guijarro Giménez, que también rechazó la acusación. "Dijimos la verdad y estamos aquí acusados", recriminó.

Ambos están siendo juzgados por cohecho activo y fraude en perjuicio de la administración pública.

Los otros dos acusados, los abogados Rafael Resnick Brenner, que era jefe de la Dirección Regional Salta, y Nicolás Fili, que era jefe del área Jurídica, prefirieron no declarar. A ambos se los acusa por por fraude a la administración pública. A Resnick Brenner se lo acusa también por cohecho pasivo y concusión (cuando un funcionario exige una coima) y Fili también está acusado por concusión.

"De ninguna manera eran empresas de cartón"

La Minera Santa Rita SRL, de propiedad de la familia de Pablo Daniel Haddad, produce ácido bórico y ácido sulfúrico. A esa empresa están vinculadas la Compañía Minera San Mateo SRL, Transporte San Cristóbal SRL, Maktub Compañía Minera SRL y Sulfhaar SRL. La acusación sostiene que fueron creadas para abultar los montos de devolución de impuestos por exportación. Ayer Haddad rechazó esta acusación, dijo que las firmas podían ser "un poco desprolijas pero de ninguna manera eran empresas de cartón".

Estaban vinculadas, reconoció, "pero de ninguna manera pueden ser, como se dijo en este tribunal, llamadas empresas de cartón".

Sostuvo que las empresas mineras y sus operaciones tienen regulaciones. La provincia otorga el certificado de minería, y otorga también las guías de tránsito "para cada camión" que transporta el mineral desde los salares a la planta de la empresa ubicada en Campo Quijano. En San Antonio de los Cobres hay un control de peso y en Ingeniero Maury, un control de Gendarmería Nacional donde se sella cada guía para que no pueda ser usada dos veces, añadió.

Explicó que la cantidad de mineral que se traslada a la planta es ostensiblemente mayor al producto final de los ácidos que la firma comercializa. "Si la AFIP no lo entiende puede salir de la comodidad de sus escritorios", ir a Campo Quijano, ir a ver como se extrae el mineral, como se lo transporta y se lo prepara, chicaneó.

Contó que desde 2008 llevan a cabo esta actividad, que exportan entre el 75 y el 85% de su producción, a Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y otros destinos. Y desde hace años mantienen la operatoria de pedir la devolución del IVA por las exportaciones, dado que este impuesto no se cobra en la venta al exterior. "Se van acumulando créditos comerciales que la empresa paga a sus proveedores" y dado que se trata de operaciones que demandan tiempo, unos 180 días, se acumulan créditos fiscales, llegaron a tener 18 pedidos de devolución del IVA en trámite en la AFIP, contó.

"No es fácil para una empresa familiar tener la obligación de pagar los salarios", afirmó antes de contar que se encontraban en una situación de gran dificultad cuando hicieron las gestiones para que les devolvieran el IVA. Era el final de 2014 e inicios de 2015, el final de un ciclo político "y no salían los créditos fiscales", por eso se reunieron con la Cámara Minera, con el secretario de Minería de Salta y, a través de él, con su par del gobierno nacional, a quien le plantearon la necesidad de que "no se frene el reintegro del IVA". Fue, dijo, "una gestión de buenas prácticas" y fue "transparente".

Sin embargo, al poco tiempo, con la nueva gestión de gobierno, les llegaron intimaciones de la AFIP, las respondieron y el organismo les inició un sumario y les detrajo todo lo devuelto en concepto del IVA. "La hipótesis que maneja la AFIP de que adulteramos las devoluciones es imposible por la misma reglamentación de la AFIP", afirmó. E insistió en que en 24 años de operaciones, solicitaron la devolución del "IVA desde el día uno (y) hasta el día de ayer lo seguimos haciendo" y la AFIP lo devuelve porque es legal y corresponde.

Haddad dijo que recurrieron a la justicia, pero cuando les rechazó un amparo se acogieron a una moratoria, saldaron toda la deuda, y continuaron operando "igual que entonces".

"Bajo ningún concepto se hizo ningún pago (irregular) ni acá ni allá", aseguró a su turno el contador Guijarro Jiménez al rechazar que hubiera entregado una coima de $1.200.000 a Fili, para que el organismo autorizara la devolución del IVA.

Guijarro Giménez destacó que fue docente de la Universidad Católica de Salta, y fue decano de la carrera de contador público, donde cursó Eilif Riise, por eso sabe que es contador, dijo, en respuesta a una discusión del primer día de audiencia con la fiscalía. Riise es denunciante en este proceso.

"La existencia de estas cuatro empresas hizo posible que Minera Santa Rita exportara ácido bórico", porque a través de ella hacía más eficiente la relación costo - beneficio, sostuvo.

Usina de créditos fiscales

Martín Alfredo Knudtsen, que era jefe interino del área de Investigaciones de la Dirección Regional de la AFIP cuando ocurrieron estos hechos, inauguró ayer las testimoniales. Aseguró que las investigaciones de este organismo concluyeron en que las empresas San Mateo, San Cristóbal, Maktub y Sulfhaar reunían "las condiciones de una usina de créditos fiscal creada al solo efecto de facturar créditos o gastos no legítimos de un mismo grupo económico". Reunían "los requisitos para caracterizar a esas cuatro empresas como apócrifas", aseguró. Y sobre la base de estas conclusiones el área de Revisión y Recursos pidió que se investigara a Minera Santa Rita.

Knudtsen relató que intervino en este caso porque la AFIP había rechazado devolver reintegros del IVA retraídos a Minera Santa Rita SRL, esta firma había presentado un recurso y el área de Revisión y Recursos, que dirigía entonces Alonso Massey y entendía que la empresa había creado cuatro firmas apócrifas para "abultar el reintegro de impuestos", le solicitó a fines de 2013 que se hiciera una investigación más profunda para dilucidar si efectivamente era así.

El pedido siguió el camino administrativo, la investigación fue aprobada por Resnick Brenner, y se emitieron las cuatro "órdenes de intervención" a San Mateo, San Cristóbal, Maktub y Sulfhaar.

El testigo dijo que en su área no encontraron elementos para contradecir la hipótesis de Alonso Massey, que había indicios en ese sentido: por ejemplo, la transportista usaba camiones de Minera Santa Rita, encontraron casos en los que el chofer era empleado de otra empresa del grupo; además, "ninguna de las empresas tenía un patrimonio acorde con el monto que operaba".

Contó que en septiembre u octubre de 2014 participó de una reunión convocada para tratar el tema de Minera Santa Rita en la que además estuvieron Resnick Brenner, Fili, Alonso Massey y el jefe de Fiscalizaciones, Marcelo Herrera. Resnick expuso sobre "la importancia de la minería en Salta" y él terció: "La minería es importante siempre y cuando tribute lo que corresponde", entonces el director le pidió que se retirara y luego lo llamó Alonso Massey: "Quieren que salga bien lo de Minera Santa Rita", le dijo. Para entonces ya una de las investigaciones habia sidosubida al sistema de la AFIP y confirmaba la hipótesis inicial. El testigo dijo que le planteó a Alonso Massey que era imposible que saliera un dictamen a favor de la devolución de los reintegros detraídos.

Luego no supo más, "pero sí tenía en claro que algo no andaba bien", añadió, y concedió que por comentarios supo que la AFIP había devuelto los reintegros detraídos. En diciembre de 2015 hubo un cambio de jefatura y cuando se reunió y le transmitió al nuevo director, Mario Guillermo Pastorino, que en uno de los expedientes de Minera Santa Rita "había habido irregularidades". Poco después, cree que en enero de 2016, este funcionario le informó que iba a abrir un sumario. Luego se conocieron los resultados de las otras tres investigaciones y la conclusión de que eran "una usina de créditos fiscal".

El testimonio de Knudtsen seguirá en la próxima audiencia, el 25 de octubre. Ayer tuvo que esperar para empezar a declarar porque la defensa de Rafael Resnick Brenner pedía escuchar antes las grabaciones de tres escuchas telefónicas realizadas en julio de 2015. Tras una discusión con la fiscalía, el tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule y Federico Díaz y la jueza Marta Liliana Snopek, rechazó el planteo.

Y luego, cuando promediaba su declaración hubo otra discusión, aunque más breve, porque luego de que el testigo dijera que la AFIP dio de baja las claves fiscales de San Mateo, San Cristóbal, Maktub y Sulfhaar, el fiscal federal Carlos Amad le preguntó si luego había vuelto a saber de esas empresas. Entonces Knudtsen recordó que supo de ellas en 2019 cuando participó en calidad de investigador en la causa CECSA, que se investigaba en el Juzgado Federal N° 1 de Salta. Le tocó investigar documentación secuestrada en un allanamiento realizado en el domicilio de Francisco Guzmán Garriga, que "se dedicaba a la confección de facturas apócrifas", un detallista que documentaba todas sus operaciones. Como en 2013 estas cuatro empresas habían sido fiscalizadas por la AFIP, en los libros de compra identificaron comprobantes cuyo número coincidía con las facturas apócrifas realizadas Guzmán Garriga. "Las cuatro empresas habrían sido usuarias de créditos fiscales creados por Guzmán Garriga", afirmó.