Julián Hofele es abogado laboralista y docente de Derecho del trabajo en la UBA, además de integrar la Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (Ueplas). En diálogo con Cash, afirma que la puesta en agenda por parte del gobierno el tema de los juicios laborales busca desviar la atención sobre los daños que produce su política macroeconómica en el aspecto laboral, así como preparar el terreno para un modelo similar al chileno de bajos salarios y flexibilización laboral.

¿No existe una industria del juicio?

–Creo que la misma denominación “industria del juicio” no ayuda, pueden ocurrir situaciones de forma aislada, pero no hay ninguna base sólida ni rigor estadístico para sostener que el aumento de las demandas se vincula a falsos testimonios, porque además ningún trabajador quiere ir a juicio y esperar años para ver si cobra. Lo que sí observo es una búsqueda permanente de las ART de evitar hacerse responsables de lo que les toca. Es un sistema en el que los empleadores pagan puntualmente una ART, actividad que a diferencia de otros países se encuentra privatizada, y cuando el trabajador se accidenta, es el mismo empresario el que muchas veces alienta el reclamo a la ART, ya que para eso les paga.

¿Y en el caso de las contrataciones irregulares?

–Las ART, que tienen sus sistemas de prensa e instalación en el discurso público muy aceitados, confunden entre los juicios por accidentes, que deben pagar ellas, y los contrataciones irregulares o empleos no registrados, que deben afrontar las empresas. La proporción de juicios por ambas cuestiones está bastante repartida, y en el último caso vemos que existe un sistema que no da respuestas previas al juicio, donde el derecho aparece solo cuando la relación laboral irregular finaliza, porque cualquier trabajador sabe que si reclama es despedido. Entonces estas relaciones laborales siempre terminan en un reclamo, ya que el Estado no tiene una intervención activa para anticiparse, con inspecciones que en el caso de la Ciudad fueron prácticamente vaciadas desde los tiempos de Macri como jefe de Gobierno.

¿Hay vinculaciones entre la defensa oficial de las ART y el hecho de que estas aseguradoras mueven 230 mil millones de pesos en el mercado de capitales?

–Sin dudas, para un gobierno con eje en lo financiero, el capital que mueven las aseguradoras les implica un cuidado y protección especial, al punto que la más importante ley laboral de estos 18 meses es sobre Riesgos de Trabajo, para lo que incluso el gobierno se ocupó de llegar a un consenso con CGT. En este caso vemos que no se trata de un Estado ausente, sino muy presente para regular a favor del capital.

¿Cuál es su opinión de la nueva Ley 27.348 sancionada este año que incorporo la obligatoriedad de las comisiones médicas?

–Representa más burocracia, pero sobre todo plantea un problema porque esas comisiones son financiadas por las ART, que terminan siendo juez y parte y de hecho tradicionalmente minimizan los daños sufridos por el trabajador. Es cierto que su informe no es vinculante en la justicia, pero ya hay una primera resolución, y es muy común que los juzgados tapados de expedientes tomen como referencia esos informes.