Autoridades educativas y defensoras de las niñeces nacionales y bonaerenses, al sumarse al reclamo por la no matriculación para el ciclo lectivo 2023 de ocho alumnos con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad, coincidieron con que "en una buena escuela no tiene lugar la discriminación" y advirtieron que la decisión del colegio "es ilegal porque va contra ley provincial y contra la ley nacional que en todo el capítulo de educación especial habla de los principios generales de la política de educación".

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, intimó este miércoles a las autoridades del Colegio Magno de Pilar a retrotraer, en 24 horas, la decisión de no matricular a los ocho niños.

"Esta decisión es completamente discriminatoria, no solo atenta contra los derechos de los niños y niñas que quedaron sin vacante, sino también contra todo el grupo escolar, sus familias y toda la sociedad", manifestó.

En ese sentido, Lorenzino indicó que "la Defensoría está a disposición, ya tomamos contacto con los padres y madres, y la decisión es que los niños y niñas sigan en el colegio. Esto no es un derecho de admisión, es vulnerar derechos internacionales de niños y niñas", advirtió. "Acá hay un solo camino, y es que los alumnos y alumnas permanezcan en el colegio, ya que debemos garantizar la educación integral, inclusiva y permanente para todos", expresó.

De este modo, la Defensoría también acompaña e impulsa la intimación que realizó el Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, para que el Colegio Magno de Pilar retrotraiga su decisión.

En la carta dirigida a la Representante Legal del Colegio Magno, Florencia Friedheim, el Defensor del Pueblo requirió que, "en el plazo improrrogable de 24 horas de recibida la presente, y amparado en las atribuciones, misiones y funciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y los alcances de la Ley 13.834, retrotraiga la decisión de no matriculación de los niños y niñas".

"El principio de igualdad y no discriminación es un eje vertebrador del andamiaje de promoción y protección de los derechos humanos. En virtud de lo expuesto, comprendo que, el único camino posible y desenlace apegado a las normas locales, constitucionales y convencionales, es la matriculación de las y los niños/as y se garantice el acceso a la educación", sostuvo Lorenzino.

Pablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, sostuvo a Télam que todavía no recibieron "nada" y están "expectantes" de cara al plazo que vence mañana para que el colegio retrotraiga su decisión.

El martes a la noche, la cartera educativa también intimó al Colegio Magno, ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, a retrotraer en el plazo de 48 horas la decisión de no renovarles la matricula a los estudiantes.

Esta mañana, Sileoni expresó en sus redes sociales que tienen "la firme convicción de que las instituciones educativas son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado", y que "en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante".

Por su parte, Marisa Graham, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, advirtió que "la actitud de este colegio es ilegal, ilegítimo. Es profundamente discriminatorio".
 La funcionaria afirmó a Télam que su dependencia se puso "en contacto con la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires y la Provincia actuó rápido. Nos informaron que apercibieron al colegio porque los argumentos son de una intolerancia y una discriminación muy desagradables".

Graham también reiteró que la decisión del colegio "es ilegal porque va contra ley provincial y contra la ley nacional que en todo el capítulo de educación especial habla de los principios generales de la política de educación".

Allí se explicita que "no se puede rechazar a un niño bajo cualquier modalidad, y todas las escuelas tienen que estar preparadas para ser inclusivas, integradoras e identificar tempranamente posibilidades de discapacidad".

La funcionaria agregó que los chicos "ya estaban en este colegio, lo cual empeora la situación, desde el punto de vista subjetivo, porque ellos ya venían desarrollando sus trayectorias escolares. Estaban incluidos con sus compañeros, sus maestras, su ámbito con todo lo que eso significa en inclusión y protección".

El rechazo sufrido por estos alumnos, en un lugar que ya les pertenece, "se convierte en un medio hostil y discapacitante para el año que viene", advirtió.

Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, señaló que se han puesto "a disposición de las familias afectadas para acompañarlas y asistirlas. Asimismo, nos encontramos articulando con la Secretaría de Educación de Pilar y la Dirección de Escuelas Privadas de la provincia de Buenos Aires para la adopción de las medidas pertinentes que tiendan a una pronta solución".

Galarraga advirtió que "lo ocurrido en este colegio de Pilar es un claro ejemplo de una escuela privada que se olvidó de su misión y opera por reglas capacitistas, con enormes prejuicios y con total falta de conocimiento en relación a las personas con discapacidad, sus derechos, su potencial, los mecanismos y herramientas de apoyo y, por su puesto, de la legislación vigente".

El 30 de septiembre, el colegio informó en una nota a cada padre que sus hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad no podrían ser matriculados para el ciclo 2023.

Al respecto, la cartera educativa precisó anoche que, "ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Colegio Magno de Villa Rosa, donde ocho familias recibieron" la "información de que sus hijas/os no serían rematriculadas/os para el ciclo lectivo 2023, la DGCyE comunica que dicha disposición incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública".

"En los artículos 4 y 5 entre otros, la ley prescribe la responsabilidad de la provincia a través de su DGCyE de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes. Asimismo, su Decreto 552/12 reglamentario establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento", añadieron.

Los padres habían denunciado que el dueño del Colegio Magno de Pilar "comparó el contrato pedagógico con uno de alquiler".

El colegio que ofrece nivel inicial, primario y secundario fue construido en 2009, cuenta con 8.000 metros cuadrados cubiertos, ocupa un total de 2 hectáreas, y ofrece amplios espacios verdes, según consta en su página web.