La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) empezará este jueves a analizar si el Estado argentino debe ser condenado por no prevenir el atentado a la AMIA y por no haberles brindado verdad y justicia a las víctimas. Los integrantes del tribunal regional escucharán –durante las audiencias que se celebrarán en Uruguay– a los representantes de Memoria Activa y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que hace 23 años llevaron el caso al sistema interamericano ante la imposibilidad de obtener justicia en el país. La definición –que se presume adversa para el Estado argentino– podría llegar en los próximos meses.

En julio de 1999, Memoria Activa presentó una denuncia contra el Estado argentino porque la investigación sobre el ataque a la AMIA no solo no daba respuestas sino que se insinuaba como un muestrario de escándalos que involucraba al poder político, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. El tiempo mostró que sus integrantes tenían razón.

En 2004, el juicio que se hizo por el atentado terminó en nada después de que el tribunal advirtiera que el juez de la causa, Juan José Galeano, había involucrado a un grupo de policías bonaerenses en el atentado sin haber tenido nada que ver. Después de ese fracaso del Poder Judicial, el gobierno de Néstor Kirchner firmó un acuerdo de solución amistosa con Memoria Activa y el CELS. El Estado se comprometió a impulsar la investigación –tanto del atentado como del encubrimiento– y a llevar adelante una serie de reformas para impedir que volviera a ocurrir.

Sin embargo, ante la falta de resultados, Memoria Activa y el CELS pidieron dar por terminado el acuerdo de solución amistosa y llevar el caso ante la Corte-IDH. En marzo del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañó su pedido y sostuvo que el Estado argentino es responsable de la impunidad.

El Estado argentino ya reconoció su responsabilidad en el caso: lo hizo en 2005 y la gestión de Alberto Fernández también respondió en sintonía al planteo de los peticionarios. Pese a eso y como hay algunas diferencias entre lo que plantean los peticionarios y el Estado, se pidió que el tema se tratara en audiencias públicas por la trascendencia del caso pero sobre todo como forma de reparación para los familiares que impulsan el reclamo.

Durante la jornada del jueves, la CIDH hará una presentación del caso ante los jueces de la Corte-IDH. Será una introducción antes de que declaren las dos referentes de Memoria Activa, Diana Wassner y Adriana Reisfeld, que perdieron a sus seres queridos con el atentado del 18 de julio de 1994. Diana es la esposa de Andrés Malamud, el arquitecto que estaba a cargo de la refacción del edificio de la calle Pasteur. Andrés tenía 37 años, dos hijas chiquitas y toda una vida por delante con Diana. Adriana es la hermana de Noemí Reisfeld, trabajadora social en la AMIA y madre de dos hijas pequeñas.

Después, la Corte-IDH escuchará a dos peritos ofrecidos por la Comisión y a dos peritos ofrecidos por Memoria Activa y el CELS. Por sugerencia de la CIDH, declararán Martin Scheinin, exrelator especial de Naciones Unidas sobre terrorismo, y Blanca Bazaco, una experta en archivos. Por pedido de los peticionarios expondrán Natalia Federman, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.

El debate

Los alegatos de las partes con probabilidad serán el viernes. Allí se resumirá toda la discusión. La representación estatal reconocerá que Memoria Activa tiene razón en su reclamo y valorará el rol que esta organización ha tenido en el reclamo de verdad y justicia sobre el caso AMIA. 

Los ejes que abordarán son los siguientes:

  • La falta de avances en la investigación sobre el atentado y el encubrimiento. En este punto, es factible que tanto el Estado argentino como los peticionarios apunten a la inacción de la UFI-AMIA, que el año pasado pidió sobreseimientos en la llamada pista siria pero que no hizo nuevos aportes en la dilucidación de la verdad de lo sucedido. En el único momento que hubo progreso fue cuando estaban a cargo de la Unidad los fiscales que designó Alejandra Gils Carbó y lograron, por ejemplo, identificar a la víctima 85 del atentado.

  • La desclasificación de los archivos sobre el atentado y las “investigaciones”. El Estado argentino destaca los decretos de Cristina Fernández de Kirchner de 2015 y de Alberto Fernández de 2020, pero Memoria Activa y el CELS plantean que aún hay dificultades para el acceso y pretenden que se avance hacia la concreción de un archivo histórico sobre el atentado y el encubrimiento posterior.

  • Reforma de los servicios de inteligencia. Un punto que valoran los peticionarios es que durante la gestión de Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se resolvió que los espías no puedan actuar como auxiliares de la justicia. Sin embargo, sostienen que aún debe regularse cómo se incorpora información de inteligencia a expedientes judiciales. En la causa AMIA, coincidían tanto los fiscales de la UFI-AMIA que asumieron tras la muerte de Alberto Nisman como el exjuez Rodolfo Canicoba Corral, había mucha información de inteligencia y poca prueba.

Uno de los puntos que más les interesa a los integrantes de Memoria Activa es cómo se contribuye a la memoria de lo ocurrido, por eso harán posiblemente hincapié en que los archivos deben ser accesibles para toda la sociedad y en cómo se contará lo sucedido en las escuelas y en los centros de formación. Muchas veces en instancias internacionales se denominan estos planteos como medidas de no-repetición. En Argentina, hay una frase que lo resume y que toca fibras muy sensibles: Nunca Más. Eso también siguen pidiendo --28 años después-- para el caso AMIA.

Las audiencias podrán seguirse desde el canal de YouTube de la Corte-IDH.