Carolina Vasconcelos, sobreviviente de Elpidio Guaraz(63), el intendente de la localidad de Bañado de Ovanta, Catamarca, imputado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, manifestó en sus redes sociales su dolor. Fue luego de escuchar las manifestaciones públicas de su agresor, quien normalizó como una "relación de pareja" lo que tuvo con ella cuando era sólo una niña de 15 años y él tenía 55.

Guaraz no asistió el martes a la audiencia indagatoria por los delitos por los que fue acusado, y se excusó diciendo que sus defensores le habían aconsejado no presentarse. No obstante, en declaraciones a los medios de comunicación, hizo referencia a que tuvo una relación con la adolescente, normalizando la diferencia de edad, sin tener en cuenta que la ley establece que se trata de un delito cuando las víctimas tienen menos de 16 años.

Asimismo, mencionó que tanto la madre de Carolina como el resto de su familia lo apoyaban a él, cuando la sobreviviente dijo varias veces que su familia la dejó sola porque el Intendente les ofreció dinero y puestos de trabajo en la municipalidad que él dirige desde 2008.

“Hoy una vez más se me obliga a revivir lo que intento todos los días dejar atrás... el calvario que empezó cuando tenía 14 años y que con gran soltura el pedófilo la expresa en los medios de comunicación ´una relación de mucho tiempo´... sí, una verdad, solo que incompleta. Faltó decir cuántos años tenía yo, cuándo empezó la tortura y sumado a eso los años que pasé soportando todo tipo de maltratos, abusos y amenazas que le costarían - según me decía - el puesto de trabajo a mi madre, trabajo que se lo entregó como regalo de mi cumpleaños número 15, un detalle que también olvidó hacer público”, dijo la joven en sus redes.

“Cuánto dolor hoy a la distancia me trae ese recuerdo, más dolor aún haber tenido que escapar de mi casa para intentar salvarme de las garras del monstruo, porque la red de complicidad se hizo cada vez más grande al punto tal que mi propia madre, me negó su protección. Una historia poco común dirán muchos y me tocó a mí, ser parte de ella”, continuó.

“Este monstruo "𝗣𝗘𝗗Ó𝗙𝗜𝗟𝗢" enfermo, que arruinó mi adolescencia y mi vida entera, se especializa en abusar del poder que ostenta, para dominar a personas débiles y necesitadas como lo fue mi familia. Esto no justificará jamás las posiciones que tomaron. Me pregunté una y mil veces, qué hice, por qué no me ayudaron para salir de ese infierno, por qué fui elegida para tamaño sacrificio. Todas preguntas sin respuestas... y hoy mis preguntas aumentan. ¿Hasta cuándo seguiré esperando que la Justicia actúe? ¿Hasta cuándo la perspectiva de género será una declamación?”, se preguntó la joven.

“Necesito ayuda, necesito protección, resuenan en mi cabeza las amenazas de muerte, resuenan en mi cabeza los discursos sobre el apoyo del poder, ` a mí nadie me hará nada´... Siempre temí hacer la denuncia porque sabía que el camino sería largo y hoy tengo miedo de quedar en el camino”.

“Me sostienen en esta lucha una parte de mi familia, que trabajan dignamente todos los días, me cuidan y me levantan cada vez que caigo. Cabe aclarar que no pertenezco a ninguna organización política. Solo busco justicia. Justicia que todavía no encuentro, sin embargo tengo que seguir soportando el abuso, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo las instituciones tomarán en cuenta mi sufrimiento y dolor?”

“Denunciar un delito de esta magnitud significa vivir una vida sin libertades, cargada de temores, de noches sin dormir, de llantos sin fin. Solo pido que me ayuden a visibilizar mi dolor y que quienes tienen en sus manos el poder de decisión lo tomen, no se conviertan en cómplices de delitos tan graves. El abuso tiene una diversidad de manifestaciones, hoy lo aprendí, hoy lo puedo ver y hoy me sentí nuevamente abusada. 𝗧𝗘𝗡𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗘𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗠𝗜 𝗩𝗜𝗗𝗔. AYUDA”.

Decisión

Catamarca no tiene una Ley que permita suspender a un intendente por inhabilidad moral. El único intento fue ley sólo algunos días durante julio del año pasado, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.

La norma modificaba el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal, regulando la suspensión y destitución de intendentes o de concejales en caso de ser condenados penalmente por un delito doloso, o incurrir en desorden de conducta en ejercicio de sus funciones o por inhabilidad física o moral grave sobreviniente.

El caso de Guaraz es “especial” ya que el municipio de Bañado de Ovanta que dirige tiene un Concejo Deliberante. Es decir que son los concejales quienes deberían iniciar el juicio político correspondiente, en el caso de que existieran imputaciones, apelando a la inhabilidad moral. Sin embargo, esa decisión no se tomó pese a la gravedad de la nueva acusación que, además de prever prisión preventiva, en caso de ser condenado podría obtener una pena de más de 20 años de prisión.