La Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Miguel Ragone presentaron ayer un proyecto de Ley de Memoria, Verdad y Justicia. El fin es generar conciencia y visibilización de las violencias estatales desatadas contra los pueblos, a través de políticas públicas que comprometan al conjunto de la sociedad civil y a todos los sectores políticos democráticos en la defensa de los derechos humanos. 

La iniciativa de los organismos de derechos humanos representa una demanda histórica que se mantiene desde el retorno a la democracia. El proyecto fue presentado ante el diputado por Capital David Leiva, con quien se trabajó en la elaboración final de la propuesta. 

Principalmente, el proyecto impulsa el diseño de políticas públicas que trabajen en la formación y educación en derechos humanos. Y que también se promueva el señalamiento de los sitios de memoria, en especial los centros clandestinos de detención y tortura de la provincia, y que se intensifique el trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, que ya funciona mediante decreto 1741/08, pero con muchas dificultades, según señalaron. 

Tambien propone la creación definitiva de la Comisión Provincial de la Memoria, que funciona mediante reglamento interno, aprobado por la resolución Nº 1609/14 del entonces Ministerio de Derechos Humanos. En este caso, se pide que esa comisión "reúna a nuestros máximos referentes en la lucha de los organismos de Derechos Humanos, y miembros del estado, para que juntos puedan seguir diseñando políticas públicas", según señalan los fundamentos de la iniciativa. 

En ese sentido, Leiva dijo que "cualquier proyecto que trate la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser una bandera que tenemos que levantar todos". Sobre todo, cuando se presenta en "la casa de la democracia", en referencia al Palacio Legislativo. 

Precisamente, la Cámara de Diputados de Salta fue querellante en la causa que investigó la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976, y que obtuvo su primera sentencia el 11 de octubre de 2011. Esa querella va "en consonancia con el espíritu de este proyecto", se detalló. 

Aún así, Blanca "Nenina" Lezcano, referente de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e integrante de la Mesa, recordó que cuando se retornó a la democracia, muchas ex presas políticas y familiares, acudieron a la Legislatura provincial "para que se conformara una bicameral", que investigara los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia y "No lo logramos", sostuvo, subrayando que eso no cambió en la actualidad. 

Por eso aseguró que no sólo se debe aprobar esta propuesta legislativa, sino que también se debe lograr "el compromiso de los legisladores".

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 27 de septiembre, y ya cuenta con estado parlamentario. Además de Leiva, entre los diputados firmantes se encuentran Esteban Amat, Patricia del Carmen Hucena y Germán Rallé; mientras que entre los senadores están Miguel Calabro, Diego Cari, Emiliano Durand y Sonia Magno.

Legislar por las nuevas generaciones

Durante la presentación se reiteró el objetivo de que esta ley permitiría que las nuevas generaciones "tengan la posibilidad de saber todo lo que fue el terrorismo de Estado". "No por una cuestión nostálgica o por saber los hechos, sino para tener la suficiente alerta", sobre los sucesos que ponen en riesgo a la democracia, sostuvo Lezcano. 

En ese sentido, manifestó que en la actualidad persisten los sectores que niegan el terrorismo de Estado, "a pesar que tenemos los juicios en desarrollo". Por ello, aseguró que las nuevas infancias, adolescencias y juventudes son las "mayores responsables" de difundir la memoria porque "son el resultado de la democracia". 

En la misma sintonía habló la ex detenida política Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet y parte de la Mesa, quien reiteró que es una legislación muy esperada en la provincia, ya que es "imprescindible que las nuevas generaciones vean que estos hechos aberrantes no tienen que volver a suceder". Destacó que por eso se debe trabajar fuertemente en políticas de educación en la memoria. 

"No se puede construir un futuro sin una memoria y sin una identidad", afirmó Leonard,  quien indicó que la importancia del proyecto también responde al contexto actual que se vive en el mundo, donde hay una reiterada violación a los derechos humanos. Sostuvo que "se debe recuperar los valores y luchar por una sociedad más justa, como quisieron nuestros compañeros". 

Por su parte, Elena Rivero, de la Asociación Coca Gallardo y miembra de la Mesa, manifestó que como organismos de derechos humanos tienen la esperanza de que este nuevo instrumento legal se constituya como un parámetro para que desde el Estado se pueda profundizar en el tema, a través de la creación de nuevas políticas públicas. "No puede existir la memoria si no hay un compromiso del Estado", afirmó.  

Añadió que existen tratados y legislaciones internacionales y nacionales que abordan el tema, y señaló que es necesario que haya una educación en la memoria en todos los niveles educativos. "Hay una grave falencia porque nuestros niños no saben qué pasó en la Masacre de Palomitas o quién es Miguel Ragone", ejemplificó, instando a que todo trabajo estatal debe ser abordado y trabajado de manera conjunta con los organismos de DDHH. 

Est proyecto de ley pudo ser abordado y articulado entre las organizaciones y el Poder Legislativo, destacó Elia Fernández, integrante de HIJOS Salta y de la Mesa. Por lo que, aseguró que de aprobarse, el paso siguiente es "coordinar con el Estado acciones que sean políticas justas en memoria". Y agregó que también se debe reconocer el genocidio de los pueblos indígenas.

Mientras que para Fernando Pequeño, de la Asociación Miguel Ragone, la existencia de esta ley garantizará "que algunos sectores puedan seguir abriendo las miradas para reconocer esos procesos violentos" que se dieron en el país. 

Pequeño también resaltó la urgencia de tener una legislación de estas características, ya que "se agota el tiempo físico" de quienes padecieron en primera persona el terrorismo de Estado y de quienes fueron los responsables. "El desafío es que leyes como éstas permitan que nuestros niños puedan seguir reivindicando la verdad, la memoria y la justicia", expresó.