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La denuncia del abuso de una nena de 14 años en General Ballivián y la expansión de las adicciones que afectan a niños desde los 7 años, corrieron el velo a otra situación: abusos que suceden pero no se denuncian a raíz de amenazas.
Así lo afirmó la presidenta de la Fundación Jualá de esta localidad, Laurentina Nicasio, tras la manifestación que la Comisión de Fútbol Femenino de esa entidad organizó la noche del martes último. Sostuvo que según la información que lograron relevar, con la última denuncia suman siete los casos de abusos que sucedieron en ese municipio en solo una semana.
La última situación que tiene por víctima a una chica de 14 años, sucedió el martes mismo. Como la adolescente no era encontrada salieron a buscarla. La encontraron aún en estado de shock, contó que dos hombres mayores la atacaron en una zona del casco céntrico de ese pueblo. Uno de ellos fue detenido y el otro está prófugo.
“Esta familia que denunció no es la primera vez que sufre un abuso dentro de su núcleo familiar”, relató Nicasio a Salta/12. Al ser consultada sobre las razones por las cuáles el resto de los abusos quedan sin denuncias, afirmó que tiene que ver con las amenazas que se reciben las víctimas y sus familias. Los abusos relevados en los siete días que pasaron fueron sobre niñas de entre 11 y 14 años.
“En algunos casos se trata de las mismas personas” las acusadas por estos abusos sexuales, añadió Nicasio. Detalló que uno de los casos incluso implicó que subieron a una nena a la camioneta y la atacaron sexualmente.
El legado de Octorina
Las denuncias colectivas por la violación a mujeres originarias fueron una iniciativa de la mujer wichí (como ella pedía ser reconocida), fallecida este año, Octorina Zamora, quien este fin de semana fue recordada en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se realizó en la provincia de San Luis. Allí su hija, Tujuayliya Gea Zamora, dijo que las mujeres muchas veces se sienten en soledad ante la ausencia de Octorina que “se murió con el teléfono en la mano porque su cuerpo ya no podía más”.
Los abusos condenados al silencio fueron parte de las denuncias de Octorina Zamora, quien advertía sobre el flagelo impuesto a niñas y mujeres originarias con total impunidad
Más seguridad
Entre los motivos que impulsaron la protesta del martes último en Ballivián, se encuentra lo ocurrido la semana pasada cuando se conoció la situación de un niño de 10 años que fue encontrado inconsciente en la vía pública tras haber ingerido bebidas alcohólicas.
“La marcha que se hizo ayer (por el martes a la noche), tiene que ver también con el pedido de más seguridad porque antes se hicieron denuncias y no se actuó”, sostuvo Nicasio.
La manifestación organizada por las niñas y mujeres de la Comisión de Fútbol Femenino (que contiene a personas de entre 11 y 32 años) tuvo su repercusión. Ayer en horas de la mañana, se presentaron jefes de la Policía de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín, donde está Ballivián) y se comprometieron a transmitir los pedidos al ministro de Seguridad, Abel Cornejo.
De la reunión también participó Luciana Flores, quien tiene a su cargo la oficina de Acción Social de la municipañidad de Ballivián. Afirmó que en el caso de la última denuncia de abuso, ya actuó el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán y se solicitó asistencia psicológica. Esta gestión permitirá una consulta el próximo 18 de octubre en un hospital cercano.
Al igual que Nicasio, Flores sostuvo que en la reunión con los jefes policiales se reclamaron más recursos para mejorar la seguridad en la zona. Y solicitaron que vuelva a realizarse la ronda policial que antes se hacía en la zona más céntrica del pueblo, para al menos tener un control sobre los menores de edad que se reúnen a consumir sustancias legales e ilegales en horarios nocturnos.
Flores rescató de los relatos de caciques y presidentes de las comunidades indígenas que participaron de la reunión, el hecho de que hace dos fines de semana fueron ellos quienes persiguieron a personas que suelen cruzar por las comunidades y que están sospechadas de ser quienes venden drogas, como la pasta base.
Afirmó que como resultado de las reuniones para hoy se prevé un encuentro con la Policía, funcionarios provinciales que actúan en Tartagal, referentes de las comunidades, padres y madres, y agentes municipales para hablar de la situación de las drogas.
En cuanto al reclamo contra los comercios que venden alcohol a menores de edad, la funcionaria dijo que una disposición de 2015 prohíbe la venta de bebidas etílicas y cigarrillos a este sector etáreo. Y sostuvo que ya solicitó a la intendencia que en caso de encontrar a comerciantes yendo en contra de la ordenanza “si es necesario, se debería clausurar” el local.
