Integrantes de las comunidades indígenas que habitan en los ex lotes fiscales 55 y 14 esperaban anoche la liberación de Abel Moreno, quien fue detenido anteayer en el marco de una causa en la que se investiga la destrucción de dos viviendas de familias criollas que tienen sus puestos dentro del territorio de los pueblos originarios de esa zona.
Las comunidades indígenas de estos lotes, que integran la organización Lhaka Honhat, emitieron ayer un comunicado de repudio "en forma enérgica el accionar de la justicia del estado provincial y su arbitrario y desigual proceder ante los reclamos de los atropellos que venimos teniendo en el territorio las comunidades indígenas".
Estas comunidades vienen sosteniendo un lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos sobre estos territorios de uso ancestral. En febrero de 2020 obtuvieron un fallo a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino entregar a las comunidades indígenas el título de propiedad único de 400 mil hectáreas, de un total de 643 mil hectáreas comprendidas en ese territorio ubicado en el departamento Rivadavia, en el extremo noreste de la provincia de Salta. Las restantes 243 mil hectáreas están destinadas precisamente a la reubicación de las familias criollas, y para uso público.
Para el cumplimiento de esa sentencia, hay familias criollas que tienen que reubicarse. Es el caso de las familias de Estalisnao "Chichi" Moreno (que no es pariente de Abel Moreno del Pueblo Wichí) y Teodoro "Tinti" Villagrán. Y en el caso de Villagrán, venía incumpliendo un acuerdo firmado en septiembre del año pasado.
Las comunidades afirmaron que el lugar donde se pretende instalar Villagrán está dentro del "territorio tradicional cuya propiedad ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos" y destacaron que a pesar de esos antecedentes "se detuvo a un indígena —Abel Moreno— que defendió su territorio tradicional frente a los intentos de usurpación".
Las comunidades recordaron en su comunicado que el 4 de julio del 2021 el cacique Duarte Moreno (padre de Abel Moreno), de la comunidad de Misión El Cañaveral 2, "denunció a Teodoro Villagrán (ex convicto por homicidio que salió de la cárcel hace dos años con libertad condicional) por instalarse en tierras de las comunidades construyendo alambrados". Esa denuncia derivó a una mediación en la que Villagrán "se comprometió, en septiembre 2021, a levantar los alambrados que cerraban la laguna en territorio comunitario y retirarse".
Incluso el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz, "se comprometió, en la Mesa de Gestión de Tierra, a involucrar a la fuerza Policial para que supervise el cumplimiento de lo acordado en la mediación. A pesar de ello, el intruso (Villagrán) construyó una casa y un alambrado para intentar impedir que las comunidades accedan a una aguada y algarrobales".
El puesto de Villagrán colinda con El Cañaveral 2 y es vecino también del de Estanislao Moreno, que es o era agente sanitario en Santa Victoria Este y que cumple una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ambos puestos están en el lote 55, sobre la ruta provincial 54, tres kilómetros adentro de esa ruta.
Cuando Villagrán comenzó a cortar madera y a alambrar, el cacique Duarte Moreno denunció esta actividad, porque en ese territorio no deben instalarse alambres. Tras llegar al acuerdo, en el que Villagrán pidió 30 días para retirarse, las comunidades siguieron esperando que cesaran las obras, pero por el contrario, continuaron e incluso el puestero cerró una laguna de uso comunitario, informaron pobladores de Santa Victoria Este.
Tras más de un año de espera, la paciencia de las comunidades se agotó. Y aún más en el caso de Moreno, porque sostienen que la vivienda era usada para el tráfico de estupefacientes y que se está afectando a jóvenes y adolescentes del lugar, que o son usados para el transporte de sustancias prohibidas o son tentados para el consumo.
En estas condiciones se llegó al 1 de octubre, cuando habitantes indígenas destruyeron las viviendas de ambos puestos. Solo Abel Moreno fue identificado y el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, ordenó su búsqueda y detención, que se cumplió el 11 de octubre, víspera del Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Ayer el joven fue sometido a la audiencia de control de legalidad de la detención ante el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal y luego se realizó la audiencia de imputación, el fiscal lo acusó por daño e incendio intencional.
Tras este trámite el fiscal se reunió con la coordinadora de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, Cristina Pérez. Según trascendió, le informó que Abel Moreno iba a ser devuelto a Santa Victoria Este e iba a ser liberado ni bien llegara. Efectivamente, el joven fue trasladado a la Subcomisaría de ese pueblo cabecera del departamento Rivadavia, pero hasta pasadas las 22 de anoche seguía detenido, para desazón y enojo de los habitantes originarios.
"Denuncias por Tala ilegal de nuestros montes, instalación de nuevos alambrados, asentamiento de intrusos, siempre fueron desestimadas por la Fiscalía con sede en la fronteriza localidad de Salvador Maza, pero en este caso una denuncia de un poblador involucrado en causas de narcotráfico es atendida con mucha celeridad y se detiene a un integrante de nuestras comunidades, esto nos llama la atención", afirmaron las comunidades. Y pidieron que "en forma urgente liberen al hermano Abel Moreno (hijo del Cacique Duarte Moreno) ya que la defensa de Nuestro Territorio NO es un delito, y que se desestimen las denuncias de todos aquellos que intentan quitarnos parte de nuestro territorio tradicional".
La presencia de narcos y las conexiones
"El caso de Estanislao Moreno (Chichi), quien tiene una condena en suspenso por lavado de activos de narcotráfico, y alguno de sus familiares también denota la inacción judicial", aseguraron las comunidades en su comunicado. Recordaron que su hijo, Ramón Abel Moreno, se encuentra prófugo de la justicia acusado por narcotráfico y "construyó una casa en territorio comunitario que ha servido de refugio para sus actividades. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Ejecutora Provincial (encargada de la regularización dominial de los ex lotes 14 y 55) para que actuara ante estas irregularidades", informaron.
Estanislao Moreno fue condenado en abril último, por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, a tres años de prisión condicional y al pago de una multa de 250 mil pesos además del decomiso de una camioneta Toyota Hillux, por el delito de lavado de activos, por haber ayudado a su hijo Ramón Abel Moreno, calificado por la justicia federal como líder de una organización narcocriminal, a simular que adquiría bienes con fondos lícitos.
En la investigación se determinó que Estanislao Moreno tenía registrados bienes a su nombre, entre ellos la camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas Honda Tornado y otras dos marca Gilera, que no se correspondían con su poder adquisitivo. También se acreditó que su hijo Ramón Abel Moreno lideraba una organización criminal que ingresaba estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia a través de los pasos fronterizos no habilitados ubicados en Santa Victoria Este. En agosto de 2021 fueron detenidas tres personas integrantes de esta banda, con 19 kilos de cocaína. Pero Ramón Abel Moreno está prófugo.
Integrantes de las comunidades indígenas afirman que el puesto de Estanislao Moreno funciona como "refugio narco", y no quieren que sigan con esta actividad en su territorio, este rechazo se extiende a otros pobladores identificados por su vinculación al narcotráfico que las comunidades quieren fuera de su territorio.
La familia Moreno tiene otras conexiones con el tráfico de drogas ilícitas. Estanislao también es padre de Lino Ademar Moreno, condenado en 2010 en calidad de autor material, junto a Aníbal Tárraga, Casimiro Torres y María Gabriela Aparicio, del asesinato de la pequeña productora rural Liliana Ledesma, cometido en 2006 en Salvador Mazza y por cuyo hecho están acusados, en calidad de autores intelectuales, los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo "Ula" Castedo, integrantes del Clan Castedo que ahora mismo está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, por asociación ilícita y lavado de activos. Ayer la fiscalía comenzó su alegato acusatorio.
