Desde Santa Fe
La comisión bicameral de Acuerdos rechazó in límine y por unanimidad la recusación de la fiscal Cristina Ferraro a su acusador en la Legislatura: el diputado peronista Leandro Busatto y la volvió a citar el miércoles 19, a las 9.15, para que se defienda en el proceso disciplinario que se le inició tras ser procesada en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El primer cargo es porque Ferraro “autorizó ilegítimamente la desaparición” un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos de la agencia de turismo de Hugo Oldani -horas después del homicidio del empresario- y el segundo por “desviar la investigación” del destino del dinero, según el juez Carlos Villafuerte Ruzo que la procesó. Ferraro debía comparecer el 12 de octubre ante la bicameral, pero el día anterior recusó a Busatto, pidió que se suspenda la audiencia del miércoles y anunció que no asistiría en “protesta” por una supuesta “manipulación política” de la que se consideró “objeto”. Luego del descargo de Busatto, la comisión resolvió por unanimidad “rechazar in límine los planteos y la solicitud” de Ferraro por “improcedentes” y la citó por segunda vez el miércoles 19, para “ser oída” por los legisladores. La comisión informó a la fiscal que un nuevo faltazo “no obstaculizará” la continuidad del sumario, pero le aclaró que también tiene la “posibilidad de presentar su descargo por escrito”.
El proceso disciplinario a Ferraro se inició hace cinco meses. Lo pidió Busatto el 8 de junio, al día siguiente que el juez Villafuerte Ruzo procesara a la fiscal por presunto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad” en una causa que investiga el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos del negocio de Oldani. El 22 de junio, la comisión de Acuerdos abrió la investigación y designó acusador al propio denunciante y jefe del bloque peronista. El 12 de setiembre, Busatto formalizó la acusación y solicitó la máxima sanción para la fiscal, que es su “remoción” del cargo y la “inhabilitación” por diez años en el Ministerio Público.
La defensa de Ferraro propuso como testigo en el proceso al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien declaró ante la comisión de Acuerdos el 13 de setiembre, pero se negó a responder preguntas sobre la causa penal en la que está procesada Ferraro en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe. Esa investigación se inició precisamente por una denuncia de Sain, el 1º de junio de 2020, y en la que el fiscal federal ya solicitó el juicio oral a diez imputados por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, entre ellos la hija Oldani y una empleada de la empresa.
El miércoles último, la comisión de Acuerdos había citado a Ferraro para que se defendiera, pero el martes presentó un escrito en el que recusó a Busatto y anunció que no asistiría a la audiencia en “protesta” por una presunta “manipulación política” de la que se considera “objeto”. El argumento que planteó para solicitar el “apartamiento” de su “acusador” es la “inocultable cercanía y afinidad política” de Busatto con el ex ministro Sain. “A punto tal que fue el diputado Busatto quien promovió las presentes actuaciones ni bien se hizo público mi procesamiento”.
En su descargo, Busatto le retrucó: “Es llamativo que la fiscal se sienta agraviada” porque él “anotició a la Legislatura que ella había sido procesada por los delitos de encubrimiento e incumplimento de deberes de funcionaria pública, circunstancia, que lejos de configurar un actuar reprochable de mi parte, constituyó el legítimo ejercicio de mi función de legislador provincial”.
“La fiscal Ferraro incurre en la grave confusión de entender que mi rol de acusador puede comprometer su garantía a ser juzgada de manera imparcial, cuando es sabido que la facultad de decidir en este trámite no recae” en el legislador, sino en la sesión conjunta de ambas Cámaras que está integrada por 50 diputados y 19 senadores.
Por lo tanto –advirtió Busatto- está claro “de manera inequívoca, que la fiscal sólo persigue la caducidad del proceso, a través de articulaciones manifiestamente dilatorias que deben ser rechazadas en ‘in límine” por la comisión. Y fue lo que ocurrió. El mismo 12 de octubre –el día de la audiencia fallida-, la bicameral de Acuerdos rechazó el planteo de Ferraro por unanimidad y la volvió a citar por segunda vez, el miércoles 19, a las 9.15, en la Legislatura para “comparecer y ser oída” en el “procedimiento que se sustancia en su contra”. Eso sí, le aclaró que su ausencia “no obstaculizará la prosecución de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar su descargo por escrito”.
