El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín condenó ayer por delitos de lesa humanidad cometidos el 29 de marzo de 1976 a cuatro militares retirados del Ejército y a dos exmiembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La sentencia, que también incluyó una absolución, fue por los asesinatos y/o secuestros de 15 personas que ambas fuerzas protagonizaron en la quinta “La Pastoril”, en la localidad bonaerense de Moreno, donde días después del golpe de Estado mantenían una reunión la cúpula del PRT-ERP con dirigentes de organizaciones hermanas del Cono Sur.
El tribunal que integran Matías Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín condenó a prisión perpetua a Juan Carlos Jöcker (segundo jefe de la Compañía de Ingenieros 10 “Pablo Podestá”), al cabo primero Juan Manuel Giraud (jefe de un grupo de tiradores de la sección contrasubversión de esa misma compañía), al capitán Eduardo Sakamoto (segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601, de Campo de Mayo) y al teniente primero Héctor Alberto Raffo (jefe de comando y servicios de esa unidad). Los ex policías bonaerenses Julio Alejandro Pérez y Juan José Ruíz, destinados en la Comisaría 1ª de Moreno, recibieron penas de 19 y 20 años de prisión respectivamente. El absuelto es el ex cabo primero Carlos Alberto Guardiola.
El tribunal, que dará a conocer los fundamentos del fallo el 30 de noviembre, le encomendó al Cuerpo Médico Forense que actualice los informes sobre eventuales patologías de los condenados que no puedan ser tratadas en establecimientos penitenciarios, para evaluar la revocación de las prisiones domiciliarias. También ordenó que se investiguen los delitos contra niños y niños que estaban ese día en la quinta de Moreno, así como de otras víctimas que surgieron durante el debate.
Al finalizar la lectura del veredicto, en declaraciones al portal La Retaguardia, el abogado querellante Pablo Llonto destacó al TOF-5 de San Martín como “un tribunal que en esta y en anteriores sentencias viene confirmando su seriedad en el trabajo”. “Creo que los familiares se van conformes, con una sentencia que tiene cuatro perpetuas y otras penas de 19 y 20 años”, evaluó. “Creo que llegó 46 años después, en uno de los primeros hechos de la dictadura, la confirmación de que a cinco días del golpe esto era un plan de exterminio”, reflexionó Llonto, quien resaltó la importancia de la “revisión física y mental a los imputados para ver si se puede revocar la domiciliaria”.
Por la mañana, en la etapa destinada a las “últimas palabras” de los acusados, sólo Guardiola y Giraud hicieron uso de ese derecho para declararse inocentes. El primero, que estuvo en actividad hasta 2002 y que resultaría absuelto, afirmó que “durante el proceso se pudo comprobar que no participé de lo que me acusan” y pidió “que me absuelvan porque quiero estar en mi casa junto a mi familia, porque no cometí ningún delito”. Giraud admitió haber estado en el operativo, dijo que como suboficial subalterno “cuidaba a los soldados que tenía” bajo su mando y que “solo estuvimos en posición de resguardo a unos 150 o 200 metros de esa casa”. “Luego, por una orden de nuestro jefe de sección y pasado un tiempo hicimos un rastrillaje a unos 200 metros del lugar para ver si podíamos encontrar armas. Sólo vimos una bicicleta o rueda oxidada entre los arbustos que cubrían esa casa”, apuntó. “Nunca entendimos lo que había pasado”, afirmó, y añadió que se enteró de los hechos recién cuando lo detuvieron. “Señores jueces, les digo que soy inocente y en este momento de aflicción solo le pido a Dios que ilumine al alto tribunal para que sea justicia. Amén”, concluyó.
En el juicio que concluyó ayer se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía Bonaerense contra integrantes de la cúpula del PRT-ERP y miembros de otras organizaciones del Cono Sur, como el MIR de Chile y Tupamaros, de Uruguay, que se habían reunido el 28 de marzo de 1976 en “La Pastoril” para analizar la situación política de la Argentina y la región. Al día siguiente, apenas cinco días después del golpe de Estado, militares y policías entraron a tiros a la quinta y asesinaron allí mismo a María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez. Otros tres militantes (Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez) fueron asesinados mientras intentaban escapar en un vehículo que fue interceptado por los agentes de la dictadura. En el auto viajaba un niño de siete años, Eduardo Garbarino Pico, quien logró sobrevivir pero fue privado de su libertad. Otras siete personas fueron secuestradas durante el operativo y llevadas a distintos centros clandestinos de detención y tortura: Rodolfo Ortiz, Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal, Carlos Guillermo Gerónimo Elena, Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault. Varios de los militantes que participaban de la reunión, incluidos Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, no fueron alcanzados y lograron escapar.
