Con las principales objeciones opositoras puestas sobre la mesa, la discusión en torno al Presupuesto 2023 entró en la recta final. Luego de semanas de exposiciones informativas y de reuniones informales que anticipaban un acompañamiento condicionado --nadie en Juntos por el Cambio quería asegurarlo oficialmente, pero desde un principio la mayoría reaccionó favorablemente--, las principales espadas de la coalición opositora le pusieron nombre a los cambios que definirán su acompañamiento. Los pedidos de modificaciones, realizados durante la reunión de comisión, giraron en torno al establecimiento de una "cláusula gatillo" en el caso de que la inflación supere la proyección del 60 por ciento, un congelamiento de la planta de empleados públicos, la eliminación de la facultad del Ejecutivo a aumentar retenciones, entre otros. El clima del encuentro fue inusualmente armonioso, con más de un comentario elogioso de parte de "halcones" de JxC hacia el Frente de Todos. 

En una sala semi vacía del Anexo de la Cámara de Diputados, la comisión de Presupuesto retomó el debate del plan de cuentas nacionales. Después de algunas discusiones en torno al cronograma, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, terminó definiendo con el resto de les jefes de bloque que el jueves y el martes próximo se avanzaría en la discusión entre legisladores -ya sin presencia de funcionaries-- y que el miércoles o jueves se emitiría dictamen. Todo con la idea de sesionar el 26 de octubre. El FdT estaba ansioso por comenzar a tratar los pliegos de demandas de la oposición, con la expectativa de poder avanzar sobre lo concreto --y no sobre trascendidos mediáticos-- con tiempo y asegurarse así, con certeza, que el día de la sesión no habría sorpresas como las del año pasado.

Los encargados de oficiar como voceros del pliego de exigencias de JxC fueron las espadas económicas de la UCR, Hugo Romero, y del PRO, Luciano Laspina. Aunque la voz cantante la llevó Laspina, quien no ahorró elogios al oficialismo por su decisión de avanzar en un ahorro del gasto público en el proyecto. "Yo celebro que el kirchnerismo haya retomado el camino del equilibrio fiscal, que haya un reconocimiento explícito de que este nivel de gasto es insostenible y que hay que empezar a corregirlo. Le están haciendo un gran favor a la Argentina", sostuvo, como un caramelo envenenado, quien encabeza el equipo económico de Patricia Bullrich. Casi le faltó aplaudir, un gesto que no le pasó desapercibido a varias legisladoras de la izquierda y algunos del oficialismo que miran con recelo el Presupuesto de ajuste que diseñó Sergio Massa de acuerdo a las pautas del acuerdo con el FMI. 

Al momento del punteo de demandas, sin embargo, Laspina se puso serio. "Nosotros queremos que el gobierno tenga la herramienta del Presupuesto, pero como oposición necesitamos garantías de que, si la gente nos vuelve a elegir, no se le deje una bomba de tiempo fiscal al próximo gobierno", advirtió, ya calzándose el traje de futuro ministro de Economía. Tal como había adelantado Página 12, el principal reclamo tiene que ver con incluir una suerte de "cláusula gatillo" que --basándose en la premisa de que la proyección del 60 por ciento de inflación se quedará corta-- obliga al Ejecutivo a enviar una ampliación del Presupuesto a mitad del año que viene si la recaudación superase lo previsto. Con esto JxC espera evitar que el oficialismo pueda echarle mano a los recursos sobrantes en medio de un año electoral a través de un simple decreto. Massa ya había anticipado, durante su informe en Pasos Perdidos, que analizaría la propuesta y desde el FdT no descartan avanzar en algo similar. "Hay que ir con cuidado porque está el riesgo de caer en un shutdown si después nos lo llegaran a votar en contra", advirtió un legislador oficialista.

Luego, ya más las apuradas (habló durante más de media hora), Laspina mencionó el resto del punteo de demandas: incluir en el Presupuesto el decreto de Alberto Fernández que congela la planta del personal de todos los niveles del Estado, de modo de que no pueda haber nuevas contrataciones durante todo el 2023; modificar el artículo 96, que delega facultades en el Poder Ejecutivo para aumentar retenciones; discutir por separado el blanqueo de capitales para la compra de inmuebles usados; y modificar el artículo 90, que refiere a las deudas de las provincias con Cammesa (distribuidora mayorista del mercado de energía). Este último punto había sido señalado previamente por Romero, quien admitió que era "un tema a solucionar" pero que no podía resolverse la deuda que las empresas eléctricas (provinciales) tenían con Cammesa quitándoles puntos de coparticipación a las provincias que estaban endeudadas. Este reclamo es compartido por varios bloques provinciales --muchos de ellos aliados del gobierno nacional, como el de Río Negro y Misiones--, por lo que se espera que el oficialismo lo analice.

Hubo, además, cuestionamientos por el recorte del 12 por ciento a las universidades nacionales, tanto de parte de JxC como de la izquierda y del propio FdT. El oficialismo, en efecto, sumó sus propios reclamos (provenientes, fundamentalmente, de legisladores que representan la provincia de Santa Fe). Marco Cleri, por ejemplo, solicitó un incremento del monto del Fondo de Emergencia Social para las ciudades de Rosario y Santa Fe, haciendo especial hincapié en la crisis de inseguridad que se vive en la provincia. Cleri es diputado de La Cámpora y, en el marco de las especulaciones sobre qué postura adoptará la organización que lidera Máximo Kirchner frente a la aprobación del Presupuesto, su pedido da cuenta de las negociaciones internas que ya comenzaron. Un caso muy claro es el del Frente Patria Grande, quien no verbalizó en la comisión sus pedidos --vinculados a nuevas partidas en áreas como Educación y Desarrollo Social, así como el bono para indigentes -, pero que está conversando por separado con Economía. 

Las negociaciones ya están en marcha y, más allá de las advertencias rimbombantes -de parte de JxC- o los silencios elocuentes --de parte de La Cámpora--, en casi todos los sectores predomina el ánimo de no obstaculizar la aprobación del Presupuesto 2023.