Adriana Reisfeld y Diana Wassner llevan muchos años declarando ante los tribunales. Más años aún llevan persiguiendo justicia por sus seres queridos que fueron asesinados en el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994. Esta vez, ante la falta de respuestas en el país, las dos mujeres –referentes de la agrupación Memoria Activa– llevaron su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), a la que le pidieron que condene al Estado argentino por no haber prevenido ni investigado el atentado y más aún por haber consentido que se encubriera a los responsables. “El Estado tiene la obligación de brindarnos verdad y justicia”, reclamó Wassner.

“La vida cambió para siempre después de un atentado con 85 muertos. Una de ellos era mi hermana Noemí”, arrancó su exposición Adriana Reisfeld, titular de Memoria Activa, ante los jueces de la Corte-IDH que se reunieron en Uruguay. A ellos les contó que Noemí era trabajadora social, tenía 36 años y dos hijas –una de nueve años y otra de doce–. Noemí se había ido del país a los 17 años, escapando de la dictadura, y volvió en 1983. Su vida no había sido fácil. Estaba separada y criaba a las dos chicas. Pero, en 1994, sentía que había logrado estabilizarse: estaba contenta con su trabajo en la AMIA y con unos grupos de adultos mayores que había formado y a los que ayudaba. A Adriana le había dicho que creía que ése sería su año.

“Todo impactó e implosionó en nuestras vidas”, dice, su turno, Diana Wassner al referirse al día del atentado. “Veintiocho años después sigue impactando y por eso estoy aquí”. Ella estaba casada con Andrés Gustavo Malamud, el arquitecto de 37 años que estaba a cargo de las refacciones del edificio de Pasteur. Los dos tenían dos hijitas –una de cinco y otra de dos–. La más chica –relató la madre– solía contar que en el colegio le preguntaban cómo se sentía los días del padre y que ella respondía que no sabía porque no tenía ningún recuerdo de su padre.

Desde hace 28 años, Adriana y Diana están en la calle. Adriana, que tenía 38 años entonces, nunca había pisado un juzgado. En estas casi tres décadas, recorrieron los tribunales y las fiscalías sin encontrar respuestas. Durante diez años, estuvieron todos los lunes a las 9.53 en Plaza Lavalle para reclamar justicia, pero no la encontraron. Ahora, ni siquiera le conocen la cara al fiscal que está a cargo de la investigación en la UFI-AMIA.

Lo que sí conocieron fueron las amenazas o los autos de la Policía Federal que las seguían porque supuestamente estaban para “protegerlas” pero sin haberles avisado. También que la televisión hablaba de que en la AMIA había muerto “gente inocente y, por otra parte, judíos” o que el juez que debía investigar la causa, en realidad, mandaba a juicio a gente que no había tenido que ver con la bomba a la mutual. Además, recordaron que por el atentado no hay un solo preso y que ni siquiera están firmes las condenas que se dictaron en 2019 –25 años después del ataque– en la causa del encubrimiento.

“Yo siempre pensé que no era víctima, que Andrés era la víctima”, contó Diana. “Con los años aprendimos que también nosotras somos víctimas”, apuntó Adriana. “Somos las víctimas de la injusticia”, completó.

Durante la audiencia, la representación del Estado argentino volvió a reconocer su responsabilidad en todos los puntos que desde 1999 reclama Memoria Activa en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por lo que se espera que la Corte-IDH emita una condena en los próximos meses. Sin embargo, para las referentes de la agrupación las palabras oficiales tuvieron sabor a poco. “La causa AMIA se merecía que esté el ministro o el viceministro”, protestó Reisfeld ante la ausencia de Martín Soria o de Juan Martín Mena.

Este viernes, declararán tres peritos. Después será el tiempo de los alegatos. “Yo siento que cumplí una misión y que llegó el momento de soltar”, les confesó Diana a los jueces. “Ésta es la última instancia que tenemos. No hay nada más después de esto para nosotros, dónde pelear, dónde pedir ni reclamar nada. Se acaba acá”.