El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, será investigado por el juez federal Sebastián Ramos en la causa que investiga presuntas irregularidades e incumplimientos en la organización de la fiesta electrónica Time Warp que tuvo lugar el 15 de abril de 2016 en Costa Salguero, donde murieron cinco personas de entre 21 y 25 años por abuso de consumo de drogas y hubo decenas de heridos.
La designación del juez que investigará los sucesos que pudieron haber conducido a la tragedia estuvo a cargo de la Corte Suprema, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal resolvió un "conflicto negativo de competencia" entre el juzgado federal porteño y el juez de instrucción porteño Mariano Iturralde, y dejó el expediente en los tribunales de Comodoro Py 2002. La decisión venía demorada desde 2018, cuando el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal se había pronunciado por ordenarle a Ramos que profundizara la investigación inicial y sólo entonces resolver qué juez era el competente.
El hecho central de la Time Warp, los fallecimientos de los cinco jóvenes asistentes, ya tiene una causa judicial, que tramitó originalmente ante el juez Sebastián Casanello y hoy está en manos de María Eugenia Capuchetti.
Fiesta Time Warp en Buenos Aires: por qué se lo investiga a Horacio Rodríguez Larreta
Horacio Rodríguez Larreta y el entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Matías Álvarez Dorrego, fueron denunciados por supuesta "inobservancia de sus deberes de control y fiscalización" del evento de origen alemán que tuvo lugar en CABA hace seis años.
De acuerdo con la denuncia presentada por el legislador por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Patricio Del Corro, los funcionarios porteños habrían actuado en “connivencia con los organizadores de la fiesta”, en la que se registraron cinco jóvenes fallecidos por presunto abuso en el consumo de estupefacientes.
Asimismo, sostiene que “al no ejercer los debidos controles, hicieron posible la sobreventa de entradas, la falta de adecuada ventilación, la interrupción del suministro de agua corriente, la venta de agua embotellada a precios excesivos y la negligente prestación de servicios médicos de emergencia".
La denuncia incluía también presuntas "irregularidades en la concesión de los diferentes espacios que conforman el centro Costa Salguero".
Esta semana, en coincidencia con el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, la mayoría de la Corte concluyó que el caso debía proseguir en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, quien antes había rechazado intervenir por considerar que se trataba de una imputación contra autoridades locales.
