"La brutal persecución policial de dos jóvenes sobre un auto, a los que llenaron de plomo, no es como algunos intentan plantear, fruto de un clima de época. Es la forma en que la policía se ha venido manejando en los últimos tiempos en la provincia". La frase del diputado Héctor Cavallero viene acompañada por un listado completo de casi 200 causas por apremios ilegales que cometiera La Santafesina, y que luego de un proyecto de diputados opositores no pasarán al archivo. Todas pertenecen al sistema conclusional, solo en las cinco jurisdicciones más grandes: Rosario, Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución y San Jorge. Estas incluyen a funcionarios públicos que no son necesariamente policías y suman un centenar de causas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, 44 por cohecho, peculado, evasión y malversación, tres por abuso de autoridad y dos por homicidio.
"Estos números demuestran que la actitud de la policía ha sido más que preocupante y delicada. Y sería bueno de paso aclarar un concepto porque por ahí la gente tiende a pensar que todas estas causas sobre hechos policiales se deben a un clima general que viene de arriba hacia abajo, desde la nación hacia abajo y que dice que las fuerzas de seguridad tienen cada vez más vía libre para practicar el autoritarismo y para cometer delitos de violencia institucional, que no deberían de tener cabida en democracia".
"Los números son fríos -dice Cavallero- pero también demostrativos de la situación que se plantea en la justicia y la seguridad provincial: hay demasiados funcionarios involucrados, tantos como el tiempo que deja pasar la justicia para abordar estas denuncias que efectuan los ciudadanos en defensa de sus derechos, tratando de frenar los avances de la corrupción y la inseguridad".
Todas estas causas, que provocan la preocupación de legisladores opositores, seguirán -en teoría- siendo investigadas, porque fueron impulsadas por el interés públicos de las mismas. Pero el sistema conclusional tiene un destino un tanto complejo. Es que el 22 de junio la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley del sistema conclusional, que prevé el traspaso de las causas y de los recursos del anterior sistema penal al nuevo, que está en vigencia desde febrero de 2014. La iniciativa contó con la abstención del Bloque del Frente Social y Popular, integrado por Carlos Del Frade y Mercedes Meier, del bloque del Frente Justicialista para la Victoria que conforman Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Germán Baccarella, Patricia Chialvo y Roberto Mirabella; y del bloque Igualdad y Participación, de Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani.
Cabe recordar que el 10 de febrero de 2014 se puso en marcha el nuevo sistema con la implementación del nuevo código, mientras que tres años después se venció el plazo establecido para que se hayan tramitado y finalizados los procesos de todas las causas del viejo sistema. Como no se llegó en tiempo y forma el Ejecutivo dio una prórroga por seis meses, que se cumplirán el próximo 9 de agosto.
La norma que recibió media sanción el 22 de junio tiene dos grandes ejes: el traspaso de todas las causas, unificando en la figura del fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, la persecución criminal en la provincia; y el otro eje es el traspaso de todos los recursos humanos que estaban atendiendo tareas en el viejo sistema.
"Lo que más nos preocupa -dice Cavallero- es que un número importante de las causas impulsadas para evitar ser cerradas, fueron activadas sobre el filo de su archivo: el 76 por ciento de las causas de Santa Fe capital y el 60 por ciento de las de Rosario".
El legislador remarcó además que " mientras en Capital los involucrados son en su mayoría funcionarios civiles y policiales que evaden sus deberes o tratan de obtener beneficios de manera ilegal, en Rosario es altamente superior el número de causas que involucran a policías tanto de manera individual como en grupos". Sobre este último punto el diputado advirtió que " hay un millar de personas denunciadas bajo investigación penal en Rosario, muchos de los cuales se encuentran en disponibilidad, detenidos o en tareas administrativas, lo representan una cantidad similar al número de efectivos incorporados durante el último año".
De paso Cavallero planteó que pretendía saber "cuál es el protocolo que debe seguir la policía para el caso de una persecución policial como la que protagonizó la fuerza días atrás y que termino con el asesinato de dos personas, David Campos y Emanuel Medina a los que llenaron de plomo".
