Desde Río de Janeiro

En la tarde del miércoles se anunció formalmente que Marcelo Odebrecht, heredero y presidente del gigante de la construcción, firmó su “acuerdo de delación premiada”. Además de él, quien se encuentra detenido desde junio del año pasado, otros 77 altos ejecutivos del grupo, que controla la que es la mayor constructora de América latina, también empezaron a firmar acuerdos semejantes. A cambio de contar todo lo que saben del esquema de corrupción existente no sólo en la estatal de petróleo Petrobras, sino también en otras obras públicas que consumieron miles de millones de dólares, podrán tener sus condenas reducidas.
Las negociaciones entre detenidos, fiscales federales y Policía Federal suelen ser largas, tensas e intrincadas, antes de que se llegue a la firma con el Ministerio Público. En ese trámite, ya se sabe que tanto Marcelo Odebrecht como sus antiguos directores mencionaron los nombres de por lo menos 130 diputados, senadores, ministros, además de otros veinte gobernadores o ex gobernadores. 
Corren rumores, en Brasilia, de que el número total podrá acercarse y hasta superar la marca de los 200. Además, ya se sabe que las denuncias no se refieren solamente a los gobiernos del PT, con Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), sino que retroceden al año 2000, cuando la presidencia era ocupada por Fernando Henrique Cardoso, uno de los mentores e impulsores del golpe institucional que destituyó a la mandataria electa por 54 millones de votos.
Entre los nombres mencionados están los del actual presidente de la República, Michel Temer, de al menos tres de sus principales ministros (Eliseu Padilha, de la Jefatura de Gabinete; José Serra, de Relaciones Exteriores, y Geddel Vieira Lima, secretario de Gobierno) y de otros políticos de importancia clave para el actual gobierno. De hecho, las delaciones alcanzan, con el poder destructivo de una bomba, el corazón del actual sistema político brasileño.
El paso siguiente será la homologación, por el Supremo Tribunal Federal, de los acuerdos. Para llegar a esto, se examinarán todos los términos de los acuerdos alcanzados, se verificará su veracidad y serán pedidas pruebas de lo que consta en las declaraciones. 
Lo que se sabe hasta ahora ha sido filtrado a los medios de comunicación, una práctica ilegal pero de largo uso cuando los mencionados eran nombres de peso del PT y sus antiguos aliados. Ahora les toca a los del gobierno nacido a raíz del golpe institucional probar del mismo veneno antes destinado exclusivamente al PT de Lula da Silva, lo que provoca sacudones de pánico en Michel Temer, sus acólitos y sus paniaguados.
Tan pronto se supo de la noticia empezaron a circular, en Brasilia, rumores con buena base de credibilidad, indicando que parte de lo negociado podrá implicar penas más suaves para algunos figurazos del actual gobierno. El daño moral y sus consecuencias, sin embargo, serán inevitables.
Acosado por pésimas noticias del área económica –en 2016 todos los indicadores fueron revisados para peor, e igualmente retrocedieron las proyecciones para 2017–, enfrentando fuerte resistencia en determinados nichos de la opinión pública (hay más de mil secundarias públicas y un nutrido número de universidades nacionales ocupadas por estudiantes), sin haber alcanzado siquiera vestigios de la tan ansiada legitimidad, Michel Temer se ve cada vez más acorralado.
Sigue discurseando por doquier, como si fuese otra la realidad vivida por el país y por su gobierno. Pero es nítido su creciente aislamiento y la evidente falta de estatura para conducir Brasil en un momento especialmente tenso y nebuloso.
La más reciente muestra de que Temer carece de condiciones para diluir el cerco que se aprieta cada vez más surgió, el pasado viernes 18, dentro de su propio gobierno. En aquella ocasión Marcelo Calero, un diplomático joven y poco expresivo, abandonó intempestivamente el Ministerio de Cultura. Para justificar su abrupta renuncia, centró sus cañones contra Geddel Vieira Lima, que desde hace un cuarto de siglo es íntimo amigo de Temer y uno de sus tres brazos derechos (los otros dos son Eliseu Padilha, el jefe de Gabinete, y Moreira Franco, encargado del multimillonario programa de privatizaciones). 
De forma convincente, gracias principalmente a los métodos de Geddel Vieira, Calero lo acusó de haber intentado intervenir en una decisión del Instituto de Patrimonio Histórico, órgano del Ministerio de Cultura, que impedía la construcción de una torre de 30 pisos en un área de protección patrimonial en Salvador, Bahía. Argumentando haber comprado un piso en el edificio cuya construcción fue embargada, Geddel Vieira amenazó con recurrir directamente a Temer, en caso de que el entonces ministro de Cultura no admitiera revertir la decisión. Frente al escándalo desatado, Temer hizo exactamente lo que se podría esperar de él: saltó en defensa de su viejo compinche.
Pasados tres días ya se sabe que Geddel Vieira compró no uno, sino tres departamentos en el edificio cuya construcción fue embargada.Como una especie de isla cercada por escándalos y denuncias por todos los lados, Temer sigue discurseando como si nada.
Mientras, el país sigue a paso firme rumbo al fin del mundo. ¿Hasta cuándo?